“Atribución de liberar jóvenes presos debería ser concedida por ley”: Dejusticia

La abogada Diana Esther Guzmán Rodríguez, doctora en derecho de la Universidad de Stanford y profesora de la Universidad Nacional de Colombia, asumió la dirección de Dejusticia en reemplazo de Vivian Newman Pont, quien dirigió la entidad desde 2018.

Foto: El Espectador - Óscar Pérez

¿Qué opina del decreto con el que el Gobierno busca liberar a jóvenes manifestantes presos para incorporarlos a la sociedad como gestores de paz?

Este decreto es una medida que no extraña, pero genera preocupaciones. No es extraña, pues el presidente había anunciado desde su posesión que buscaría alternativas para liberar a los jóvenes que, en su concepto, fueron privados de la libertad por ejercer su derecho a protestar. Sin embargo, es una medida que preocupa, porque el presidente se concede una atribución amplia sin que exista un claro respaldo legal para ello. Esta atribución debería ser concedida por ley, entre otras cosas porque es en el debate legislativo donde debería discutirse si la atribución de concederles la libertad a personas acusadas de delitos ordinarios en cabeza del Ejecutivo rompe con la separación de poderes. Más que un formalismo, la separación de poderes es una garantía importante que pretende evitar la extralimitación de funciones y asegurar la vigencia efectiva de derechos. Preocupa, además, porque no creo que el Gobierno tenga la capacidad para analizar cada caso de manera individual y adoptar decisiones que tomen en cuenta la gravedad de las conductas en las que estos jóvenes habrían presuntamente incurrido. Ojalá el Gobierno atienda estas preocupaciones y muestre su compromiso con el Estado de derecho. (Aquí puede leer la versión del gobierno, a través del ministro del Interior).

¿Qué más acciones planea Dejusticia en favor del cumplimiento de los acuerdos de paz que se firmaron con la guerrilla de las Farc y, tal vez, se firmarán con el Eln?

Estamos haciendo seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz con las Farc-Ep y ahora también a las negociaciones con el Eln. Creemos que los acuerdos son fundamentales en el proceso de construir paz en el país, pero son solo un paso más en un proceso mucho más amplio que requiere el trabajo de toda la sociedad. Por eso seguiremos contribuyendo desde la investigación y el litigio estratégico a fortalecer los marcos normativos que permiten ponerlos en marcha y defenderemos la importancia de cumplir con lo pactado. Esto implica, entre otras cosas, fortalecer la seguridad de las personas desmovilizadas, asegurar los recursos para el desarrollo de los programas diseñados como parte de los acuerdos y, sobre todo, trabajar por los derechos de las víctimas.

¿Qué significa para una profesional del derecho y la investigación social asumir la dirección de Dejusticia?

Es un gran honor y un enorme reto. Se trata de una organización que ha liderado debates jurídicos importantes para el país y la región, que ha acompañado diversos procesos de exigibilidad de derechos y que ha contribuido al fortalecimiento del movimiento de derechos humanos. Mi reto es seguir proyectando a Dejusticia como una organización clave tanto en el país como a nivel internacional.

¿Por qué Dejusticia acaba de ser elegida como la organización no gubernamental con mayor credibilidad, “la ONG más admirada por los líderes de opinión en Colombia”, según una investigación de la firma Cifras y Conceptos?

Este es un reconocimiento muy importante para nosotros. Creo que se debe a que Dejusticia ha sabido mantenerse fiel a su propósito original de tender puentes entre la investigación académica y la incidencia para lograr cambios legales y sociales que permitan una vigencia efectiva de los derechos humanos. Esto nos permite tener una presencia importante en debates claves para Colombia en temas que afectan diversos derechos humanos, y hacerlo con una mirada que combina el rigor del trabajo académico y la frescura de flexibilidad del trabajo de incidencia. Hemos logrado plantear preguntas profundas y relevantes en momentos claves y avanzar en propuestas y alternativas con una voz propia, independiente y crítica, pero también autocrítica.

Dejusticia también fue reconocida por el Ministerio de Ciencia como grupo de investigación. ¿Eso qué caminos les abre?

Nos fortalece. Como centro de estudios, Dejusticia tiene una larga tradición investigativa, y desde allí hemos hecho aportes importantes tanto a la academia como a las políticas. Por ejemplo, este año nos ganamos una mención de honor en los Premios Alejandro Ángel Escobar por nuestro libro La Constitución del campesinado. Sin embargo, por algunos años no buscamos explícitamente que fuera reconocida nuestra capacidad investigativa, pues nos concentramos en impactos a través de la incidencia. Ahora queremos que nuestra investigación sea más reconocida, lo cual seguiremos haciendo con artículos indexados y fortaleciendo nuestras aproximaciones metodológicas y analíticas.

¿Por qué se especializó en defender los derechos de las mujeres víctimas de todas las formas de la violencia y, ahora, a las migrantes?

Durante 2021 fueron asesinadas 210 mujeres en Colombia por el hecho de serlo y cada 28 minutos una mujer fue víctima de violencia sexual, de acuerdo con un informe de Sisma Mujer. Estas cifras dan cuenta de un contexto general de desigualdad de género que afecta la calidad de la democracia y nuestros derechos. Si a eso le sumamos fenómenos como la feminización de la pobreza, la discriminación de las mujeres racializadas y campesinas, la exclusión política y la violencia por prejuicio, la pregunta natural para mí sería: ¿cómo no trabajar por los derechos de las mujeres y de las minorías excluidas? Mi trabajo en derechos humanos es un compromiso con la igualdad y con la posibilidad de vivir una vida libre de violencias a través de las herramientas que nos da el derecho.

Usted fue una de las abogadas que demandaron el cumplimiento de la Ley de Cuotas, que exige que las mujeres tengan al menos el 30 % de los cargos del Estado, y que fue incumplida por el gobierno de Iván Duque. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿El actual Gobierno sí cumple?

Estas decisiones judiciales nos permitieron alcanzar un objetivo por el que llevábamos trabajando más de 10 años: establecer un precedente claro sobre la obligación de las instituciones del Estado de cumplir con la Ley de Cuotas al momento de llevar a cabo nombramientos en cargos decisorios. Aunque esta ley existe desde el año 2000, la evidencia muestra que las instituciones del Estado no han tomado en serio esta obligación y, por eso, frente a diversos gobiernos, hemos tenido que buscar intervenciones judiciales que permitieran definir el alcance del mandato legal.

Siguiendo precisamente ese precedente, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Alberto Carrasquilla como integrante de la junta del Banco de la República. Además, las decisiones del Tribunal, reafirmadas por el Consejo de Estado, frente a las cuatro demandas que presentamos en 2021 junto con organizaciones de mujeres, generaron un debate público que fue importante para posicionar la importancia de la participación igualitaria de mujeres en política y en cargos decisorios. Así que el mensaje hoy es claro: todas las instituciones del Estado deben tomarse en serio la aplicación de la Ley de Cuotas. Sin embargo, el actual Gobierno está cumpliendo parcialmente en este campo. Los más altos cargos, como ministerios, cuentan con al menos un 30 % de mujeres y llegan casi al 50 %, pero esto no ocurre en todos los niveles decisorios. Además, hoy la meta no puede ser solamente cumplir con la cuota, sino avanzar hacia la paridad, como lo prometió el Gobierno en campaña, por lo cual este es un tema que necesita avances significativos.

En casi 20 años de historia de Dejusticia, ¿cuáles han sido los litigios y causas más importantes?

El litigio estratégico es otro de los grandes campos de trabajo de Dejusticia y una de las herramientas con las que hemos logrado cambios más evidentes. Solo para mencionar algunos ejemplos, representamos al consejo comunitario de las Islas del Rosario en el proceso jurídico que permitió que se reconociera la primera titulación colectiva del Caribe colombiano en 2006. Acompañamos a más de 1.700 campesinos y campesinas, y a algunas de las organizaciones campesinas regionales y nacionales más importantes del país en una tutela que permitió que se reconociera su derecho a ser contados en el censo de 2018. Trabajamos con 25 niños, niñas y jóvenes en la primera tutela sobre cambio climático y generaciones futuras de América Latina, en virtud de la cual la Corte Suprema ordenó al Gobierno proteger la Amazonia colombiana, frenar la deforestación y enfrentar el cambio climático. Además, demandamos conjuntamente con organizaciones de víctimas y el programa PAIIS la constitucionalidad del artículo que establecía el límite temporal del mandato de la Comisión de la Verdad y logramos que la Corte Constitucional interpretara dicho mandato y le diera más tiempo a la Comisión para esclarecer la verdad sobre el conflicto colombiano. Nuestros litigios han estado siempre orientados a lograr cambios jurídicos, institucionales y sociales necesarios para tener un Estado de derecho sólido, una democracia robusta y la vigencia efectiva de los derechos humanos.

¿Cuáles son las líneas de investigación legal y social de su organización de cara a 2023?

Dejusticia es una organización que se caracteriza por su diversidad temática y estratégica. Trabajamos en temas como justicia transicional, justicia económica, género, tierras y campesinado, ambiental, políticas de drogas, justicia étnico-racial, transparencia y tecnología y sistema judicial. Esto hace que tengamos muchos frentes de acción y también grandes retos para evitar la dispersión. En este nuevo Gobierno vemos como una ventaja la diversidad de los temas que trabajamos, pues supone una oportunidad de impactar la agenda de reformas, que hoy es más amplia comparada con gobiernos anteriores. Lo que sigue es, entonces, fortalecer esas reformas que creemos estratégicas desde nuestro lugar como organización de la sociedad civil, es decir, desde la independencia y manteniendo la coherencia con nuestros principios, así como la crítica constructiva.

¿Cuántos investigadores trabajan en Dejusticia y de dónde sale el dinero con el que se financian?

Dejusticia cuenta con cerca de 40 investigadores e investigadoras y 15 pasantes internacionales. Nuestros recursos vienen, en su mayoría, de financiadores internacionales y filantropías que pueden ser consultados en nuestra página web.

Ustedes también trabajan para que otras organizaciones sociales tengan visibilidad. ¿Cómo lo hacen?

Hace años nos dimos cuenta de que la mejor forma de avanzar una agenda de derechos humanos es contar con el respaldo de una sociedad civil fuerte y organizada, cuya voz se haga poderosa en debates democráticos y tenga posibilidades de incidencia. Por eso decidimos que una parte de nuestro trabajo debía apostarle a fortalecer organizaciones sociales para lograr que tengan más capacidad de acción y potenciar sus voces, para que ello se traduzca en mayor relevancia pública. Creemos que este trabajo permite multiplicar la capacidad de la sociedad civil organizada para trabajar con las comunidades y por aquellos cuyos derechos siguen siendo solo una ilusión.

También promueven la formación de jóvenes en derechos humanos. ¿Cómo seguirlos empoderando?

Nuestras estrategias de trabajo, además de la investigación, el litigio y las comunicaciones estratégicas incluyen la formación en derechos humanos. Para ello contamos con la Escuela D, que es un espacio en el que apostamos a que la comunidad de derechos humanos, los hacedores de política pública, las nuevas generaciones y otras audiencias profundicen sus conocimientos en materia de derechos, encuentren espacios de experimentación para hallar soluciones a los grandes retos en la lucha por los derechos y se conecten con personas y organizaciones que puedan apoyar o potenciar esa lucha. Nuestro curso sobre litigio en emergencia, por ejemplo, fue un espacio clave para la defensa de las democracias en la región, pues nos permitió ampliar y fortalecer herramientas de litigio de un amplio número de activistas de América Latina en medio de la emergencia del covid-19.

Dejusticia ha defendido a pueblos originarios como el wayuú en La Guajira. El presidente Gustavo Petro reconoció que durante su mandato ya han muerto 20 niños por falta de agua potable y alimentación saludable. La Sentencia T-302 de la Corte Constitucional declaró el Estado de las Cosas Inconstitucional por la vulneración de los derechos fundamentales de esa población. ¿Por qué no ha habido soluciones de fondo?

La situación de La Guajira es una de las emergencias humanitarias más agudas que vive Colombia. Por eso, aunque no fue un litigio promovido por Dejusticia, lo apoyamos desde el inicio y hemos estado trabajando arduamente en la implementación de la sentencia. Lastimosamente, a pesar de las órdenes dadas por la Corte y las visitas de instancias internacionales (como la Relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del sistema interamericano) siguen falleciendo niños y niñas, mientras el agua y los alimentos escasean para toda la comunidad.

Esta emergencia es el resultado de años de racismo, ineficiencia estatal, corrupción, megaproyectos que se han apropiado de recursos naturales y cambio climático. Se trata de un problema estructural y multicausal, que no tiene soluciones simples. Así que, aunque las órdenes de la Corte son importantes para mejorar las políticas públicas frente a los wayuú, resolver el problema de fondo requiere de la voluntad del gobierno nacional, el compromiso de los gobiernos departamental y locales y el apoyo de la sociedad. Nuestra indolencia social ha permitido que mueran miles de niños y niñas en medio de la desnutrición. Es tiempo de que La Guajira y los wayuú dejen de contar solo cuando nuevas empresas llegan a explotar el territorio y empiecen a ser una prioridad en la agenda nacional.

Ustedes han liderado debates como la defensa del derecho al aborto. Después del histórico fallo de la Corte Constitucional que lo permite desde las 24 semanas, ¿qué falta por legislar en esa materia?

La garantía integral de los derechos sexuales y reproductivos sigue siendo una deuda pendiente en Colombia. Aunque la sentencia es un fallo histórico, pues amplía el reconocimiento de la autonomía reproductiva, temas como la educación sexual y el acceso a anticonceptivos siguen sin contar con desarrollos suficientes, en especial en zonas en conflictos y en aquellas apartadas de centros urbanos. Los temas relacionados con la sexualidad y la reproducción siguen, en buena medida, capturados en debates morales, lo cual ha evitado que se desarrolle su dimensión de salud pública.

¿Cómo seguirá incidiendo Dejusticia en las discusiones sobre la crisis climática en Colombia?

Desde hace un par de años, la crisis climática está en el centro de nuestra agenda. No podemos pensar los derechos y el derecho por fuera de las condiciones que hacen posible nuestra supervivencia como especie. Por eso, nos enfocamos en temas como la lucha contra la deforestación, la transición energética y la preservación de la biodiversidad. Nuestro trabajo en este tema lo pensamos desde las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, afrocolombianos y raizal, así como las nuevas generaciones, lo cual implica reconocer tanto las afectaciones que sufren como resultado de la emergencia climática, como la importancia de su participación y el aporte que pueden hacer a frenar dicha emergencia.

¿Qué investigaciones o litigios adelantan ustedes sobre pobreza y desigualdad?

El año pasado lanzamos nuestra colección de investigaciones sobre pobreza y desigualdad. En ella analizamos distintos temas reflejan la forma como la desigualdad y pobreza afectan los derechos humanos. Por ejemplo, en el texto sobre brecha digital, exploramos las distintas facetas de esta brecha y documentamos cómo afecta diversos derechos humanos, incluido el derecho al internet. En el texto sobre el aire en las ciudades, mostramos además que la pobreza y desigualdad están tan presentes en la inequitativa distribución de bienes, que hasta afectan la calidad del aire que respiramos. Esta colección también es nuestra apuesta por mostrar el potencial que tienen los derechos humanos para luchar contra estos fenómenos, por lo cual espero que la puedan leer y usar.

¿Y de temas que afectan el bolsillo de los colombianos como la reforma tributaria?

Nuestra agenda en materia de política fiscal sigue teniendo como meta el contar con un sistema tributario realmente progresivo. Solo así es posible luchar frontalmente contra la desigualdad. Por eso, trabajamos por la inclusión de los principios de derechos humanos y política fiscal en las discusiones sobre reforma tributaria, pero también en las relacionadas con los otros componentes de la política fiscal, como el presupuesto. Para los próximos años, además de fortalecer el debate sobre la relación entre derechos humanos y política fiscal, a través de escenarios de capacitación y campañas de comunicación, buscaremos impulsar la necesidad de contar con un sistema de tributación global, que evite la evasión.

¿Sobre el sistema de salud?

La garantía efectiva y progresiva del derecho a la salud ha sido una de nuestras banderas desde la creación de Dejusticia. Esta coyuntura nos invita a volver a discutir la centralidad de los derechos en los debates sobre la reforma al sistema de salud en el país. El sistema actual está lejos de ser perfecto, pero ha logrado avances que es importante no perder de vista, por ejemplo, en materia de ampliación de la cobertura y universalidad. Sin embargo, es cierto que es necesario fortalecer la calidad en los servicios y es allí en donde reformas basadas en evidencia pueden ser claves para asegurar que el sistema contribuya a garantizar derechos.

¿Y frente a los derechos de minorías LGBTI?

Dejusticia ha acompañado la lucha por el reconocimiento de los derechos de las disidencias sexo genéricas desde los primeros esfuerzos jurídicos emprendidos por las organizaciones LGBTI en el país. Con Colombia Diversa, por ejemplo, acompañamos varios de los litigios que lograron la superación de las discriminaciones explícitas en contra de esta población y las que reconocieron derechos de las parejas del mismo sexo. Hoy seguimos apoyando el trabajo de distintas organizaciones que trabajan por su reconocimiento y derechos.

¿Qué utilidad puede encontrar en Dejusticia un ciudadano común y corriente?

Nuestro trabajo se traduce en diversas herramientas que resultan útiles para la ciudadanía interesada en cualificar y ampliar el debate democrático. Dejusticia lleva años produciendo análisis y estudios sobre diversos temas de derechos humanos que están disponibles al público de manera gratuita en nuestra página web. Contamos con distintos programas de formación abiertos a distintas audiencias legales y no legales, a los cuales también podría acceder la ciudadanía. Por ejemplo, para celebrar los 30 años de la Constitución desarrollamos un especial multimedia que acompañamos de herramientas pedagógicas que pueden usar profesores de colegios para enseñar sobre los contenidos y cambios de la Constitución. Finalmente, hemos logrado desarrollar unas comunicaciones estratégicas a través de nuestras redes sociales, que ayudan a traducir temas que pueden ser jurídicamente complejos para audiencias más amplias.