Este miércoles 23 de septiembre, la bancada del partido Centro Democrático, presentó un proyecto de ley para realizar una revisión automática judicial de las sentencias de la Justicia Especial para la Paz (JEP) contra miembros de la Fuerza Pública y busca establecer que cualquier modificación solo podrá hacerse en favor del sancionado.
La iniciativa establece una revisión automática judicial de estas sentencias, sin que el militar o policía tenga que solicitarla. De esta manera, todos los miembros de la Fuerza Pública tendrán la misma garantía, independientemente de sus recursos económicos o de las circunstancias particulares de su defensa. El proyecto plantea que la revisión esté a cargo del Tribunal Superior Militar y Policial, que podrá confirmar, modificar o revocar las decisiones de la JEP, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Operacional y las garantías constitucionales.
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Además, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso que ninguna sentencia pueda agravar la situación del sancionado. La decisión solo podrá modificarse en su favor; según señalan, sería con la aplicación del principio de no reformatio in pejus, como garantía del debido proceso.
“En todos los procesos que se surten en la JEP sobre militares y policías, haya una instancia de revisión con jueces que esté en capacidad, que no tiene la JEP la conducta de nuestros uniformados. […] Hoy la JEP que no sabe de derecho operacional, decide sobre la conducta de nuestros uniformados y frecuentemente comete injusticias”, aseguró Rafael Nieto, uno de los ponentes de la iniciativa.
La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, se pronunció sobre el proyecto de acto legislativo presentado por su bancada y agregó que esto ocurre para que “los militares sean juzgados por militares que conozcan las condiciones que se desarrollan en las operaciones militares y no quede como última palabra las sentencias de civiles”.
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Esto ocurre donde se busca recortar el presupuesto de este tribunal especial en COP 170.000 millones para redistribuirlo en nuevas carteras y otros partidos de derecha como Salvación Nacional, presentó este mismo miércoles un ajuste a la Constitución para evitar la prórroga de la JEP. La propuesta pretende que este tribunal culmine sus funciones en marzo de 2028, pero de forma paralela pide que los procesos que se adelantan desde la JEP recaigan en la justicia ordinaria y bajo las garantías presentadas en el marco del acuerdo del 2016. El siguiente paso de ambas iniciativas será pasar su primer debate en la Comisión Primera del Senado.
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