Congreso define medidas para cumplir fallos sobre sesiones presenciales

Luego de una desgastada discusión de varios meses sobre cómo sesionar en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Congreso oficialmente comunicó las medidas para cumplir el fallo de la Corte Constitucional en el que dicta que la virtualidad en la pandemia debe ser el último recurso. Por tanto, prima el trabajo legislativo presencial.

(Para complementar: Congreso virtual en pandemia debe ser el último recurso: Corte Constitucional)

Por ello, Arturo Char, presidente del Senado, anunció que tanto la Cámara de Representantes como la corporación que él preside crean una mesa conjunta para darle celeridad al regreso de los parlamentarios al recinto estatal. En específico, esta mesa debe adelantar las gestiones administrativas necesarias “a fin de crear las condiciones para que el Congreso de la República retome sus actividades de forma presencial, atendiendo los respectivos requisitos de bioseguridad para garantizar el derecho de la salud y la vida de los congresistas, empleados y demás personas que concurran en el Congreso”, dicta la resolución de 001 de 2020, emitida este martes y firmada por ambas cámaras.

Dicha mesa estará conformada por la dirección administrativa, y las divisiones de planeación y sistemas, de bienes y servicios, recursos humanos, y de personal del Senado y de la Cámara de Representantes. Así mismo, harán parte de la mesa las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) que prestan cobertura a los empleados y personal inscrito a ambas cámaras.

(Lea: Los mensajes de reconciliación de Santos y Petro a Uribe)

En la resolución, sin embargo, no aparece que la asistencia al recinto sea obligatoria para los legisladores. Dice, eso sí, que las medidas de bioseguridad se establecerán en la mayor brevedad posible para “aquellos miembros que decidan asistir a las instalaciones físicas para el ejercicio de sus funcionas”. Y, citando a la providencia de la Corte, reitera que “la no presencialidad seguirá siendo una alternativa válida para garantizar el ejercicio de la democracia”, se lee en el documento.

La decisión conjunta del Congreso acaba, finalmente, con la división que se ha presentado en el legislativo, por cuenta de quienes están asistiendo al Congreso a sesionar y quienes respaldan sesionar a distancia como mecanismo adecuado para proteger la vida de los parlamentarios sin interrumpir el ejercicio democrático. Los representantes Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, y José Daniel López, de Cambio Radical, han sido algunos de los principales impulsores de trabajar de forma remota. Desde el principio del confinamiento expresaron que desde la distancia sí es posible la labor política.

Por otro lado, congresistas como el senador Roy Barreras, de la U, y un amplio bloque de los partidos de oposición (como María José Pizarro, de los Decentes, y Ángela María Robledo, de Colombia Humana), han asistido al recinto del Congreso reiteradamente para mantener su tesis de que el Congreso funciona correctamente a partir del relacionamiento presencial. También lo dijo reiteradas veces Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, quien defendió ese concepto en las sesiones que realizó el Senado por la plataforma Zoom. Hoy la Corte Constitucional les da la razón.

El fallo de la Corte y el consecutivo acatamiento por parte del Congreso se dan en un momento en el que sus cámaras debatían, entre otras cosas, la modificación de la ley que reglamenta su trabajo (la Ley Quinta de 1992). En el debate, un punto que generó polémica fue la idea de que mientras el Congreso sesionaba en parte en la virtualidad este no tramitara proyectos para reformar la Constitución de 1991, algo que no gustó, al menos, en las toldas del uribismo que insiste en reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según la historiadora Sandra Borda, reafirmó que sería desafortunado que cualquier reforma a la constitución se haga en un formato de sesiones que involucren la virtualidad porque, dijo, el ejercicio en el poder legislativo se basa en la deliberación y “eso no se da en las reuniones de comisiones o plenarias, sino en las oficinas y pasillos del recinto”. “Buena parte de las coaliciones que se construyen alrededor de proyectos se hace en esos escenarios. En un momento carente de toda democracia lo último que se debe hacer es una reforma constitucional. Es un exabrupto que ya pasó con la cadena perpetua de violadores de menores de edad”, dijo.

A su modo, lo expuso la Corte Constitucional en la providencia conocida por El Espectador el pasado 31 de julio. “Impedir la presencialidad en las sesiones de los órganos colegiados del Estado en tiempos de pandemia no es posible. Incluso el grado de presencialidad se hace más exigible dependiendo del peso de las decisiones por adoptar. Así las cosas, se impone decir que la virtualidad es ultima ratio, esto es, una forma de deliberación subsidiaria y excepcional”, comunicó la Corte. Ahora que el Congreso acató su mandato, el país está a la espera que se haga el acondicionamiento a la nueva realidad para garantizar el sistema de pesos y contrapesos de la democracia, sin atentar contra la vida de los parlamentarios.

Luego de una desgastada discusión de varios meses sobre cómo sesionar en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Congreso oficialmente comunicó las medidas para cumplir el fallo de la Corte Constitucional en el que dicta que la virtualidad en la pandemia debe ser el último recurso. Por tanto, prima el trabajo legislativo presencial.

(Para complementar: Congreso virtual en pandemia debe ser el último recurso: Corte Constitucional)

Por ello, Arturo Char, presidente del Senado, anunció que tanto la Cámara de Representantes como la corporación que él preside crean una mesa conjunta para darle celeridad al regreso de los parlamentarios al recinto estatal. En específico, esta mesa debe adelantar las gestiones administrativas necesarias “a fin de crear las condiciones para que el Congreso de la República retome sus actividades de forma presencial, atendiendo los respectivos requisitos de bioseguridad para garantizar el derecho de la salud y la vida de los congresistas, empleados y demás personas que concurran en el Congreso”, dicta la resolución de 001 de 2020, emitida este martes y firmada por ambas cámaras.

Dicha mesa estará conformada por la dirección administrativa, y las divisiones de planeación y sistemas, de bienes y servicios, recursos humanos, y de personal del Senado y de la Cámara de Representantes. Así mismo, harán parte de la mesa las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) que prestan cobertura a los empleados y personal inscrito a ambas cámaras.

(Lea: Los mensajes de reconciliación de Santos y Petro a Uribe)

En la resolución, sin embargo, no aparece que la asistencia al recinto sea obligatoria para los legisladores. Dice, eso sí, que las medidas de bioseguridad se establecerán en la mayor brevedad posible para “aquellos miembros que decidan asistir a las instalaciones físicas para el ejercicio de sus funcionas”. Y, citando a la providencia de la Corte, reitera que “la no presencialidad seguirá siendo una alternativa válida para garantizar el ejercicio de la democracia”, se lee en el documento.

La decisión conjunta del Congreso acaba, finalmente, con la división que se ha presentado en el legislativo, por cuenta de quienes están asistiendo al Congreso a sesionar y quienes respaldan sesionar a distancia como mecanismo adecuado para proteger la vida de los parlamentarios sin interrumpir el ejercicio democrático. Los representantes Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, y José Daniel López, de Cambio Radical, han sido algunos de los principales impulsores de trabajar de forma remota. Desde el principio del confinamiento expresaron que desde la distancia sí es posible la labor política.

Por otro lado, congresistas como el senador Roy Barreras, de la U, y un amplio bloque de los partidos de oposición (como María José Pizarro, de los Decentes, y Ángela María Robledo, de Colombia Humana), han asistido al recinto del Congreso reiteradamente para mantener su tesis de que el Congreso funciona correctamente a partir del relacionamiento presencial. También lo dijo reiteradas veces Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, quien defendió ese concepto en las sesiones que realizó el Senado por la plataforma Zoom. Hoy la Corte Constitucional les da la razón.

El fallo de la Corte y el consecutivo acatamiento por parte del Congreso se dan en un momento en el que sus cámaras debatían, entre otras cosas, la modificación de la ley que reglamenta su trabajo (la Ley Quinta de 1992). En el debate, un punto que generó polémica fue la idea de que mientras el Congreso sesionaba en parte en la virtualidad este no tramitara proyectos para reformar la Constitución de 1991, algo que no gustó, al menos, en las toldas del uribismo que insiste en reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según la historiadora Sandra Borda, reafirmó que sería desafortunado que cualquier reforma a la constitución se haga en un formato de sesiones que involucren la virtualidad porque, dijo, el ejercicio en el poder legislativo se basa en la deliberación y “eso no se da en las reuniones de comisiones o plenarias, sino en las oficinas y pasillos del recinto”. “Buena parte de las coaliciones que se construyen alrededor de proyectos se hace en esos escenarios. En un momento carente de toda democracia lo último que se debe hacer es una reforma constitucional. Es un exabrupto que ya pasó con la cadena perpetua de violadores de menores de edad”, dijo.

A su modo, lo expuso la Corte Constitucional en la providencia conocida por El Espectador el pasado 31 de julio. “Impedir la presencialidad en las sesiones de los órganos colegiados del Estado en tiempos de pandemia no es posible. Incluso el grado de presencialidad se hace más exigible dependiendo del peso de las decisiones por adoptar. Así las cosas, se impone decir que la virtualidad es ultima ratio, esto es, una forma de deliberación subsidiaria y excepcional”, comunicó la Corte. Ahora que el Congreso acató su mandato, el país está a la espera que se haga el acondicionamiento a la nueva realidad para garantizar el sistema de pesos y contrapesos de la democracia, sin atentar contra la vida de los parlamentarios.