Analizar rol del Esmad, uno de los compromisos de Colombia con la OCDE

Un documento que contiene elementos reveladores en estos días de paro nacional se ha manejado con sigilo en el Congreso de la República. Se trata de la respuesta a un cuestionario enviado desde la Comisión Séptima del Senado —donde el expresidente Álvaro Uribe ocupa una curul—, entregada por el despacho del viceministro de Empleo y Pensiones, Andrés Felipe Uribe, del Ministerio del Trabajo, en el que se esclarecen las posturas del Ejecutivo respecto a las reformas laboral y pensional. Pero lo más llamativo es que admite que, entre los compromisos adquiridos por el Gobierno para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), está analizar el rol del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad).

En contexto: ¿Desmontar o no el Esmad?

Casualmente, el documento fue radicado un día antes de que estallara el paro nacional, que se ha prolongado por más de dos semanas. Y el tema más llamativo de sus 14 páginas tiene que ver con la pregunta 12, en la que se le pide al Ministerio detallar los compromisos a los que llegó el Estado colombiano con la OCDE. En este apartado, el Gobierno remite una cronología de las 28 reuniones entre el mintrabajo y el Comité de Empleo y Asuntos sociales (Elsac) del organismo internacional. De igual manera, se recalca que entre los compromisos de Colombia en su proceso de ingreso a la OCDE se estableció el de entregar un informe anual sobre el avance de cuatro recomendaciones al Estado colombiano.

La primera de ellas está relacionada con informalidad laboral y subcontratación, la segunda con el cumplimiento de la Ley Laboral, la tercera es frente a la negociación colectiva y la cuarta tiene que ver con la violencia contra sindicalistas. En este último punto se enumeran las recomendaciones de la OCDE, como, por ejemplo, elaborar una visión de tolerancia cero con la violencia y el homicidio de sindicalistas, fortalecer el programa de protección de líderes sindicales y activistas, demostrar el progreso en la reducción de las tasas de impunidad por los crímenes contra este sector, y una serie de medidas para proteger la actividad sindical.

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Asimismo, en el último apartado se aborda uno de los temas más polémicos desde que empezó el paro nacional el 21 de noviembre, especialmente a raíz de la muerte del joven Dilan Cruz: el del Esmad. Al respecto, el documento advierte: “Examinar de manera crítica e independiente el rol del Escuadrón Móvil Antidisturbios y su uso excesivo de la fuerza. En cooperación con los interlocutores sociales, tomar medidas para abordar las recomendaciones pendientes sobre casos serios y urgentes en el Comité de la Libertad de Asociación de la OIT sobre violencia contra sindicalistas”.

Lo curioso es que, precisamente sobre este tema, el gobierno del presidente Iván Duque ha sido tajante en que el Esmad cumple una función vital en materia de orden público. El primer mandatario ha afirmado que esta unidad policial no puede ser estigmatizada por lo ocurrido con Dilan Cruz, y uno de sus negociadores ante el Comité de Paro, Angelino Garzón, enfatizó que el único tema que no está en negociación es el desmonte del escuadrón, pues aceptar tal petición sería “acabar con la institucionalidad del país”. Una postura que parece reñir con los compromisos adquiridos por Colombia para ingresar al llamado club de las buenas prácticas, aunque otros le dicen el de los países ricos.

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Por lo demás, las primeras siete páginas del documento de respuesta del Ministerio de Trabajo a la Comisión Séptima del Senado aclaran algunas preocupaciones que ha despertado la supuesta necesidad de impulsar una reforma laboral y otra pensional. Al respecto se asegura que, hasta el momento, el Gobierno no tiene elaborados proyectos en estas materias. Por ejemplo, señala que no eliminará el régimen de prima media, ni modificará la edad de pensión, como tampoco se aumentará el número de semanas de cotización.

La respuesta del Ejecutivo pasa también por algunos temas más espinosos, como la eliminación de los intereses sobre las cesantías, el pago de las prestaciones sociales por horas o la propuesta de implementar un salario mínimo diferencial por regiones. A todos estos asuntos, el Ejecutivo contesta tajantemente: “Una eventual reforma laboral no buscará la reducción de los beneficios y las garantías de los trabajadores”, y específicamente afirma que cualquier proyecto de ley en esta materia será construido dentro de la Comisión Permanente de Concertación de las Políticas Salarial y Laboral.

Un documento que contiene elementos reveladores en estos días de paro nacional se ha manejado con sigilo en el Congreso de la República. Se trata de la respuesta a un cuestionario enviado desde la Comisión Séptima del Senado —donde el expresidente Álvaro Uribe ocupa una curul—, entregada por el despacho del viceministro de Empleo y Pensiones, Andrés Felipe Uribe, del Ministerio del Trabajo, en el que se esclarecen las posturas del Ejecutivo respecto a las reformas laboral y pensional. Pero lo más llamativo es que admite que, entre los compromisos adquiridos por el Gobierno para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), está analizar el rol del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad).

En contexto: ¿Desmontar o no el Esmad?

Casualmente, el documento fue radicado un día antes de que estallara el paro nacional, que se ha prolongado por más de dos semanas. Y el tema más llamativo de sus 14 páginas tiene que ver con la pregunta 12, en la que se le pide al Ministerio detallar los compromisos a los que llegó el Estado colombiano con la OCDE. En este apartado, el Gobierno remite una cronología de las 28 reuniones entre el mintrabajo y el Comité de Empleo y Asuntos sociales (Elsac) del organismo internacional. De igual manera, se recalca que entre los compromisos de Colombia en su proceso de ingreso a la OCDE se estableció el de entregar un informe anual sobre el avance de cuatro recomendaciones al Estado colombiano.

La primera de ellas está relacionada con informalidad laboral y subcontratación, la segunda con el cumplimiento de la Ley Laboral, la tercera es frente a la negociación colectiva y la cuarta tiene que ver con la violencia contra sindicalistas. En este último punto se enumeran las recomendaciones de la OCDE, como, por ejemplo, elaborar una visión de tolerancia cero con la violencia y el homicidio de sindicalistas, fortalecer el programa de protección de líderes sindicales y activistas, demostrar el progreso en la reducción de las tasas de impunidad por los crímenes contra este sector, y una serie de medidas para proteger la actividad sindical.

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Asimismo, en el último apartado se aborda uno de los temas más polémicos desde que empezó el paro nacional el 21 de noviembre, especialmente a raíz de la muerte del joven Dilan Cruz: el del Esmad. Al respecto, el documento advierte: “Examinar de manera crítica e independiente el rol del Escuadrón Móvil Antidisturbios y su uso excesivo de la fuerza. En cooperación con los interlocutores sociales, tomar medidas para abordar las recomendaciones pendientes sobre casos serios y urgentes en el Comité de la Libertad de Asociación de la OIT sobre violencia contra sindicalistas”.

Lo curioso es que, precisamente sobre este tema, el gobierno del presidente Iván Duque ha sido tajante en que el Esmad cumple una función vital en materia de orden público. El primer mandatario ha afirmado que esta unidad policial no puede ser estigmatizada por lo ocurrido con Dilan Cruz, y uno de sus negociadores ante el Comité de Paro, Angelino Garzón, enfatizó que el único tema que no está en negociación es el desmonte del escuadrón, pues aceptar tal petición sería “acabar con la institucionalidad del país”. Una postura que parece reñir con los compromisos adquiridos por Colombia para ingresar al llamado club de las buenas prácticas, aunque otros le dicen el de los países ricos.

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La respuesta del Ejecutivo pasa también por algunos temas más espinosos, como la eliminación de los intereses sobre las cesantías, el pago de las prestaciones sociales por horas o la propuesta de implementar un salario mínimo diferencial por regiones. A todos estos asuntos, el Ejecutivo contesta tajantemente: “Una eventual reforma laboral no buscará la reducción de los beneficios y las garantías de los trabajadores”, y específicamente afirma que cualquier proyecto de ley en esta materia será construido dentro de la Comisión Permanente de Concertación de las Políticas Salarial y Laboral.