“Ceder espacios a la corrupción en emergencia por COVID-19 es complicidad”: Gobierno

Un fuerte llamado hizo el Gobierno Nacional a los servidores públicos, ordenadores del gasto y supervisores, para que cumplan con el deber de garantizar transparencia, legalidad e integridad en la contratación de productos y servicios para enfrentar la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.

A través de una circular conjunta, la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, el Departamento de la Función Pública y la Agencia de Contratación Pública, advierten sobre responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias durante la actual crisis, impartiendo una serie de  recomendaciones que deben cumplir a la hora de invertir los recursos del Estado.

En este sentido, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez recordó que el ordenamiento jurídico exige a todos los servidores públicos “denunciar con inmediatez conductas presuntamente irregulares y delictivas, realizar debida valoración de los riesgos, actuar con total transparencia e integridad, y aplicar correcta y cabalmente las disposiciones jurídicas contractuales, acciones indispensables para conjurar cualquier oportunidad que tengan los delincuentes”.

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Y es que la crisis sanitaria generada por la pandemia del nuevo coronavirus ha obligado a adoptar medidas de excepción por parte del Ejecutivo, y ha habilitado mecanismos para agilizar la adquisición de bienes y servicios, que permitan reaccionar con prontitud  para proteger la salud y la vida de los colombianos. “Ello no puede dar cabida a  hechos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, abusos de poder; ni agilidad para gestionar recursos significa abrir puertas a la corrupción, ni acción u omisión son menos graves que fraude y malversación de fondos”, enfatizó la vicepresidenta.

Por su parte, la secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño, insistió en que la emergencia sanitaria “no puede ser aprovechada para incumplir la ley, ni para usurpar los dineros públicos. Es nuestra obligación con el país entero desempeñar la función actuando con transparencia en la ejecución de los dineros públicos y, con mayor razón, los destinados a la crisis que afecta los más preciados derechos, como son la vida y la salud de nuestros compatriotas”.

La directriz insiste en que la prevención de irregularidades de orden administrativo y situaciones susceptibles de hechos delictivos en celebración y ejecución de contratos, fortalecen los mandatos institucionales e incrementan la confianza ciudadana. “No se pueden ceder espacios ante la situación de emergencia y todos los ordenadores del gasto público y los supervisores deben garantizar adecuada gestión contractual, entrega de productos y la prestación de los servicios en esta emergencia”, agregó Londoño. La funcionaria insistió además en la celeridad e inmediatez requerida para obtener los bienes o servicios necesarios para enfrentar la emergencia.

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En esencia, el documento señala las disposiciones que deben aplicarse  en  las diferentes etapas de contratación, que se resume en cinco puntos: normatividad aplicable; medidas de transparencia; lineamientos en materia de gestión de riesgos de corrupción y de integridad pública; acciones de promoción de la transparencia; el acceso a la información y la rendición de cuentas y, finalmente, el seguimiento y monitoreo de la gestión en el marco del Sistema de Control Interno.

La circular insiste igualmente en el imperativo de aplicar las normas que rigen al amparo de la reciente declaratoria de Emergencia Económica y Social, enunciadas en la “Guía de Transparencia en la Contratación Estatal Durante la Pandemia del COVID-19”, editada por Colombia Compra Eficiente. Y reafirma que los contratos para compras de bienes y servicios deben guardar directa relación con la mitigación de la pandemia, y realizarse teniendo en cuenta los precios del mercado para lo cual es necesario estructurar un estudio de trazabilidad de precios. Así como hacer minucioso seguimiento a la calidad de los productos, servicios y a la entrega de los mismos.

También enfatiza que la urgencia no significa incumplimiento de la ley y en la obligatoriedad de cumplir el principio de publicidad de contratación, conforme a los requisitos legales; soportar jurídicamente las decisiones, hacer uso de las plataformas e instrumentos de la Agencia Nacional de Contratación, e igualmente es importante identificar al beneficiario final, y tomar medidas razonables para verificar su identidad, entre otras.  Hace igualmente un juicioso y detallado método sobre la forma adecuada de adelantar contrataciones de urgencia manifiesta, y el buen uso de los recursos públicos destinado a mitigar los efectos de la pandemia.

Y para el fortalecimiento de la transparencia a través del control ciudadano, se insta a los funcionarios encargados de la contratación a establecer mecanismos y canales de comunicación con la comunidad para que conozcan sobre las acciones a realizar, los procesos de seguimiento, el monitoreo de los contratos y a incentivar los procesos de denuncia.

Por último, la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, el Departamento de la Función Pública y la Agencia de Contratación reafirmaron que están disponibles y preparadas para orientar a servidores y contratistas en la adecuada gestión de los recursos estatales.

Un fuerte llamado hizo el Gobierno Nacional a los servidores públicos, ordenadores del gasto y supervisores, para que cumplan con el deber de garantizar transparencia, legalidad e integridad en la contratación de productos y servicios para enfrentar la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.

A través de una circular conjunta, la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, el Departamento de la Función Pública y la Agencia de Contratación Pública, advierten sobre responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias durante la actual crisis, impartiendo una serie de  recomendaciones que deben cumplir a la hora de invertir los recursos del Estado.

En este sentido, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez recordó que el ordenamiento jurídico exige a todos los servidores públicos “denunciar con inmediatez conductas presuntamente irregulares y delictivas, realizar debida valoración de los riesgos, actuar con total transparencia e integridad, y aplicar correcta y cabalmente las disposiciones jurídicas contractuales, acciones indispensables para conjurar cualquier oportunidad que tengan los delincuentes”.

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Y es que la crisis sanitaria generada por la pandemia del nuevo coronavirus ha obligado a adoptar medidas de excepción por parte del Ejecutivo, y ha habilitado mecanismos para agilizar la adquisición de bienes y servicios, que permitan reaccionar con prontitud  para proteger la salud y la vida de los colombianos. “Ello no puede dar cabida a  hechos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, abusos de poder; ni agilidad para gestionar recursos significa abrir puertas a la corrupción, ni acción u omisión son menos graves que fraude y malversación de fondos”, enfatizó la vicepresidenta.

Por su parte, la secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño, insistió en que la emergencia sanitaria “no puede ser aprovechada para incumplir la ley, ni para usurpar los dineros públicos. Es nuestra obligación con el país entero desempeñar la función actuando con transparencia en la ejecución de los dineros públicos y, con mayor razón, los destinados a la crisis que afecta los más preciados derechos, como son la vida y la salud de nuestros compatriotas”.

La directriz insiste en que la prevención de irregularidades de orden administrativo y situaciones susceptibles de hechos delictivos en celebración y ejecución de contratos, fortalecen los mandatos institucionales e incrementan la confianza ciudadana. “No se pueden ceder espacios ante la situación de emergencia y todos los ordenadores del gasto público y los supervisores deben garantizar adecuada gestión contractual, entrega de productos y la prestación de los servicios en esta emergencia”, agregó Londoño. La funcionaria insistió además en la celeridad e inmediatez requerida para obtener los bienes o servicios necesarios para enfrentar la emergencia.

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En esencia, el documento señala las disposiciones que deben aplicarse  en  las diferentes etapas de contratación, que se resume en cinco puntos: normatividad aplicable; medidas de transparencia; lineamientos en materia de gestión de riesgos de corrupción y de integridad pública; acciones de promoción de la transparencia; el acceso a la información y la rendición de cuentas y, finalmente, el seguimiento y monitoreo de la gestión en el marco del Sistema de Control Interno.

La circular insiste igualmente en el imperativo de aplicar las normas que rigen al amparo de la reciente declaratoria de Emergencia Económica y Social, enunciadas en la “Guía de Transparencia en la Contratación Estatal Durante la Pandemia del COVID-19”, editada por Colombia Compra Eficiente. Y reafirma que los contratos para compras de bienes y servicios deben guardar directa relación con la mitigación de la pandemia, y realizarse teniendo en cuenta los precios del mercado para lo cual es necesario estructurar un estudio de trazabilidad de precios. Así como hacer minucioso seguimiento a la calidad de los productos, servicios y a la entrega de los mismos.

También enfatiza que la urgencia no significa incumplimiento de la ley y en la obligatoriedad de cumplir el principio de publicidad de contratación, conforme a los requisitos legales; soportar jurídicamente las decisiones, hacer uso de las plataformas e instrumentos de la Agencia Nacional de Contratación, e igualmente es importante identificar al beneficiario final, y tomar medidas razonables para verificar su identidad, entre otras.  Hace igualmente un juicioso y detallado método sobre la forma adecuada de adelantar contrataciones de urgencia manifiesta, y el buen uso de los recursos públicos destinado a mitigar los efectos de la pandemia.

Y para el fortalecimiento de la transparencia a través del control ciudadano, se insta a los funcionarios encargados de la contratación a establecer mecanismos y canales de comunicación con la comunidad para que conozcan sobre las acciones a realizar, los procesos de seguimiento, el monitoreo de los contratos y a incentivar los procesos de denuncia.

Por último, la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, el Departamento de la Función Pública y la Agencia de Contratación reafirmaron que están disponibles y preparadas para orientar a servidores y contratistas en la adecuada gestión de los recursos estatales.