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La aprobación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores abrió un boquete constitucional que está siendo capitalizado apenas un mes después de la salida del acto legislativo del Congreso. Expertos y constitucionalistas advertían que, una vez aprobada la cadena perpetua, se iban a presentar proyectos para ampliar su alcance a otros delitos. Y así fue. El Congreso no lleva ni dos semanas de sesiones de la nueva legislatura y ya se conocen dos iniciativas: prisión perpetua para feminicidas y para cargos de narcotráfico. La primera es de la senadora conservadora Esperanza Andrade; la otra viene de tres miembros del Centro Democrático y sería radicada próximamente.
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Ambas iniciativas llegan justo cuando el panorama de la cadena perpetua en Colombia es una incógnita. La reforma constitucional aprobada en junio pasado está a la espera de una reglamentación que debe venir del Gobierno, que cuenta con el plazo de un año para presentarla al Congreso. Este diario conoció que la vocería del tema se la ha reservado la propia Presidencia y que se está trabajando en un borrador que todavía no está listo. Por otro lado, las demandas en contra de la reforma ya están en la Corte Constitucional y ponen su futuro en puntos suspensivos. El alto tribunal tendrá la última palabra sobre si lo aprobado se acoge a los principios constitucionales.
La iniciativa de cadena perpetua para feminicidas cuenta, además de Andrade, con el apoyo de otros 22 congresistas conservadores y el de María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien apoyó con fervor la reforma que abrió el camino para habilitar la cadena perpetua en el ordenamiento jurídico colombiano.
El proyecto en cuestión apenas cuenta con dos páginas y el mismo número de artículos y, al igual que la iniciativa relacionada con los violadores y asesinos de menores de edad, plantea la modificación del artículo 34 de la Constitución, que prohíbe las penas de destierro y la cadena perpetua, con excepción, para esta última, en los casos en los que “un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir”. La propuesta conservadora pide que la misma medida sea aplicada en la “conducta punible de feminicidio contemplada en los artículos 104A y 104B de la Ley 599 de 2000”.
La reforma aprobada al artículo 34 de la Constitución establece que la pena de prisión perpetua tenga un control automático y una revisión a los 25 años, donde se pueda evaluar la resocialización del condenado. En el caso del proyecto de la senadora Andrade, se pide que esta revisión se lleve a cabo a los 20 años. Dentro de las razones expuestas para justificar el proyecto, en ningún momento se establece el porqué de la diferencia de períodos entre ambos casos, que es de cinco años en total. Sin embargo, su autora hace énfasis en que debe tenerse en cuenta la resocialización y que, si las personas condenadas presentan un verdadero cambio, “se tendrá que evaluar su pena”.
Al hablar de su proyecto, la senadora reconoce que este tipo de iniciativas tienen “tanto amigos como enemigos”, y que estos últimos son los que normalmente señalan que la cadena perpetua no es una verdadera solución para la criminalidad y que solo se estaría aumentando el problema carcelario en el país. “Es cierto que es un sistema en crisis y tenerlos en prisión por siempre es una carga, pero hay que enviar un mensaje para contener ese avance de muerte de mujeres”, concluyó Andrade. En esta línea, aseguró que el proyecto es más que necesario, pues “si se entra a comparar el Código Penal y las penas impuestas, los feminicidas pagan mucho menos cárcel que los homicidas comunes”.
A pesar de lo controvertido del proyecto, Andrade comentó a este diario que tiene plena confianza en que su propuesta tendrá éxito, precisamente por la experiencia que tuvo la cadena perpetua para violadores. Además, señaló que tiene el apoyo del partido cristiano Colombia Justa y Libres y el Centro Democrático. El partido de gobierno se cocina otro proyecto de acto legislativo de prisión perpetua, pero para delitos relacionados con el narcotráfico, que estará en cabeza de los representantes Edwin Ballesteros, Álvaro Hernán Prada y Gabriel Jaime Vallejo.
Esa iniciativa también implica una reforma al artículo 34 de la Constitución para que “excepcionalmente se permita contemplar la pena para el delito de narcotráfico”, explicó a El Espectador el representante Ballesteros. “La propuesta, al igual que la de abuso contra menores, consiste en abrir constitucionalmente la puerta para que el Gobierno, encargado de generar las políticas públicas en materia de seguridad, presente reformas al Código Penal que puedan contemplar hasta la cadena perpetua contra el narcotráfico”.
No entra a estudiar cuáles son los delitos relacionados con el narcotráfico que podrán ser castigados con estas penas y, según el representante Vallejo, será el Ejecutivo el que pase al Congreso el proyecto para definir las conductas relacionadas que deban pagarse con cadena perpetua. En este punto Ballesteros fue más allá y aseguró que la intención de este texto es “permitir esta máxima pena frente al narcotraficante que genera un gran impacto social, de criminalidad y cuya conducta es reiterada, no frente al cultivador o usuario. Vamos es por los capos”. Las mal llamadas “mulas”, personas que llevan droga al exterior en sus cuerpos, tampoco estarían contempladas para una eventual cadena perpetua.
Las críticas contra los proyectos son varias. Una muy importante es que la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la primera excepción, la de violadores y asesinos de menores. En este punto, Andrade señaló que el pronunciamiento de la Corte solo servirá de guía, pero, por las dos vueltas en el Congreso que se necesitan para aprobar una reforma a la Constitución, no se puede esperar. Por su parte, para el uribismo su propuesta urge porque “el narcotráfico sigue destruyendo no solo a las familias colombianas, sino a todo el mundo”.
Otros reparos provienen de importantes abogados, que desde el comienzo han rechazado la posibilidad de cadena perpetua en el ordenamiento colombiano. “Esto es populismo punitivo y lo único que busca es caudal electoral. No les importan los niños como decían para aprobar la cadena perpetua contra violadores y asesinos de menores edad”, declaró el abogado Francisco Bernate, quien agregó que hay delitos más graves que el narcotráfico para imponerle este tipo de penas. La verdadera pregunta es hasta dónde irá a parar la intención del Congreso para incluir otros delitos en esta camada.
