El revuelo político y judicial por la alcaldía de Santa Marta dio un giro este viernes, con el que quedó como alcalde Carlos Pinedo, candidato cercano al uribismo, y le quitó la continuidad a la que aspiraba la izquierda con Jorge Agudelo, de Fuerza Ciudadana. Esta novela, con la que se afectan los intereses de la Casa de Nariño, duró 26 días.
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Casi un mes después de las regionales del 29 de octubre, que en el escrutinio había ganado Agudelo —cuyo partido es cercano al Gobierno de Gustavo Petro— con 85.616 votos, la comisión escrutadora de la capital de Magdalena acogió un fallo judicial que tumbó la tutela con la que el aupado por el exgobernador Carlos Caicedo inscribió su candidatura. Incluso, ordenó que los votos con los que ganó en las urnas fueran declarados como “no marcados”.
Es decir, esa comisión municipal, con base en un auto judicial, borró del mapa político a Agudelo; es como si nunca hubiera participado en los comicios, ya que su inscripción fue, según los tribunales, irregular y extemporánea.
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Lo que dice el documento de la instancia electoral regional, conocido este viernes, es que se acogió el fallo del Tribunal Superior de Santa Marta que, solo 24 horas antes, había tumbado el fallo de tutela con el que Agudelo se arropó para aspirar a la alcaldía.
Los argumentos que esbozan desde los estrados judiciales es que el aspirante de Fuerza Ciudadana inscribió su candidatura el 12 de octubre; es decir, 17 días antes de las elecciones, cuando el plazo máximo de la Registraduría para hacer cambios en los nombres y las caras que aparecerían en los tarjetones era el 29 de septiembre. Eso, porque el 28 de septiembre —un día antes de que cerraran la posibilidad de inscribir candidatos—, el Consejo Nacional Electoral revocó la aspiración de Patricia Caicedo, quien era inicialmente la opción del partido de su hermano para llegar a la alcaldía, pero ese era un conflicto de intereses insalvable: Carlos Caicedo en ese momento era gobernador del Magdalena.
Por eso, al interior del partido y para no quedarse sin candidato oficial —que además sería una ficha clave para el Gobierno–, en menos de dos semanas instauraron una tutela para que le permitieran a esa colectividad reemplazar a Patricia Caicedo. Esa tutela, que le dio vía libre a Agudelo de aparecer en el tarjetón, aunque su inscripción haya sido extemporánea, es la que el Tribunal de Santa Marta tumbó y lo que motivó la decisión de la comisión escrutadora que anuló a quien había ganado.
La decisión fue tan trascendental que algunos de los simpatizantes de Fuerza Ciudadana bloquearon este viernes la Troncal del Caribe, una vía nacional que conecta a varios municipios de la Costa. Lo hicieron a la altura del Hotel Estelar, que es donde se aloja la comisión escrutadora.
Uno de los protagonistas de esta pelea electoral es Hollman Ibáñez, el abogado de Carlos Pinedo que, a hoy, será quien se posicionará como alcalde el próximo 1° de enero. En diálogo con este diario, aseguró que “Jorge Agudelo nunca ganó la alcaldía porque nunca fue candidato. Tenemos documentadas más de 500 irregularidades”.
Lo que sigue en el proceso es que, con este auto judicial en mano, la comisión escrutadora entregue la credencial al nuevo alcalde que sería Carlos Pinedo. Ese proceso, aunque todavía no tiene fecha, sedaría la próxima semana. “Sobre los demás asuntos nos entenderemos en la justicia con Agudelo”.
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Pero lo cierto es que las elecciones a la alcaldía de Santa Marta han estado enredadas desde el principio. Primero, porque después del preconteo el día de las elecciones, la diferencia entre Agudelo y Pinedo era de apenas 282 votos; es decir, fue casi un empate técnico. Y en una ciudad capital como esa, un margen tan mínimo entre dos candidatos generó controversia y desconfianza institucional. De hecho, para el 30 de octubre ya se habían presentado los primeros disturbios por simpatizantes de ambos candidatos que se habían citado en el Centro de Convenciones, lo que terminó con insultos y empujones.
Desde ese momento, Caicedo, quien renunció a la gobernación el 12 de octubre para hacer campaña de frente y de lleno con Fuerza Ciudadana, pidió que se militarizara la ciudad mientras la comisión escrutadora verificaba, uno a uno, los votos para determinar el ganador. Hasta el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, intervino para solicitar “acciones que refuercen el acompañamiento y las garantías electorales en la recta final del escrutinio”.
Fue hasta el 10 de noviembre, diez días después de los comicios, que el escrutinio ratificó la victoria de Agudelo a la alcaldía y determinó que el primer puesto de Santa Marta se definió por votofinish con apenas 246 votos entre los candidatos. Esa diferencia fue, incluso, menor a la del preconteo.
Esa victoria no era únicamente de Agudelo —que hizo campaña en solo dos semanas— o de Carlos Caicedo, el jefe máximo de Fuerza Ciudadana, sino que era un triunfo que el mismo presidente Gustavo Petro cobró al identificarla como afín a su Gobierno. Y es que no son desconocidos: Caicedo y Petro fueron alcaldes en el mismo período (2011), en Santa Marta y Bogotá, respectivamente; además de compartir un modelo político de izquierda que los ha llevado a encontrar puntos en común.
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Y como en las regionales Petro perdió las alcaldías capitales principales —como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena—, la de Santa Marta era una de las pocas en las que había ganado un candidato que iba a ser abiertamente cercano suyo. Por eso, la decisión judicial de reconfigurar el mapa político en esa ciudad tampoco le cayó bien al petrismo. El mismo presidente, en su cuenta de X, escribió: “Lo que tenemos es una burla al voto ciudadano de Santa Marta. Art 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos: No se pueden quitar derechos políticos sino por sentencia de juez penal”.
Esta tesis la respaldó el secretario de Transparencia, Idárraga, quien replicó en sus redes una denuncia del diario La Libertad, con este mensaje: “Comisión Escrutadora sin facultades jurídica interpreta fallo de tutela desatendiendo decisión del máximo órgano electoral para excluir votos a Agudelo”. Y en esa línea estuvo Carlos Caicedo, quien lo calificó como “acciones de la mafia”.
Incluso, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ya pidió que la discusión electoral se lleve hasta la Corte Constitucional. “Que se pronuncie sobre el fallo del Tribunal del Distrito Judicial de Santa Marta, evaluando si dicho fallo se encuentra alineado o no, con la Constitución y con la Convención Americana de DD.HH. La incertidumbre, en todo caso, es cada vez mayor.
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