Un informe de seguridad presentado por la Federación Nacional de Departamentos alertó sobre la materialización de una “escalada terrorista generalizada” que presenta “12 o más frentes de confrontación”. La organización señala que se reporta un “fortalecimiento” de los grupos armados ilegales.
De acuerdo con Fededepartamentos, se contrastaron diferentes fuentes de orden nacional, departamental, municipal, organismos internacionales y ONG para determinar las cifras que deja la violencia en el país. Según estos cálculos, la extorsión pasó de 8.362 en 2019, a 9.791 en 2022 y a 12.334 en 2024, con un aumento del 32 %. En el caso del secuestro, en 2019 fue de 163, en 2022 de 223 y en 2024 de 290, un incremento del 44 %.
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Otros delitos reportan un crecimiento en sus números: la trata de personas pasó de 114 casos en 2019, a 145 en 2022, a 250 en 2024; mientras que las cifras de homicidios disminuyeron en 2024 (13.357) con respecto a 2022, cuando alcanzó los 13.540 después de que en 2019 fuera de 12.549.
Esta alerta ocurre, además en medio de la crisis de violencia en algunas regiones del país, que en El Plateado, Cauca, reportó un carro bomba este martes y, por el momento, no hay certeza del número exacto de heridos o de víctimas fatales, y en Norte de Santander resultó en más de 47.000 personas desplazadas y cerca de 41 homicidios, según cifras del Ministerio de Defensa. Y es que, de acuerdo con los datos presentados por Fededepartamentos, se han presentado, tan solo en lo que va de enero, 18 combates entre grupos armados y la fuerza pública.
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La organización advierte que en Norte de Santander, Sur de Bolívar, Bajo Cauca Antioqueño, Arauca, Vichada-Guainía, Guaviare-Meta, Pacífico chocoano, norte del Cauca, Nariño, Putumayo-Caquetá, La Guajira y Valle del Cauca es donde se ha expandido la violencia. Agregó que los grupos armados ilegales llegaron a crecer para relacionarse con estructuras criminales transnacionales, con disputas por “el control territorial y rutas de economías ilegales”.
Parte de las alertas que lanzó Fededepartamentos tiene que ver también con la disminución de la erradicación de cultivos de uso ilícito, a la que le atribuye “la inestabilidad territorial”. Los datos presentados muestran que desde 2019 (94.606 y en 2022 68.898) a la fecha (9.403) esta se ha frenado en un 907 % y que la producción de clorhidrato de cocaína “preocupa a los gobiernos departamentales por cuanto se ha convertido en un foco de violación de los derechos fundamentales de la población civil, que podría abrir la puerta a una confrontación similar o mayor a la que se está viviendo en el Catatumbo”.
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Otra de las preocupaciones es que 2025 es el año prelectoral y se reportan “control social y sometimiento de los líderes y lideresas de diferentes ámbitos”. Justamente, precisa que son “factores que requieren especial atención para garantizar el ejercicio democrático y la participación ciudadana sin ningún tipo de constreñimiento por grupos violentos”.
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