En el Guainía, en un área de 300 kilómetros cuadrados, investigadores han encontrado que hay potencial hipotético para mineralizaciones de coltán de 54 millones de toneladas. Sin embargo, la explotación de este “oro azul” que se utiliza en la industria digital es ilegal. En el país no se han emitido, hasta el momento, títulos mineros que permitan este tipo de extracción y el marco normativo para hacerlo es ambiguo. Esto no detiene, por supuesto, las dinámicas ilegales que surgen al rededor de este material. En el corazón de la Orinoquía, el coltán se extrae del fondo de los ríos con dragas o se raspa de los barrancos con picas, palas y motobombas y los grupos ilegales cobran un impuesto ilegal por permitir su movimiento.
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En el último año, la Fiscalía incautó 56 toneladas de arenas negras que contenían niobio y tantalio (conocido como coltán) y tiene conocimiento de que otras 195 lograron llegar, presuntamente, a China. Es decir que por lo menos 251 toneladas de arenas fueron explotadas ilegalmente. Como lo reveló El Espectador en su edición de este domingo, las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc suelen cobrar, en promedio, el 10 % del precio comercial de la carga (normalmente es de 98.000 pesos el kilogramo). Es decir, que los que cobran el impuesto ilegal ganaron cerca de $2.460 millones de pesos en estos últimos 12 meses.
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Sobre la explotación ilegal ya hay sentencias condenatorias, como la que emitió en 2018 el juzgado promiscuo de Puerto Carreño a Juan José Rivera. Este “zar del coltán” fue capturado en la capital del Vichada en 2014. Las autoridades también encontraron una bodega donde tenía 375 kilos de este material, al igual que de otros como uranio y tugsteno. En ese momento, el director del CTI, Julián Quintana, afirmó: “En su captura se incautó un material muy importante que iba a ser comercializado fuera de Colombia con destino a los Estados Unidos. También tenemos información contundente dentro de la investigación de una relación directa con la guerrilla de las Farc y el ELN”. De acuerdo con Quintana, Rivera “dominaba toda la operación ilegal de explotación ilícita de minerales”, le pagaba una vacuna a estas guerrillas para mover su carga e incluso había sobornado autoridades locales.
A raíz de este evento, la Fiscalía se dio a la tarea de investigar presuntos nexos de empresas estadounidenses con este tráfico ilegal. A Rivera le imputaron cargos por los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y receptación.
“Casi siempre que hay incautaciones y procesados por arenas negras, se imputan concierto para delinquir. El que tiene la plata, el que comercializa y el que explota hacen un acuerdo para cometer delitos”, explicó a este diario Fernando Jiménez, director de Delitos Ambientales en la Fiscalía. Es un tema que también se vincula con la corrupción, la falsedad, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y fraude procesal. Sobre este último, él explica que las Alcaldías, que ayudan a determinar si materiales incautados son ilícitos o no, a veces reciben documentos falsos de títulos mineros o licencias ambientales. Además, no descarta que pueda haber vínculos con trata de personas, debido a que los grupos ilegales pueden reclutar personas para la explotación.
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Entre 2012 y 2014 se decomisaron más de 17 toneladas de arenas negras a una empresa llamada Diserco y así, año tras año, hay más ejemplos. En 2015, 15 personas fueron detenidas en Cerro Tigre por este tipo de extracción. En 2021, se incautaron 1,2 toneladas de arenas negras en el río Orinoco y 1,2 toneladas de estaño en Guanía. En total, se tiene información de que en 2021, la Fiscalía incautó más de 50 toneladas, cargamentos que se determinó que eran del ELN y las disidencias.
Sin embargo, fuentes del ente investigador señalan que en Inírida, por ejemplo, hay una falta de sensibilidad jurídica que hace la explotación ilegal de coltán se trate como una actividad ‘no judicializable’, algo que lleva a la normalización de estos procesos ilegales. A todo se le suma que en el país no existe una guía metodológica específica para la explotación de estos minerales, lo que termina impactando el medio ambiente y nublando la información que tienen los jueces con respecto a esta conducta.
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Por Daniela Cristancho
