Buscan crear la categoría de “profesionales” en la Policía: ¿en qué consiste?
El proyecto de ley, promovido por partidos de gobierno, pretende que los uniformados cursen y aprueben un programa académico de formación de apenas un año. Se establecen ventajas frente a estudiantes corrientes de otras carreras.
La muerte de Javier Ordóñez a manos de la Policía, sumado a hechos como lo ocurrido con Dilan Cruz hace un año, reavivó el debate alrededor de la formación y capacitación que reciben los uniformados. Si bien la oposición presentó un proyecto de ley para reformar del todo a la institución –buscando fortalecer su carácter civil y apuntando a la desmilitarización–, los partidos de gobierno acaban de presentar su propia iniciativa para fortalecer el actuar de los policías. Su fórmula es incluir una categoría de profesionalización.
En contexto: “Si la Policía no pasa a una formación completamente cívica no hacemos nada”
La iniciativa es de autoría de los parlamentarios conservadores Juan Diego Gómez y Germán Blanco, pero cuenta con el respaldo de la plana mayor del uribismo, entre ellos María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Ernesto Macías, así como representantes y senadores de partidos como La U, Cambio Radical y los liberales.
El proyecto de ley busca esencialmente crear la categoría de “profesionales” en la jerarquía de la Policía, como un soporte organizacional del servicio que se presta en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Para ello, se propone que los uniformados cursen y aprueben un programa académico de formación de apenas un año.
Si bien se establece que la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional o quien haga sus veces, acreditará la idoneidad profesional y determinará los programas académicos, la iniciativa define la educación policial como un proceso integral de formación y capacitación para la enseñanza “de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, orientado al desarrollo de competencias policiales basadas en la adquisición y potenciación de conocimientos, de principios éticos y de capacidades de liderazgo, mediación policial y servicio comunitario”.
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Entre otras, para poder realizar el programa el proyecto establece que el estudiante, además de ser mayor de 18 años, no debe estar incurso en indagaciones o investigaciones penales, disciplinarias o fiscales, así como no tener antecedentes. A ello se suma ser bachiller, técnico, tecnólogo o profesional.
Sin embargo, lo más llamativo de la iniciativa son las muy convenientes y provechosas ventajas que podrá tener el policía que quiera ser profesional, a diferencia de cualquier estudiante corriente.
Además de que podrán recibir capacitación o entrenamiento en instituciones de educación en el extranjero, los aspirantes a profesional de la Policía tendrán derecho al pago de una bonificación mensual, según cuantía que determine el Gobierno e incluso, en diciembre recibirán otra bonificación adicional de Navidad, a lo que se suma una partida diaria de alimentación.
Por si fuera poco, podrán ser encomendados para comisiones especiales a nivel nacional e internacional, por lo que recibirán también pasajes y derecho a una bonificación diaria, incluso, en dólares estadounidenses.
Los beneficios no quedan ahí. El proyecto establece que, en caso de que al profesional se le dicte medida de aseguramiento privativa de la libertad por algún delito o irregularidad, será suspendido, pero podrá seguir recibiendo primas y subsidios. Eso sí, equivalentes a la mitad de su asignación salarial.
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Por otro lado, en su calidad de suspendido y sin que se haya dictado medida de aseguramiento, el policía podrá ser empleado en labores auxiliares de carácter técnico-administrativo. En ese caso, sí se necesitará una autorización concedida por un juez competente, “siempre que no impliquen el manejo de armas, bienes o dineros”.
Adicionalmente, en caso de ser condenado por la justicia ordinaria o penal militar, el uniformado será separado de forma absoluta del servicio activo. Sin embargo, el proyecto reza que se exceptúa de ello “al personal cuya pena sea impuesta por la Justicia Penal Militar y Policial”, cuando se trate de delitos contra el servicio o aquellos cuya pena no sea superior a dos años de prisión. En esos casos la separación solo será temporal y no definitiva.
La iniciativa establece también indemnizaciones a policías profesionales por disminución de la capacidad psicofísica, pensión de invalidez y mesadas, así como compensación a sus beneficiarios en caso de muerte.
Se precisa que los actuales patrulleros que deseen cambiarse a la categoría de profesionales podrán hacer la solicitud expresa al director general de la institución y no deben tener antecedentes penales o fiscales, así como el requisito de no haber sido sancionado disciplinariamente en los últimos cinco años.
La muerte de Javier Ordóñez a manos de la Policía, sumado a hechos como lo ocurrido con Dilan Cruz hace un año, reavivó el debate alrededor de la formación y capacitación que reciben los uniformados. Si bien la oposición presentó un proyecto de ley para reformar del todo a la institución –buscando fortalecer su carácter civil y apuntando a la desmilitarización–, los partidos de gobierno acaban de presentar su propia iniciativa para fortalecer el actuar de los policías. Su fórmula es incluir una categoría de profesionalización.
En contexto: “Si la Policía no pasa a una formación completamente cívica no hacemos nada”
La iniciativa es de autoría de los parlamentarios conservadores Juan Diego Gómez y Germán Blanco, pero cuenta con el respaldo de la plana mayor del uribismo, entre ellos María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Ernesto Macías, así como representantes y senadores de partidos como La U, Cambio Radical y los liberales.
El proyecto de ley busca esencialmente crear la categoría de “profesionales” en la jerarquía de la Policía, como un soporte organizacional del servicio que se presta en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Para ello, se propone que los uniformados cursen y aprueben un programa académico de formación de apenas un año.
Si bien se establece que la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional o quien haga sus veces, acreditará la idoneidad profesional y determinará los programas académicos, la iniciativa define la educación policial como un proceso integral de formación y capacitación para la enseñanza “de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, orientado al desarrollo de competencias policiales basadas en la adquisición y potenciación de conocimientos, de principios éticos y de capacidades de liderazgo, mediación policial y servicio comunitario”.
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Entre otras, para poder realizar el programa el proyecto establece que el estudiante, además de ser mayor de 18 años, no debe estar incurso en indagaciones o investigaciones penales, disciplinarias o fiscales, así como no tener antecedentes. A ello se suma ser bachiller, técnico, tecnólogo o profesional.
Sin embargo, lo más llamativo de la iniciativa son las muy convenientes y provechosas ventajas que podrá tener el policía que quiera ser profesional, a diferencia de cualquier estudiante corriente.
Además de que podrán recibir capacitación o entrenamiento en instituciones de educación en el extranjero, los aspirantes a profesional de la Policía tendrán derecho al pago de una bonificación mensual, según cuantía que determine el Gobierno e incluso, en diciembre recibirán otra bonificación adicional de Navidad, a lo que se suma una partida diaria de alimentación.
Por si fuera poco, podrán ser encomendados para comisiones especiales a nivel nacional e internacional, por lo que recibirán también pasajes y derecho a una bonificación diaria, incluso, en dólares estadounidenses.
Los beneficios no quedan ahí. El proyecto establece que, en caso de que al profesional se le dicte medida de aseguramiento privativa de la libertad por algún delito o irregularidad, será suspendido, pero podrá seguir recibiendo primas y subsidios. Eso sí, equivalentes a la mitad de su asignación salarial.
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Por otro lado, en su calidad de suspendido y sin que se haya dictado medida de aseguramiento, el policía podrá ser empleado en labores auxiliares de carácter técnico-administrativo. En ese caso, sí se necesitará una autorización concedida por un juez competente, “siempre que no impliquen el manejo de armas, bienes o dineros”.
Adicionalmente, en caso de ser condenado por la justicia ordinaria o penal militar, el uniformado será separado de forma absoluta del servicio activo. Sin embargo, el proyecto reza que se exceptúa de ello “al personal cuya pena sea impuesta por la Justicia Penal Militar y Policial”, cuando se trate de delitos contra el servicio o aquellos cuya pena no sea superior a dos años de prisión. En esos casos la separación solo será temporal y no definitiva.
La iniciativa establece también indemnizaciones a policías profesionales por disminución de la capacidad psicofísica, pensión de invalidez y mesadas, así como compensación a sus beneficiarios en caso de muerte.
Se precisa que los actuales patrulleros que deseen cambiarse a la categoría de profesionales podrán hacer la solicitud expresa al director general de la institución y no deben tener antecedentes penales o fiscales, así como el requisito de no haber sido sancionado disciplinariamente en los últimos cinco años.