En el Consejo Nacional Electoral (CNE) no hay una, sino dos disputas que están despertando fuertes tensiones entre los nueve magistrados que tienen voz y voto en la entidad. Los casos, que se resolverán a voto limpio en los próximos días, podrían generar tensas repercusiones políticas para 2026, sobre todo para el proyecto progresista. El primer punto que mueve fibras es la ponencia que radicaron Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) contra la campaña del presidente Gustavo Petro por haber violado el tope de gasto de campaña por alrededor de $300.000 millones y registrarse financiación de fuentes prohibidas por más de $2.700 millones.
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Y el segundo asunto es la próxima elección de un nuevo presidente para la organización, que viene siendo comandada por Prada desde diciembre del año pasado y está por entrar a los agitados tiempos electorales. El magistrado no solo está vinculado en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos, sino que también ha tenido fuertes choques con el jefe de Estado debido a su participación en la investigación pese a ser un opositor del Gobierno.
El documento final contra la campaña se radicó este martes, y aunque se determinó que para los dos magistrados sí hubo violación del tope de gasto, hay expectativa sobre si acatarán el fallo de la Corte Constitucional que sentenció que el presidente Gustavo Petro no puede ser investigado por el CNE, únicamente su campaña, pues según los investigadores no se les ha notificado formalmente.
Aunque la próxima sala plena del CNE será este miércoles a las 9:30 de la mañana, ya varios equipos de los togados han confirmado que el expediente no está en el orden del día y que todo parece indicar que el tema se abordará la primera semana de septiembre, así como la elección de nueva mesa directiva. Otros consideran que podría incluirse a última hora como uno de los asuntos “varios” a tratar.
En la ponencia se imparten sanciones y multas por más de $500 millones a los responsables de haber superado los topes en 2022, entre esos el entonces gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aydée Mogollón, y los auditores, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus. La decisión final la tiene la sala plena.
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De acuerdo con las cuentas preliminares que se escuchan en los pasillos del CNE, sería una votación desfavorable para el Pacto Histórico, que no tiene mayorías en el CNE y acaba de perder el voto clave de la magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico), a quien las semana pasada recusaron y sacaron de la votación por haber sido testigo electoral de la coalición en 2022.
Con la salida de Velásquez, el Pacto tendría por mucho tres votos a su favor: el de Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres) y Altus Baquero (Partido Liberal); y cinco en su contra: Prada, Ortiz, Maritza Martínez (Partido de la U), Alfonso Campo (Partido Conservador) y Cristian Quiroz (Alianza Verde).
Y eso no es todo, pues además de los miembros de la campaña, los deseos electorales del petrismo también podrían terminar afectados por el desenlace del caso, pues dos de los partidos que integran el Pacto, Colombia Humana y Unión Patriótica, también tendrían que pagar multas.
De hecho, a algunos militantes de la coalición con la que Petro llegó al poder en 2022 les inquieta la ponencia, pues un fallo en contra podría impactar e incluso frenar el proceso de fusión que está en marcha para que el Pacto se convierta en partido único, el único camino que tiene para seguir existiendo, pues al haber superado el 15% de los votos válidos de 2022 no puede volver a coaligarse.
Para algunos togados, las posibles sanciones contra los dos partidos tumbarían su intención de fusionarse junto con Polo Democrático, el Partido Comunista y Progresistas al violar la ley electoral, específicamente el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que establece que “no podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido cuando se haya iniciado un proceso sancionatorio”.
Por ello, el resultado de la ponencia no solo desencadenaría un golpe mediático y eventuales multas a los implicados de la violación del tope de gasto, sino también un trauma a las intenciones de reelección de la izquierda. Las dudas son tantas que al interior de la agrupación se está incluso pensando si ante una negativa de la entidad renunciarían a las personerías para una fusión desde cero.
Como la decisión en el CNE requiere un mínimo de seis apoyos, lo más seguro es que a la votación entrarían dos conjueces al azar para desenredar el asunto de la ponencia final.
Sin embargo, la defensa de la campaña tiene una carta bajo la manga y es la de reiterar que los tiempos que tenían Prada y Ortiz para investigar ya vencieron, argumentando que los tres años establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para adelantar una investigación murieron en mayo (primera vuelta presidencial) y junio (segunda vuelta presidencial).
Los investigadores creen que todavía están dentro del tiempo permitido, señalando que el caso estuvo suspendido en varias oportunidades por los estudios que adelantó la Corte Constitucional para determinar la potestad de la entidad para investigar al jefe de Estado, quien finalmente salió de la ecuación.
De hecho, el alto tribunal está desenredando otro pleito interno y la gran pregunta que se hacen los togados es si el fallo llegará antes de septiembre, cuando se debe realizar la elección de un nuevo presidente. Aunque por orden alfabético, la presidencia le correspondería a Baquero, varios creen que Prada seguirá siendo la cabeza.
El estudio de la Corte se remite a la reforma que le hicieron al reglamento del CNE en febrero de este año y con el cual podría extenderse la presidencia de Prada, pues para que un magistrado sea elegido en la mesa directiva necesita ya no seis, sino siete votos, de lo contrario continúa quien esté presidiendo. La togada Velásquez presentó un recurso asegurando que hubo una violación al debido proceso, pues aunque recusó a Prada (por tratarse de una modificación que lo beneficiaría), el magistrado no sometió a votación su petición.
Mucho podría cambiar de acuerdo con quien quede en la Presidencia del CNE, pues Baquero ha mostrado cierta sintonía con el gobierno, aunque ha mantenido su independencia, mientras que Prada ha tenido varios choques con el mismo presidente Petro.
Entre esas tensiones está la vinculación de Prada en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos y el aplazamiento de $600.000 millones que ordenó Petro al CNE, hecho que algunos funcionarios de la entidad sintieron como una especie de castigo por la postura política del magistrado. En todo caso, el jefe de Estado dijo recientemente que va a frenar el aplazamiento de estos recursos.
Dentro de poco se votará la ponencia final contra la campaña Petro, un momento que tendrá todos los reflectores encima por tratarse de una decisión que bien podría frenar las intenciones electorales del mandatario que quiere que la izquierda tenga un segundo momento en el poder.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
