“No afecta la histórica relación”: Cancillería sobre rechazo legislativo a Petro
El pasado viernes, el Congreso de Perú declaró al presidente Gustavo Petro como persona “no grata” por los señalamientos que en su momento realizó sobre los movimientos y el actuar de la Policía en ese país.
La Cancillería de Colombia informó este domingo de que “toma nota” de la moción aprobada por el Congreso de Perú en la que se declara al presidente colombiano, Gustavo Petro, como persona non grata y aseguró que lo considera “un acto de carácter político” que no “afecta la histórica relación” entre ambos países.
Petro fue declarado este viernes persona non grata por el pleno del Congreso peruano en rechazo a sus afirmaciones sobre la Policía Nacional del Perú (PNP) en medio de la crisis política y social que afecta a ese país y pidió a las autoridades que garanticen que “no ingrese al territorio nacional”.
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Esta decisión se refirió a unas declaraciones que hizo Petro cuando mencionó el amplio despliegue de la PNP en el centro histórico de Lima el día anterior, en respuesta a una manifestación antigubernamental. En respuesta a esta decisión, la Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que indicó que “interpreta que este es un acto de carácter político del órgano legislativo del Perú, que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica relación con la hermana nación”.
Así mismo, reiteró “su confianza en que la democracia y el Estado de Derecho se impondrán en el Perú para alcanzar las soluciones a la actual coyuntura (...) a través del diálogo social amplio e incluyente, siempre en concurrencia con el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
La cartera de Exteriores colombiana confía en que “en el marco de las históricas relaciones de hermandad y buena vecindad entre Colombia y Perú se continuará el trabajo conjunto para promover los intereses comunes” como el fortalecimiento de la integración regional, la protección de la Amazonía, la superación del fenómeno de las drogas ilícitas, el fenómeno migratorio y el bienestar de las comunidades, especialmente de las asentadas en la zona de frontera.
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Por último, la Cancillería y el Gobierno colombiano “deploran los recientes hechos de violencia ocurridos en Perú, que han afectado la integridad de sus ciudadanos tanto civiles como integrantes de la fuerza pública y expresa su solidaridad a su pueblo y sus condolencias a los familiares de los fallecidos”.
Las relaciones entre Petro y el nuevo Gobierno peruano han sido tensas desde el principio, especialmente porque el mandatario colombiano defendió al expresidente Pedro Castillo y ha criticado en reiteradas ocasiones el actuar del Gobierno peruano y la fuerza pública en las protestas que se suceden desde hace meses.
En enero pasado, el Gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su “enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia” de Petro en la política interna, luego de que se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.
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El Parlamento también aprobó a fines del año pasado una moción en rechazo a “los constantes actos de intromisión en los asuntos internos” del país por parte de Petro y de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quienes han salido en reiteradas ocasiones en defensa de Castillo, tras su fallido autogolpe.
El Gobierno de Dina Boluarte había mostrado en diciembre su “profundo malestar” por las declaraciones de Petro en apoyo a Castillo al considerarlas una injerencia “inaceptable” en los asuntos internos del país en otra nota diplomática.
El último cruce de acusaciones se produjo este sábado, cuando Boluarte, le pidió a Petro “que se dedique a gobernar” su país y deje de estar “azuzando a la población peruana” que participa en protestas antigubernamentales desde diciembre pasado.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
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Petro fue declarado este viernes persona non grata por el pleno del Congreso peruano en rechazo a sus afirmaciones sobre la Policía Nacional del Perú (PNP) en medio de la crisis política y social que afecta a ese país y pidió a las autoridades que garanticen que “no ingrese al territorio nacional”.
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Esta decisión se refirió a unas declaraciones que hizo Petro cuando mencionó el amplio despliegue de la PNP en el centro histórico de Lima el día anterior, en respuesta a una manifestación antigubernamental. En respuesta a esta decisión, la Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que indicó que “interpreta que este es un acto de carácter político del órgano legislativo del Perú, que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica relación con la hermana nación”.
Así mismo, reiteró “su confianza en que la democracia y el Estado de Derecho se impondrán en el Perú para alcanzar las soluciones a la actual coyuntura (...) a través del diálogo social amplio e incluyente, siempre en concurrencia con el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
La cartera de Exteriores colombiana confía en que “en el marco de las históricas relaciones de hermandad y buena vecindad entre Colombia y Perú se continuará el trabajo conjunto para promover los intereses comunes” como el fortalecimiento de la integración regional, la protección de la Amazonía, la superación del fenómeno de las drogas ilícitas, el fenómeno migratorio y el bienestar de las comunidades, especialmente de las asentadas en la zona de frontera.
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Las relaciones entre Petro y el nuevo Gobierno peruano han sido tensas desde el principio, especialmente porque el mandatario colombiano defendió al expresidente Pedro Castillo y ha criticado en reiteradas ocasiones el actuar del Gobierno peruano y la fuerza pública en las protestas que se suceden desde hace meses.
En enero pasado, el Gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su “enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia” de Petro en la política interna, luego de que se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.
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El Parlamento también aprobó a fines del año pasado una moción en rechazo a “los constantes actos de intromisión en los asuntos internos” del país por parte de Petro y de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quienes han salido en reiteradas ocasiones en defensa de Castillo, tras su fallido autogolpe.
El Gobierno de Dina Boluarte había mostrado en diciembre su “profundo malestar” por las declaraciones de Petro en apoyo a Castillo al considerarlas una injerencia “inaceptable” en los asuntos internos del país en otra nota diplomática.
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