Antonio Arredondo fue un soldado ceutí, subalterno de Morillo, que desertó para unirse a los patriotas y murió en la batalla de Gámeza en 1819. Su nombre lo lleva un curso de oficiales egresados de la Escuela Militar en 1964, que difundió un comunicado firmado por el brigadier general Fernando Gonzales y por el general Jorge Enrique Mora, excomandante de las Fuerzas Militares, líder de una contundente campaña militar contra las narcofarc cuando intentaron cercar a Bogotá y controversial figura de los acuerdos habaneros.
El denso comunicado fue resumido por la prensa con un alarmante titular: “Colombia está en grave riesgo”. (ver comunicado completo abajo)
Indicios y advertencias
A finales de mayo se informó de dos barcos iraníes con cargamento militar rumbo a Venezuela. El Pentágono señaló que “La entrega de tales armas (…) se entendería como una amenaza para nuestros socios en el hemisferio occidental”; finalmente las naves cambiaron de rumbo. El 14 de mayo, parlamentarios demócratas de los Estados Unidos pidieron recortar toda ayuda directa a la Policía Nacional, justo cuando la producción de narcóticos está disparada y el consumo es histórico; los republicanos catalogaron tal postura de “grave error estratégico” contra la seguridad de su país.
Al inicio de las protestas a finales de mayo, Acore advirtió las posibilidades de un magnicidio o de un ataque significativo a una unidad policial o militar. El 15 de junio, estalló un carro bomba en la sede de la Brigada 30 en Cúcuta, ciudad emblemática de la frontera colombo-venezolana y entre los heridos hubo tres soldados norteamericanos. Diez días después, en la misma ciudad, atentaron contra el presidente; los fusiles abandonados por los terroristas tienen marcas de las FANB y la munición empleada, nos dicen los expertos, es de fabricación rusa e iraní.
Ambos eventos fueron realizados por estructuras urbanas del Eln, que hace poco renovó su cúpula residente en La Habana y que hace presencia en 19 de los 22 estados venezolanos. El 17 de junio, la resolución 280 del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos señaló a Cuba, Venezuela e Irán como entrenadores de los narcocarteles de las Farc, el Eln y Hezbolá.
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El 20 de junio, el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur, pasó por Bogotá y visitó el despliegue militar colombiano en el Vichada, frontera con Venezuela cercana a Brasil, país que recientemente confirmó públicamente la presencia de militares rusos con tropas venezolanas en su frontera.
El 26 de junio, el ministro ruso de Defensa, general Serguéi Shoigú, declaró que su ejército estaría dispuesto a apoyar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. “Ellos han estado resistiendo (…) la amenaza del uso abierto de la fuerza militar (…). El apoyo de Rusia es requerido ahora más que nunca”, concluyó el militar, en una clara amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y en un llamado de apresto para esos tres países sancionados por Estados Unidos, empobrecidos y empeñados en que la izquierda retome el poder en la región. Es asunto de supervivencia.
El 1 de julio, el director de la CIA, William Burns, efectuó una visita discreta a Bogotá con una “misión delicada”, dijo el embajador saliente de Colombia en Washington.
El 8 aterrizaron en el Comando Aéreo de Combate No. 5, en Rionegro, 6 F-16 de la Fuerza Aérea norteamericana para realizar los ejercicios combinados Relámpago VI con los vetustos Kfir de la FAC. Entretanto, Estados Unidos y otros países del Caribe realizan ejercicios aeronavales con la participación de Guyana, país en disputa fronteriza con Venezuela. No se puede negar que algo se mueve en altos centros de poder.
Guerrilla y paramilitarismo urbanos
Moscú, Beijing y Teherán juegan las cartas de sus intereses nacionales y junto con La Habana, Managua y Caracas apuestan a emproblemar a su rival y enemigo en su patio trasero y a través de Venezuela incendiar a Colombia, el mejor amigo de Estados Unidos en Latinoamérica.
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Y aunque el Paro Nacional palideció y está pasando factura a los participantes con un pico pandémico y a los organizadores con desprestigio, las células urbanas del Eln, especialmente, y de las Farc, continúan sus desafueros a nivel nacional. La tal Primera Línea es un “aparato entrenado para la violencia urbana a gran escala”, dice el analista Juan D. Escobar; hay escuelas de entrenamiento para los miembros de esa Primera Línea, dice Miguel Uribe; un video en redes sociales muestra a niños siendo “entrenados” por los “capuchos” de Medellín; “los vándalos pueden encontrar espacios abonados para hacer nuevas y exitosas guerrillas urbanas”, dice Luis Pérez, citado por José Alvear, y “Paramilitarismo urbano”, declara el exfiscal Martínez. Ellos y otros, sin ser expertos, pero con sentido común, anotan el riesgo.
La Defensoría del Pueblo advirtió desde el 31 de mayo la presencia de grupos armados irregulares en 10 localidades de la ciudad capital y en 12 municipios cercanos a Bogotá. Coincidencialmente, el pasado jueves 8, el régimen madurista silenció al periodista Javier Tarazona, la fuente más informada sobre el Eln en Venezuela y en la frontera.
Los 2.400 oficiales retirados socios de Acore también olfateamos serias amenazas contra la Seguridad Nacional, como lo plantea el comunicado del curso Arredondo. Desestabilización es el término utilizado por analistas de agencias extranjeras de inteligencia, por el ministro de la Defensa y por analistas de Acore.
Ya circula en las redes un llamamiento para concentración en Bogotá de mingas, primeras líneas, estudiantes y otras organizaciones sociales durante los días previos al 20 de julio, cuando se celebra el día nacional y se instalan formalmente las sesiones del Congreso.
Las imágenes del asalto al Congreso de Estados Unidos, reflotan en el ambiente.
* Presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore).