La imputación de la Fiscalía contra Óscar Iván Zuluaga, por la posible entrada de dineros de Odebrecht a su campaña de 2014, podría desenredar la trama de una de las contiendas presidenciales más polémicas de los últimos años, marcada por las denuncias de financiación ilegal, desinformación y hasta por las actividades de espionaje de un hacker.
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En su momento, varios medios internacionales la calificaron como la campaña de la “guerra sucia”, que se basó en ataques de parte y parte y dejó a un lado la discusión de propuestas y planes de gobierno. Los analistas aseguraron que tanta pelea generaría confusión en el electorado y haría desistir de votar a quienes permanecían indecisos.
Los resultados de la primera vuelta les dieron la razón. La abstención fue del 59,93 %, la más alta desde la primera vuelta de 1994, en las que se enfrentaron Ernesto Samper y Andrés Pastrana. “La llamada ‘guerra sucia’ puede ayudar a entender la apatía, pero no es la única explicación. Existe un grado de responsabilidad de los candidatos y los partidos que parecen no estar interpretando de forma adecuada los anhelos y frustraciones de una gran proporción de los ciudadanos”, dijo en ese entonces César Caballero, fundador de la firma encuestadora Cifras y Conceptos.
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Lo cierto es que, mientras en público los candidatos recorrían el país buscando los votos, en privado, junto a sus equipos, planeaban cómo responder a los ataques de su rival o cómo lanzar los propios.
El primer escándalo golpeó la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. Se trató de la denuncia de Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos “comba”, narcotraficantes y líderes de los Rastrojos. Él aseguró que junto a otros capos como alias alias Cuchillo y el Loco Barrera, reunieron más de US$12 millones para buscar un proceso de sometimiento a la justicia con el gobierno Santos.
Calle Serna dijo que la plata le fue entregada a J.J Rendón, el estratega venezolano que trabajaba para el candidato-presidente. Rendón admitió el contacto, pero negó el tema del dinero y dijo que fue Germán Chica, exdirector ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, quien hizo el primer puente y, tal vez, se habría quedado con el dinero. Chica, por su parte, también reconoció la intermediación con los narcos, pero negó los pagos y le devolvió la acusación a Rendón.
Al final de cuentas, el escándalo no quedó en nada, pero fue uno de los caballitos de batalla de la campaña Zuluaga. De hecho, fue el propio Álvaro Uribe quien se encargó de atizar el fuego y repetir ante diferentes instancias que la campaña de Santos era sucia y que su gobierno recibía dineros del narcotráfico.
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Luego llegó el hallazgo de unas oficinas en el norte de Bogotá que, según la Fiscalía, funcionaban como un centro de espionaje en la que se “chuzaban” las comunicaciones de los negociadores de paz del Gobierno en el proceso con las Farc. Allí fue capturado el hacker Andrés Sepúlveda, relacionado con la campaña de Zuluaga.
En un principio, el candidato dijo que Sepúlveda solo trabajaba para él como asesor de redes sociales y seguridad informática. Después se conoció que el hacker, por intermediación de Luis Alfonso Hoyos, asesor espiritual de Zuluaga, le habría ofrecido información sobre Juan Manuel Santos al canal RCN. Luego se difundió el famoso “video del hacker”, en el que se observa a Zuluaga y Sepúlveda hablar sobre los negociadores de La Habana.
El expresidente Uribe volvió a salir en defensa de su candidato y dijo que se trataba de una cortina de humo para tapar el caso de los capos del narcotráfico. Aunque el video fue revelado una semana antes de la primera vuelta, Zuluaga se impuso en las urnas, con 3.769.000 votos, cerca de 450.000 más que Santos.
Sin embargo, el hecho también se convirtió en un arma para la campaña del presidente, que logró cohesionar aún más su coalición de gobierno, Unidad Nacional, desde donde salieron duros reclamos contra Zuluaga de personajes como Armando Benedetti, Simón Gaviria, Guillermo Rivera, entre otros.
La sombra de Odebrecht
Además de esos escándalos, que no trascendieron más allá de la condena de 10 años contra el hacker Sepúlveda, Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga terminaron enredados en una maraña más compleja, que aún deja muchas preguntas y que tiene nombre propio: Odebrecht.
En 2017, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez aseguró que ambas campañas habrían recibido dinero de la multinacional brasileña involucrada en numerosos casos de corrupción en Latinoamérica. Martínez le pidió una investigación al Consejo Nacional Electoral (CNE), que años después terminó archivando los procesos.
A pesar de los llamados de organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), que pide claridad frente a las denuncias, los únicos que han caído en Colombia por el caso Odebrecht son algunos funcionarios y políticos señalados de participar en los entramados de corrupción que involucran millonarias coimas para la licitación del proyecto Ruta del Sol II. En este caso está involucrado Roberto Prieto, quien fuera gerente de las dos campañas presidenciales de Santos.
Prieto también acaba de ser inhabilitado durante 12 años por la Procuraduría, que comprobó irregularidades en el informe de ingresos y gastos entregado al CNE desde la campaña Santos. Sin embargo, nadie más ha respondido por los señalamientos. Por esta razón, el llamado a indagatoria de Óscar Iván Zuluaga y de su hijo, David Zuluaga Martínez, por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito, podría abrir la puerta para entender cómo, Odebrecht, jugado a dos bandas, influyó en las elecciones de 2014.
Como en la campaña, este episodio despertó varias reacciones, entre estas la de Álvaro Uribe, quien aseguró que siente dolor por Zuluaga y su hijo, así como “dolor de patria” por la impunidad en el caso de Santos y Odebrecht.
Aunque hoy el escenario político es diferente, pues la opinión pública se concentra en Petro y sus reformas, la campaña del 2014 sigue muy viva en los terrenos judiciales, demostrando que aún requiere bastante escrutinio.
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Por David Efrén Ortega
