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Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), magistrados ponentes en el proceso del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, radicaron esta semana un proyecto para que la sala plena rechace las nulidades presentadas. Estas fueron radicadas por los abogados del presidente, así como de Ricardo Roa (exgerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol) y María Lucy Soto (exauditora de la campaña).
Las nulidades que presentaron los apoderados de Petro, Roa y Soto, en su mayoría, estriban en torno a la competencia del CNE para investigar la campaña. En ese sentido, los ponentes argumentaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ratificó la competencia del tribunal electoral para investigar al presidente en una actuación administrativa, toda vez que esta no comprometería la estabilidad y permanencia en la Casa de Nariño.
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Según pudo confirmar este medio, la idea es que en el transcurso de las próximas dos semanas, la Sala Plena del tribunal electoral vote el proyecto radicado por Prada y Ortiz. Si consiguen los seis votos necesarios de nueve posibles, continuaría el proceso en el que se investiga, de manera administrativa, las presuntas violaciones del tope de recursos en la campaña.
Si esto ocurre, se procedería a la expedición de un decreto de práctica de pruebas para lo que tendrían un plazo de 60 días, es decir, dos meses a partir de la fecha en que salga la decisión. Y, luego de ello, se correría un traslado para que la defensa presente los alegatos de conclusión. Finalmente, la Sala Plena del Consejo Electoral tomaría una decisión de fondo en el caso.
En todo caso, el reloj corre en contra. El tribunal electoral tiene plazo hasta junio de este año para tomar una determinación respecto a la responsabilidad administrativa por el caso de la financiación de la campaña. Si no ocurre antes del 19 de junio, cuando se cumplan tres años de la segunda vuelta de 2022, el caso precluirá.
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El pasado 8 de octubre, el CNE notificó de manera oficial a la defensa del presidente Petro que sería investigado por la supuesta violación de los topes. El acervo probatorio, conocido en su integridad por El Espectador, evidencia una posible violación de los topes de financiación que superaría los $3.000 millones.
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