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La decisión del presidente Iván Duque de prorrogar, una vez más, el decreto que prohíbe el porte de armas en todo el territorio nacional –una determinación que adoptó su antecesor, Juan Manuel Santos, y que está pensada para salvaguardar el derecho a la vida–, no cayó bien en algunos sectores políticos y reavivó viejos reparos. Incluso, desde los partidos de gobierno, en particular el Conservador, se estudia un proyecto de ley para quitarle facultades en la materia.
Detrás de la iniciativa está el representante Juan Carlos Wills que, incluso, ya logró el visto bueno en primer debate de la Comisión Segunda de la Cámara. El ponente del proyecto, el representante Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal), sostuvo que el objetivo es que la suspensión de permisos solo se realice en ciertas circunstancias o casos específicos.
“El Gobierno por supuesto tiene la facultad de suspender las armas, pero no es sin motivo aparente, debe ser con unas características especiales, como que sobrevenga un estado de excepción, que sea necesario conservar y establecer el orden público y que estas suspensiones solo sean de forma excepcional”, argumentó el parlamentario en declaraciones que recoge la emisora La FM.
Una iniciativa similar estaría preparando el representante a la Cámara Christian Garcés, quien desde el año pasado le pidió al presidente instalar una mesa de trabajo para revisar la norma. En su momento, el congresista alegó que se restringió “de manera excesiva” el porte legal de armas y que se está vulnerando el derecho a la legítima defensa.
En contexto: Desde el Centro Democrático proponen revisar decreto que prohíbe porte de armas
Ahora, al insistir con su propuesta, Garcés argumentó que no es conveniente el desarme generalizado. “Queremos que el Gobierno Nacional siga con el monopolio de las armas, pero no pueda tomar medidas generalizadas, sino que deba mirar los casos específicos de manera particular”, dijo.
Según el parlamentario, de los 400.000 salvoconductos para porte de armas que hay en el país, alrededor de 8.000 estaban vigentes. “Esto en un país de más de 46 millones de habitantes, donde padecemos homicidios y robos con armas ilegales cada minuto (…) A hoy no ha salido ni siquiera el comunicado por parte de la Fuerza Pública explicando cómo se hace el trámite del porte especial. O sea que ningún colombiano en este momento tiene la posibilidad de cargar un arma, incluyendo los que tienen serios problemas de seguridad”, explicó.
Previamente, a través de una columna publicada en el portal El Expediente, la senadora María Fernanda Cabal le reclamó a Duque por la prórroga del Decreto, alegando que “los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos”.
“Incumpliendo sus promesas, el Gobierno que elegimos en las urnas, mantiene en firme una medida que data del nefasto gobierno de Juan Manuel Santos y que, en la práctica, a pesar de los denominados «permisos especiales», deja a los ciudadanos a merced de la delincuencia; lo que beneficia únicamente a los bandidos, acostumbrados a violar la ley”, manifestó.
De acuerdo con la parlamentaria, “hay una clara diferencia” entre quien porta un arma para protegerse y quien la usa para hacer daño: “Nos cansamos del miedo y estamos en mora de tener una legislación que proteja a los colombianos que sufren y requieren portar o tener armas, para disuadir probables acciones delictivas en su contra y ejercer su derecho a la legítima defensa”.