Análisis: La trampa del cerco diplomático

No hay forma de disimular que la estrategia del cerco diplomático fracasó y que sus acciones han aislado a Colombia. Durante estos tres años, el gobierno dejó en manos del Centro Democrático decisiones clave de la política exterior que terminaron en un preocupante abandono de una tradición sostenida por gobiernos colombianos de diversos orígenes y reivindicaciones ideológicas, en especial con Venezuela y otros vecinos.

Entre el conjunto de medidas inspiradas en el cerco diplomático se encuentran la apuesta por Juan Guaidó para que empujara la transición venezolana, el expresar pública y sistemáticamente que la única salida es un golpe de Estado y el apoyo irrestricto a las sanciones por parte de Estados Unidos. Esto incluye el gesto inédito de pedirle al Departamento de Estado que incluya a Venezuela como promotor del terrorismo. Como si eso fuera poco, ahora el presidente Iván Duque opta por afirmar que Nicolás Maduro buscará incidir en las elecciones en Colombia para el proceso de 2022.

En entrevista publicada por El Espectador, originada en la Hora de Acero en Telecafé, Duque se defiende afirmando que Juan Manuel Santos rompió las relaciones diplomáticas con Venezuela, lo cual es parcialmente cierto, pero debe ser puesto en contexto. Si bien Santos decidió el retorno del embajador colombiano, Ricardo Lozano, cuando el oficialismo tomó la sorpresiva decisión de convocar a una Asamblea Nacional Constituye y cesar de facto la Asamblea Nacional (Congreso) bajo control de mayoría opositora, por decisión de la actual administración colombiana se cerraron 15 consulados que permanecieron abiertos a pesar de la crisis binacional.

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Duque quebrantó una tradición sostenida durante décadas de no enlodar la diplomacia con controversias ideológicas internas. Por eso y con el apoyo de los sectores más radicales del partido de gobierno, el gobierno colombiano ha sostenido la idea de que cualquier canal de comunicación con el oficialismo venezolano es un acto de condescendencia con un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos.

Esta ideologización ha llevado al maltrato de la relación con Cuba, Ecuador, Estados Unidos y Rusia a través de una baraja de decisiones que van desde la expulsión de diplomáticos por supuesto espionaje, hasta el involucramiento personal del actual fiscal general en un proceso en contra del entonces candidato progresista ecuatoriano Andrés Arauz plagado de contradicciones y armado a las carreras.

A esta serie de infortunios hay que añadir el apoyo del partido de gobierno a la reelección de Donald Trump, un gesto costoso del que aún Colombia no se ha repuesto por más de que el gobierno se apresure en diagnosticar una relación en perfecto estado de salud con Washington. Con Santos se había alcanzado un nivel de profundización materializado en las reuniones de alto nivel en las que varios sectores colombianos participaron del acercamiento y donde se destaca el apoyo efusivo de Barack Obama al proceso de paz. Ese escenario es cosa del pasado. Nadie en el gobierno actual rectificó las posiciones irresponsables de legisladores del Centro Democrático que vaticinaban la llegada del “castrochavismo” a la Casa Blanca en caso del triunfo de Joe Biden.

El cerco diplomático, como centro de la estrategia exterior, ha arrastrado consigo la congelación de espacios regionales que son vitales para Colombia como en el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac, heredera del Grupo de Río), el desmonte de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y su reemplazo por Prosur y Grupo de Lima. La primera iniciada en el gobierno Santos en la posesión de Pedro Pablo Kuczynski en el Perú y la segunda montada sobre la marcha para afianzar lazos con gobiernos conservadores.

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Esas administraciones han pasado sin un asomo de interés por los temas regionales como es facialmente observable en los casos de Sebastián Piñera, Mauricio Macri, Lenín Moreno, Jair Bolsonaro y Jeanine Áñez. Estos dos últimos han sido señalados por crímenes de lesa humanidad, consecuentemente se han registrado intentos porque sus casos sean revisados por la Corte Penal Internacional. Un dato no menor para un gobierno que se precia de castigar a regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos, pero sobre los cuales se apoyó en su proyección regional.

En uno de los momentos más críticos para la migración regional y cuando la xenofobia cunde, Colombia se aísla e insiste en que la mejor forma de contribuir a la transición en Venezuela es castigando al “régimen, dictador o usurpador” partiendo de la débil premisa de que la adjetivación es la mejor vía para vencer. La sana decisión de reconocer un estatuto temporal de protección para migrantes se ha visto opacada por la insistencia y promoción de las sanciones contra la economía venezolana que golpean a los más vulnerables, mientras la dan la perfecta excusa al oficialismo para ahondar en prácticas abiertamente autoritarias mientras elude responsabilidades.

No salimos de la paradoja de que mientras acogemos a migrantes, apoyamos sanciones para quienes permanecen en ese territorio. Politizando el tema calificando a quienes salen como “héroes que huyen de la dictadura”, el gobierno contradice la tradición de respeto por los derechos de migrantes al margen de su posición política y replica esquemas donde la protección o asistencia humanitaria están condicionadas por disputas o controversias entre Estados. El tiempo se agota sin que en el alto gobierno haya indicios de un cambio para retomar una diplomacia que contribuya a la transición en Venezuela y a la gobernanza migratoria, ideales regionales de los que nos seguimos alejando peligrosamente.

*Profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario

Twitter: @mauricio181212