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A través de la resolución 275 de 2023, el presidente Gustavo Petro reconoció a los representantes de su Gobierno que se encargarán de verificar el cese al fuego bilateral y temporal con el ELN. En la instancia nacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación aparece el brigadier general Rafael Olaya Quintero, quien estará acompañado por el coronel Isidro Barrero, el coronel Iván Alberto Pintor Acosta y cinco oficiales más.
Como civiles estarán Oscar Mauricio Silva, Anderson Manuel Vargas, profesor de la Universidad Nacional, e Isabella Sinisterra Barón, profesora de los Andes. La instancia regional está liderada por el coronel Robinson Carvajal González, mientras que la instancia local por el sargento Manuel Jesús Benavídes Tacán.
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Este miércoles también se instaló, en Arauca, la octava de las nueve sedes del mecanismo de verificación del cese al fuego, con lo cual solo queda pendiente la de Quibdó (Chocó). “Esperamos que la puesta en marcha del mecanismo en Arauca contribuya a prevenir incidentes, resolver problemas, bajar la intensidad del conflicto, permitir la participación de la sociedad en el proceso de paz y mejorar la situación humanitaria de la población”, señaló la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego, además de la instancia nacional en Bogotá y las nueve sedes regionales, cuenta con 22 instancias locales que funcionarán en parroquias o en oficinas de la Misión de la ONU.
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Es de resaltar que la Misión de la ONU en Colombia tendrá 68 observadores para integrar las tres instancias. Además, las labores de monitoreo estarán a cargo de la Conferencia Episcopal, a través de las Diócesis y Arquidiócesis en los territorios. Junto a los designados del gobierno Petro, en la coordinación nacional estará monseñor Darío Monsalve, así como Bernardo Téllez y Gustavo Martínez como representantes del ELN.
Entre tanto, la Comisión de Paz del Senado lamentó los enfrentamientos entre el ELN y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC en el municipio de Puerto Rondón, Arauca, que han dejado al menos nueve muertos y once heridos. La Comisión le exigió a ambos grupos que cesen cualquier acción que produzca graves afectaciones a la población civil, a menores de edad y genere infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
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