Los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres han sido un tema recurrente en el constituyente primario desde 1975. El actual Congreso solo está compuesto por el 19,7 % de parlamentarias. En números, 55 de 279 curules son ocupadas por mujeres. El escenario no ha cambiado mucho con el pasar del tiempo, ni siquiera se ha llegado al ideal de 50-50 o a la cuota del 30 %, que es la recomendación para garantizar la participación femenina en los espacios de poder.
Palabras más, palabras menos, los hombres, desde 1975, han decidido sobre asuntos prioritariamente concernientes a las mujeres y sus cuerpos, y ahora tanto en la Corte Constitucional como en la opinión pública se debate, una vez más, el asunto de si ellas pueden acceder libremente a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), luego de que el alto tribunal recibiera dos demandas para penalizar de nuevo el aborto.
En 2006, la Corte a través de la sentencia C-365, despenalizó tres causales para interrumpir el embarazo, tras fallar sobre una demanda de la feminista Mónica Roa. Malformación del feto, violación y riesgos en la salud de la madre son, por ahora, los argumentos que puede esgrimir cualquier mujer si desea dar por terminado su proceso de dar a luz. En pocos días, el alto tribunal pondrá a consideración un proyecto de ponencia, de autoría del magistrado Alejandro Linares, que da vía libre a la IVE hasta la semana 16 de gestación, además de contar con unos enfoques de educación sexual y reproductiva, y de desestigmatización de este derecho, declarado fundamental.
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Todo un hito para el país y América Latina, y especialmente un llamado a los parlamentos de la región para que lleguen a consensos con iniciativas progresistas para garantizar un aborto seguro —iniciativas que no sean regresivas— y no dilaten más la discusión de un tema que está entre las cinco principales causas de muerte de las mujeres en el mundo, y, quizá, la única prevenible, de acuerdo con Médicos sin Fronteras. Un estudio del Instituto Guttmacher (organización que trabaja por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres) encontró que al año más de 22.000 de ellas pierden la vida por interrumpir sus embarazos en lugares clandestinos, de estas el 97 % son de África, Latinoamérica y una parte de Asia.
El próximo miércoles, la Corte comenzará a discutir la ponencia del magistrado Linares, que ha recibido críticas y elogios desde dos vertientes extremas que en 45 años no se han puesto de acuerdo. Congresistas cristianos, del Centro Democrático y del Partido Conservador le han pedido al alto tribunal frenar dicho debate y pasarles la pelota a ellos para tramitar de nuevo una ley estatutaria en la que pretenden regular las tres causales ya avaladas, aclarando bajo qué motivos la mujer puede argumentar una condición de salud mental, y determinar un plazo máximo para acceder al IVE. Por este tema, están señalando que la Corte se está extralimitando en sus funciones y “está tomando decisiones a puerta cerrada en una pequeña constituyente permanente”, dijo el representante del uribismo José Jaime Uscátegui. También hablan de convocar un referendo “contra la laxitud en el aborto”, llamado que hizo el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, e idea que apoyan sus alfiles y parlamentarios de otras colectividades.
Al otro extremo están los que comparten y acompañan los planteamientos del magistrado. Por ejemplo Katherine Miranda, representante de los verdes, sin matices, expresó en sus redes que está de acuerdo con la despenalización total del aborto hasta la semana 16. “No me da miedo defender nuestros derechos, así sea impopular o me quite votos. Las mujeres en Colombia abortan. Es una realidad sin importar que sea legal o no. Buscamos que lo hagan de forma segura, sin poner en riesgo sus vidas”, manifestó. Otra que lo ha dicho públicamente es Angélica Lozano, su coequipera en el Senado. “Desde que se despenalizó el aborto en tres causales hace catorce años, las mujeres han tenido que someterse a barreras y realidades brutales en el sistema de salud, institucional, sociocultural y político”.
El Espectador hizo un sondeo en el Senado bajo la hipótesis de que se tramite un proyecto con la exposición de motivos de Linares. El ejercicio consistió en consultar a los parlamentarios que no han sentado posición sobre el tema y en aquellas colectividades donde la postura no es clara, a diferencia de los cristianos, uribismo y conservadores, que hablan de la defensa de la vida desde la concepción.
No todos respondieron, pero encontramos, por ejemplo, que de cinco congresistas consultadas, de las que no se percibe una opinión evidente, dos están en contra, dos a favor y otra no se decide. Este escenario es similar en los hombres: quince a favor, once en contra y tres que no se deciden. Eso sí, varios reiteraron que es importante que la discusión se dé en el Congreso y que se ajusten algunos puntos. Por ejemplo, el senador Fabián Castillo, de Cambio Radical, quien es médico, manifestó que si fuera por él, el tiempo para acceder a la IVE lo reduciría a ocho semanas, regulando la obligación de las EPS para que no dilaten el proceso y este se haga al momento de su solicitud, al igual que el respeto a la objeción de consciencia de algunos profesionales en salud.
Como bien lo manifestó la representante Miranda, defender la despenalización total del aborto puede ser un costo político y electoral con miras a 2022, si es que los planes son permanecer un período más en el Congreso. Por eso varios pidieron no identificar a título personal su postura frente al tema, y no es porque necesariamente estén de acuerdo con los planteamientos del proyecto de Linares.
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Wilson Arias, senador del Polo, señaló, por su parte, que el aborto, como la eutanasia y el matrimonio igualitario, son temas que dispersan la posición de los partidos como conjunto, a diferencia de iniciativas como la de las objeciones a la JEP, que la oposición sumada a los independientes logró hundir. “A estos temas los clasifico de pánico moral y mi impresión es que son asuntos que no siempre tienen tantas unidades programáticas y son un terreno movedizo, no obedece a una decisión de bancada”.
Las cuentas están hechas y la mirada hacia las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos sería una realidad si los indecisos y los que no respondieron votan a favor de un aborto libre hasta la semana 16. Pero, claro, este es un escenario hipotético que se debe entender bajo la lógica de que la política es dinámica y los ánimos transitan conforme a las intenciones de cada legislador.