5 May 2019 - 2:00 a. m.

Así ha sido el viacrucis de la ley estatuaria de la Jurisdicción Especial de Paz

El Congreso vivió una de las semanas más intensas alrededor de la ley estatutaria que reglamentó la justicia transicional, cuyo debate ha significado uno de los más graves desgastes institucionales por cuenta de la polarización política que sigue suscitando el Acuerdo de Paz.

-Lorena Arboleda Zárate / @LorenaArboleda8 - Alfredo Molano Jimeno/@AlfredoMolanoJi

Un año y seis meses han pasado desde que el Congreso de la República aprobó la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que desde ese día se ha convertido en una “papa caliente”. En ese momento se aprobó en medio de un botafuegos entre el saliente gobierno de Juan Manuel Santos y el partido Cambio Radical, que acogía las tesis del fiscal general, Néstor Humberto Martínez. La norma que consigna los detalles reglamentarios del funcionamiento del sistema de justicia transicional fue salvada con el procedimiento especial legislativo fast track, horas antes de su vencimiento.

Desde entonces, la JEP se ha convertido en el florero de Llorente institucional, donde los sectores del Sí y el No, que se enfrentaron en el plebiscito por la paz de 2016, encontraron su campo de batalla. Seis meses después de que la norma saliera del Legislativo, la Corte Constitucional anunció su exequibilidad, pero la noticia llegó justo en la transición del nuevo gobierno de Iván Duque. Con el inicio de su administración vino el período de luna de miel, en el que nadie se acordó de que a la ley estatutaria aún le faltaba la firma del presidente de la República para entrar en vigencia.

(Contexto: El lío por la sanción de la estatutaria de la JEP)

Fue el senador de la U Roy Barreras quien advirtió que algo estaba ocurriendo con el futuro de la norma y culpó directamente al presidente del Congreso, el senador Ernesto Macías, de la dilación del trámite. Lo señaló de “engavetar” por más de un mes el texto enviado por la Corte para que, a su vez, este lo remitiera a la Casa de Nariño. En medio de la pelotera, Macías culpó a Alejandro Carlos Chacón, presidente de la Cámara, por la demora, ya que faltaba su firma. Pero este salió a explicar que antes de poner su rúbrica tenía que revisar el contenido y que, en ese proceso, se había dado cuenta de la omisión de un párrafo por parte de Macías. El senador uribista no se sonrojó al reconocer el error y culpar a una impresora.

Con el escándalo, no tuvo de otra que corregir y enviar para sanción presidencial la norma, pero aquí empezó el nuevo viacrucis que hoy tiene al país político en vilo. Los días pasaban y la firma de Duque no llegaba. La comunidad internacional y la propia JEP pedían explicaciones y celeridad, hasta que en una nota de este diario se reveló la intención del jefe de Estado de objetar la norma. Un mes y cuatro días corrieron hasta el domingo 10 de marzo, cuando el primer mandatario anunció al país su decisión de objetar, por motivos de inconveniencia política, seis artículos de los 159 de la ley estatutaria.

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Empezó así un capítulo de suspenso inédito en la historia política del país. 53 días duró la incertidumbre. Primero, porque el presidente de la Cámara se negaba a dar trámite hasta que la Corte Constitucional aclarara si el Ejecutivo había obrado con apego a la ley, dado que objetaba una norma que ya había sido avalada por ese tribunal. La Corte se pronunció y le pidió al Legislativo abordar el asunto. Acto seguido, se inició un pulso político de titanes en el que participaron, desde lados opuestos, el fiscal, el procurador, el Gobierno, los partidos políticos y hasta la Embajada de Estados Unidos. La presión ha sido tanta, que hasta visas se han perdido en esta refriega institucional.

La Cámara de Representantes cogió el primer turno para votar. Chacón nombró una comisión para que rindiera ponencia sobre las objeciones y, a los pocos días, fue convocada la plenaria para su debate. El 8 de abril, por una abrumadora mayoría de 110 contra 44, la Cámara baja negó los reparos presidenciales. Muy distinto a lo ocurrido en el Senado, donde el uribismo hizo hasta lo imposible para demorar la votación. Primero se dieron 15 días para meditar el sentido del informe de ponencia mayoritario. Luego convocaron a una audiencia pública y se tomaron varios días para radicarla y convocar a discusión.

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Solo hasta el miércoles de la semana pasada se dio inicio al trámite en un acalorado debate para definir el orden del día. Cuatro horas de cruces de insultos y señalamientos dejaron claro que la discusión sería a fondo y que el bloque “propaz” buscaría votar, cuanto antes, el informe que proponía hundirlas, mientras que el Gobierno se la jugaría por ganar tiempo para construir mayorías, ante la evidente desventaja. Se necesitaron cuatro sesiones más, todas de más de cinco horas, para dirimir esta controversia y, al final, no se resolvió nada. Tanto así, que unos aseguraron que las objeciones se hundieron y otros que, al no haber decisión unánime entre el Senado y la Cámara, se deben archivar los seis artículos y, por ende, debían ser excluidos de la norma.

Ambos bandos reclaman victoria, pero lo único cierto es que la pelota volvió a la Corte Constitucional. Eso sí, nadie puede dudar de que el resultado ha sido un desgaste institucional profundo en el que el gobierno Duque lleva la peor parte. Antes de objetar la norma contaba con una coalición de la que formaban parte los partidos de la U, Conservador, Centro Democrático y los cristianos, pero en ese momento las relaciones con Cambio Radical y el liberalismo caminaban hacia el entendimiento en unos proyectos de ley. Tras el trámite de las objeciones, quedó una realidad distinta: la oposición sumó la mitad de la U, todo el Partido Liberal, la mayoría de Cambio Radical y una facción importante del conservatismo.

El resultado de las votaciones en el Senado lo dice todo. En contra de las objeciones, lo hicieron 47 senadores y solo 33 respaldaron al Gobierno. Esto provocó una nueva controversia respecto a cuál era la mayoría necesaria para tomar una decisión, y el pulso terminó por jugar en contra del Gobierno que, al imponer a través de la Presidencia y la Secretaría General de la corporación el número de 48, desató la molestia de un sector importante del conservatismo. El debate terminó cuando la mayoría de congresistas —incluyendo a los conservadores David Barguil, Juan Diego Gómez y Efraín Cepeda— abandonaron el recinto argumentando falta de garantías por parte de Macías. El llamado del hoy senador Álvaro Uribe a lograr un gran acuerdo político, así fuera solo frente a dos de las objeciones (extradición y listas de desmovilizados) no tuvo respaldo. De los 278 congresistas que tienen puesto en el Capitolio, el Ejecutivo solo logró 73 votos, sumando Cámara y Senado.

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Además, el debate obligó a que el Centro Democrático jugara al límite de lo legal y ya está anunciado que tendrá que poner un ejército de abogados para defender sus curules ante el Consejo de Estado. La actuación de Macías ya tiene a juristas construyendo una demanda por prevaricato y las curules de Álvaro Uribe, Paola Holguín, Honorio Henríquez y Alejandro Corrales también serán impugnadas, pues en el trámite de la ley en 2017 se declararon impedidos y esta semana terminaron participando con su voto del trámite de las objeciones. Ni siquiera el secretario del Senado, Gregorio Eljach, quedará tranquilo luego de este pulso, pues el mismo senador Antanas Mockus lo acusó de enviar “señales equívocas” respecto a la realidad jurídica de su curul para evitar que participara de la discusión.

También lloverán reclamaciones por las credenciales de Jónatan Tamayo, de la ASI, a quien su partido le advirtió que no podía respaldar al Gobierno. O de los parlamentarios de la U gobiernistas Maritza Martínez, José David Name, Bérner Zambrano, Eduardo Pulgar Daza y Miguel Amín Escaf, quienes abandonaron el recinto para no votar, yendo en contra de las directrices de su partido de rechazar las objeciones. Incluso, el caso de la senadora Martínez terminó trascendiendo información sobre un nombramiento de una persona muy cercana a ella y a su esposo en el Gobierno, pocos días antes de que, repentinamente, se saliera durante la votación, dejando su bolso sobre su escritorio, así como al bloque “propaz”, al que le faltó ese voto para evitarse toda esta disputa jurídica.

Las seis semanas que se invirtieron en este debate amenazan con llevarse por delante la agenda legislativa del Gobierno, pues no hay tiempo suficiente, de aquí al 16 de junio, para tramitar las reformas política y a la justicia o el acto legislativo que busca eliminar la conexidad del delito sexual con el delito político. Y ahora los afanes con que se aprobó el Plan de Desarrollo dejaron denuncias sobre un posible vicio de trámite, según el cual el Senado habría acogido el texto de la Cámara siete minutos antes de que se publicara en la página web de la corporación, tal y como lo exige la ley. Elementos todos que serán parte de los informes que tienen que ser enviados a la Corte Constitucional para evaluar el futuro de los reparos presidenciales.

Consultados varios magistrados de ese alto tribunal, aseguraron que se respira un ambiente de tensión, pues en los últimos días han trascendido episodios que hablan de “chuzadas”, “brujería”, anuncios de investigaciones en la Comisión de Acusación y hasta la presión de Estados Unidos con las visas, para que decida a favor del Gobierno. “Este escenario de bullying y de presiones fuertísimas no va a conseguir que los magistrados cambiemos de posición, sino más bien al contrario. Nos conducirá a obrar con mayor contundencia sobre nuestras convicciones jurídicas”, refirió uno de ellos, quien además explicó que la fricción con el Gobierno y el Centro Democrático está llegando a los peores niveles de los últimos años y que, hoy por hoy, las cargas siguen estando a favor de la defensa de la paz: seis togados contra tres. Habrá que esperar cómo se desarrolla el debate una vez Macías envíe la documentación del trámite sobre las objeciones.

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