Previo al debate de moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen –en el ojo del huracán por el anticipo de $70.243 millones que le hizo a la Unión Temporal Centros Poblados–, un profesor de un colegio rural espera presentar este viernes las más de 14.700 firmas digitales que ha recogido para que la funcionaria responda por el servicio de internet de su institución educativa en Tolima.
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Se trata de Leonardo Uribe, docente de informática de un colegio en Chaparral quien espera recoger más de 20.000 firmas para que la funcionaria responda y brinde un servicio de internet que funcione y beneficie a estudiantes de escuelas y colegios rurales.
De acuerdo con el profesor, el internet que le instalaron a su colegio no funciona y la interventoría y el prestador del servicio durante meses han omitido los reportes de las fallas en el servicio.
“Aunque no hacemos parte del segmento del proyecto sobre el cual está el escándalo de los $70.000 millones de perdidos, somos de otro segmento del proyecto que, aunque se les instaló internet, este no funciona. Sin embargo, por parte del Gobierno Nacional sí le están pagando a los operadores que supuestamente deben asegurar la calidad del servicio. ¿Acaso eso también no es corrupción?”, alegó el profesor.
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Según el docente, que lanzó su cruzada digital en la plataforma Change.org, la idea es que Karen Abudinen garantice un acceso de red digno y de calidad para estudiantes de las regiones más apartadas de Colombia. En ese sentido, reivindicó que representa la voz de más de 110.000 docentes de zonas rurales que hoy no pueden dictar clase con normalidad por falta de internet, afectando a cerca de 2′4 millones de estudiantes.
Abudinen está en medio de la controversia por el anticipo de $70.243 millones que le hizo a la Unión Temporal Centros Poblados, un conglomerado empresarial de Barranquilla, como parte de un contrato por $1,07 billones. El acuerdo se firmó con el fin de llevar internet a 7.000 colegios en veredas y zonas rurales de 15 departamentos del país, pero el dinero entregado al conglomerado terminó en un paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos).
En todo el enredo jurídico, el Ministerio decidió declarar la caducidad del contrato, decisión que fue suspendida temporalmente por orden de un Juez de Puerto Colombia (Atlántico), el cual decidió revisar la tutela interpuesta por Centro Poblados. En la petición, el conglomerado asegura que actuó de buena fe y tiene cómo probar que nada tiene que ver con la supuesta emisión de pólizas falsas, ni en ninguna de las irregularidades que ha denunciado la cartera dirigida por Abudinen.
Mientras que la revisión de la tutela avanza en el Juzgado de Puerto Colombia, entidades como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría han adelantado investigaciones y procesos disciplinarios en el caso. Por todo esto, la ministra tendrá que dar explicaciones en la Cámara de Representantes este viernes 3 de septiembre, en una moción de censura para retirarla del cargo.
