El anuncio de la no renovación del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) generó una oleada de reacciones en la arena política. A través de redes sociales, varios congresistas, exfuncionarios del Ejecutivo y mandatarios locales lamentaron la noticia e incluso cuestionaron a la administración de Gustavo Petro por los resultados de su política de paz total.
Desde el Legislativo, el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, dijo que se trata de la “crónica de una muerte anunciada”, pues, según su punto de vista, el cese al fuego era “insostenible” por los enfrentamiento entre las disidencias de Calarcá y las de alias Iván Mordisco. “Es lamentable porque significa el fracaso de la paz total, un sueño que muchos tuvimos”, dijo Ávila.
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Para el senador, el caso de las disidencias de Calarcá se suma a los del ELN, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, grupos con los que el gobierno Petro intentó dialogar, pero con los que no logrará mayores avances en el año y medio que le resta al mandato. “Va a venir una arremetida militar muy seguramente”, agregó.
El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, también calificó el anuncio como “lamentable” y aseguró que los colombianos quieren ver voluntad de paz de todos los actores armados del país. “Ojalá los demás grupos armados tomen la iniciativa de tener acciones concretas para la paz”, aseguró.
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“Con la decisión del presidente Petro de finalizar el cese al fuego con las disidencias de Calarcá acaba el último cese con las 4 estructuras armadas ilegales más grandes y que más daño hacen la población civil: ELN, Clan del Golfo, disidencias de Iván Mordisco y Calarcá. El estado los enfrentará en el territorio. Esos grupos no cumplieron sus compromisos ni avanzaron en una real voluntad de desmovilización y desarme”, opinó Juan Fernando Cristo, exministro del Interior del gobierno Petro.
Desde Antioquia, la voz del gobernador Andrés Julián Rendón fue más crítica. El mandatario recordó que el Ejército llegó a capturar a Calarcá en las vías de su departamento, pero que la decisión del Ejecutivo fue liberarlo para continuar con unos diálogos que hoy quedaron en vilo.
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“A la Comisión de Verificación del Cese al Fuego le informamos innumerables veces que en Antioquia estos criminales estaban violando el cese al fuego. Es más, ayer enviamos el último oficio con denuncias de extorsión de la comunidad sobre estos bandidos. Será difícil remontar, porque tuvieron casi tres años para fortalecerse y enriquecerse, pero de peores situaciones hemos salido”, aseguró el gobernador.
De acuerdo con el Gobierno, la decisión de no prorrogar el cese al fuego bilateral no implica la suspensión o el fin de la mesa de diálogos ni afecta los reconocimientos como miembros representantes del EMBF para este proceso; sin embargo, las partes quedan notificadas de que tienen 72 horas “para que puedan ubicarse en sitios donde asuman sus propias medidas de seguridad y protección”.
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