El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, radicó este lunes una denuncia en la Fiscalía en contra del ministro de Defensa, Diego Molano, al considerar que el funcionario ha cometido presuntamente los delitos de prevaricato por omisión y ha permitido presuntamente otros delitos, como homicidio y lesiones personales, por omisión impropia respecto de varios hechos relacionados con el paro nacional, como las acciones de civiles armados en Cali.
Según Cepeda, se ha evidenciado en video el uso de armas de fuego por parte de civiles en presencial de la Policía Nacional y los agentes “no solo obviaron su deber de detenerlos en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (art. 365 del Código Penal) y homicidio (art. 103 del Código Penal), sino que en algunos casos les brindaron protección”.
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“Pese a estar abundantemente probadas y documentadas, no han merecido del ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, una condena clara y absoluta de los hechos protagonizados por civiles, ni mucho menos una orden directa a los agentes de policía para que actúen en consecuencia con la ley y detengan a quienes violando las disposiciones sobre porte y uso de armas de fuego, realizan disparos deliberados contra manifestantes cometiendo múltiples homicidios”, dice Cepeda en su denuncia.
El senador también hizo referencia a hechos ocurridos en el sector La Luna o en Siloé, en Cali, las reuniones que en esa ciudad se han realizado a través de grupos de Whatsapp “por iniciativa de la Policía Nacional” y las denuncias de disparos en contra de la minga indígena, también ocurridos en inmediaciones de Ciudad Jardín, en la capital del Valle del Cauca, cuando los indígenas entraron a la ciudad.
En ese sentido, mencionó casis de civiles armados en Tuluá, Medellín o Bucaramanga. También hizo énfasis en las situaciones más recientes que tuvieron lugar en Cali, en donde cámaras de seguridad registraron a civiles portando armas largas y cortas que habrían accionado contra la protesta. “De manera paralela dos agentes de policía se encuentran en el punto, observan el porte de armas y no realizan ningún tipo de acción”, señaló Cepeda.
Para el senador, el ministro Molano se ha manifestado en apoyo a la Fuerza Pública, pero “no hizo referencia alguna a los videos en los que se evidencia la protección y connivencia de decenas de agentes de policía con civiles armados que atacaron a los manifestantes”.
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“Los hechos expuestos en este escrito, presuntamente encajan en los tipos penales de prevaricato por omisión, y homicidio y lesiones personales en la modalidad de comisión por omisión impropia”, denuncia Cepeda. “El ministro de Defensa, Diego Molano, ha tolerado con su silencio las acciones ilegales desplegadas por grupos de civiles armados en varias ciudades del país, lo cual supone omitir el deber que le asiste de garantizar que se cumpla la prohibición constitucional de apoyar, tolerar o 17 emplear grupos civiles armados organizados con fines ilegales”, añade el congresista.
Asegura que la falta de condena de estos hechos por parte del Gobierno Nacional y del ministro Molano ha sido “notoria”. “El silencio y la ausencia de condena pública por parte del ministro de Defensa a los hechos delincuenciales cometidos por grupos de civiles armados ha generado sin duda alguna un clima de favorecimiento y protección que ha permitido que esas acciones se repliquen día tras día en distintas ciudades del país, sin ningún tipo de control ni limitación, y que hayan ocurrido incluso al amparo, la connivencia y la tolerancia de la fuerza pública (tanto la policía como el ejército nacional), de la cual es cabeza el ministro de Defensa”.
Por otra parte, la denuncia de Cepeda ante la Fiscalía señala que el ministro Molano “no solo ha omitido o retardado un acto propio de sus funciones como es garantizar el monopolio de las armas en el Estado, sino que ha incurrido en omisión impropia, dada su posición de garante, en los delitos contra la vida y la integridad personal”. Por eso, el senador aduce que ha habido omisión por parte del ministro de Defensa “al deber de asegurar que la fuerza pública cumpla con el ordenamiento legal y constitucional vigente, y ha supuesto un favorecimiento, en la modalidad de omisión, a la comisión de las conductas punibles”.
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