La puja entre el Gobierno Nacional y un bloque de los gobernadores agrupados en la Federación Nacional de Departamentos (FND) por la aplicación de los impuestos al consumo de la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, sigue con sus reacciones y dio un nuevo giro alrededor de esta controversia.
Y es que luego de que por unanimidad se anunciara que los mandatarios regionales no aceptarían la aplicación de nuevos tributos sobre el tabaco y las bebidas alcoholicas, dos mandatarios se bajaron de esa postura, de los cuales, uno participó y votó durante la reunión del pasa 15 de enero.
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Se trata de Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, quien se sumó a los otros 16 mandatarios para rechazar el decreto de la emergencia económica expedido por el Ejecutivo el 29 de diciembre. Sin embargo, en medio de las tensiones generadas entre la Casa de Nariño y los dirigentes, Patiño bajó su firma de esta carta.
Según declaró, “el Gobierno de Risaralda respeta el ordenamiento jurídico colombiano y, por lo tanto, aplicará las normas definidas en la Emergencia Económica expedida por el gobierno nacional”. Aún así, Patiño insistió que acompañará los procesos jurídicos que adelantan desde la FND, pues considera que se ponen en riesgo los ingresos para su región.
En paralelo, Carlos Amaya, gobernado de Boyacá - y que ha sido cercano al gobierno Petro - señaló como responsable la medida adoptada por sus pares de otras regiones, pero insistió en la necesidad de diálogo, por lo que invitó a los otros 31 mandatarios a acudir a la cita convocada por el Ministerio de Hacienda para el próximo lunes.
Amaya dijo que “aumentar los impuestos a tabaco y licores implica afectar directamente la capacidad de los territorios para responderles a las y los colombianos que viven sobre todo en las regiones apartadas". Su caso también dará respaldo a la FND sobre las acciones alrededor de la emergencia económica, pero se bajó del último llamado.
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María Margarita Guerra (Magdalena), César Zorro (Casanare) o Renson Martínez (Arauca) no se han pronunciado en medio de esta controversia. Aún así, quien habló en medio de la puja fue Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, quien si bien no habló de forma expresa sobre la controversia, sí subrayó en los impactos que ha tenido el contrabando de estos productos (cigarrillos y bebidas alcohólicas) en el departamento y que ascienden a más de COP 80.000 millones.
En paralelo, desde el gobierno se ha extendido la invitación para diálogo y encontrar soluciones a la controversia. Y es que para la Casa de Nariño este tipo de impuestos en la emergencia económica podrían representar alrededor de COP 8 billones durante la vigencia del 2026.
Respaldo a la regiones
En medio de la disputa otros sectores también se han agrupado para dar respaldo a los gobernadores ante esta medida. Desde la línea de los candidatos presidenciales, Mauricio Lizcano aseguró que “el decreto de emergencia económica es un golpe directo al bolsillo de los departamentos. Trasladar el recaudo del impuesto al consumo al nivel central es un retroceso centralista que asfixia a regiones como Caldas, Valle y Antioquia".
El exdirector del Departamento Admnistrativo de la Presidencia (Dapre), pidió a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre este decreto. En misma línea lo hizo Claudia López.
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