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La Mesa por la Verdad, Mujeres por la Paz, la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar, y la Asociación Departamental De Mujeres Campesinas Negras Indígenas y Víctimas de Sucre son algunas de las 315 organizaciones civiles que piden la extensión del período de la Comisión de la Verdad. La entidad, creada a partir del Acuerdo de Paz, finalizaría su mandato el 28 de noviembre, día en que le entregará al país el Informe Final sobre lo que pasó en el conflicto armado. No obstante, ante las posibilidades que existen para que se extienda su período, las organizaciones civiles solicitan que las vías jurídicas para tal fin garanticen la autonomía de la Comisión.
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La petición reúne en total 1.441 firmas. Además de las organizaciones, 1.126 personas acompañaron esta petición con su signatura. Varias de ellas pertenecen, desde hace más de seis años, a la Mesa por la Verdad, espacio desde el cual los firmantes, reiteraron, han impulsado y exigido el buen funcionamiento de la entidad.
Como dice en la carta pública, reconocen que la pandemia le impidió a la Comisión de la Verdad su presencia física en los territorios para recoger testimonios, una actividad que requiere de cercanía y de la construcción de confianza con las personas y poblaciones afectadas por la guerra. Por ello, consideraron razonable solicitar la extensión de su mandato para continuar con actividades de convivencia, reconocimiento de responsabilidades, esclarecimiento de la verdad y socialización de las verdades, todo esto, en beneficio de las víctimas.
No obstante, la extensión, dijeron, tiene algunos matices: “Estando a pocos meses del fin del mandato de la CEV y en un complejo contexto electoral, las vías jurídicas para esta extensión parecen generar distintos tipos de riesgos que deben ser discutidos públicamente para su mitigación”, señalaron los más de 1.000 firmantes.
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En ese sentido, manifestaron que hay tres vías posibles para que se ampliara el período de la Comisión y, entre ellas, la más favorable sería la que transita por la Corte Constitucional. “La primera vía, abierta por el Consejo de Estado en un concepto del pasado 20 de mayo, afecta la autonomía constitucional de la CEV. En concreto, consideramos inapropiado, además de inconstitucional que sea el Presidente de la República quien pueda definir discrecionalmente las condiciones y el plazo de socialización del Informe Final a cargo de la CEV, así como las condiciones para su liquidación. La segunda, derivada de iniciativas legislativas para modificar el plazo mandato, podría dejar en manos de los actores políticos la posibilidad de modificar y alterar el trabajo de la CEV, así como torpedear la publicación del Informe Final. Finalmente, la demanda de inconstitucionalidad que se encuentra en trámite ante la Corte Constitucional si bien podría ser una oportunidad para reiterar la relevancia de la autonomía constitucional de la CEV, corrigiendo lo establecido por el Consejo de Estado, podría también significar la afectación de su autonomía”, explicaron.
Como indicaron, su mayor preocupación frente al mecanismo de extensión es que se viole la autonomía de la Comisión. Esto es clave porque el mandato de la institución es uno dirigido a la sociedad y, en especial, a las víctimas que aceptaron ser reparadas mediante la justicia transicional que dispuso el Acuerdo de Paz y de la que hace parte la Comisión de la Verdad.
En esa línea, las y los firmantes de la petición, enfatizaron en que es en virtud de dicha autonomía que le compete solo a la Comisión de la Verdad “puede indicarle al país si su labor está concluida, si pudo acceder a toda la información necesaria para cumplir la labor de esclarecimiento y determinar las condiciones de la publicación del Informe Final”.
En el documento, recordaron que la experiencia de otras comisiones de la verdad del mundo han demostrado que la calidad del informe no depende de la duración del tiempo, que su tarea de esclarecimiento está delimitada por los recursos disponibles para su realización y que el informe final de estas debe encarar los desafíos políticos de las naciones en el posconflicto. “s. En esa medida, no es dable exigirle a la CEV que extienda su mandato si esta no lo considera pertinente”, resaltaron.
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“Dado que, como hemos sostenido con anterioridad, la verdad es un bien público que debe ser protegido y respetado por todos los sectores de la sociedad, consideramos necesario que las vías jurídicas garanticen la autonomía de la CEV en estas circunstancias. Por ello, consideramos indispensable que la CEV en su pleno sea quien defina si su labor está o no concluida, especialmente estando a menos de cuatro meses de la fecha fijada para la publicación del Informe Final, que debe pasar a ser un bien público en manos de la sociedad”, concluyó la petición. Mientras tanto, el formato para firmar y apoyar la solicitud sigue abierta para que más personas se sumen a esta voluntad. La Comisión de la Verdad ha reunido cerca de 16 mil testimonios para construir el Informe Final que conocerá el país.
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