El Congreso de la República entró en vacaciones por la semana de receso escolar entre el 5 y el 9 de octubre, destinada a los estudiantes en todo el país, pero que también fue aprovechada por los parlamentarios para aplazar discusiones en el Legislativo. A pesar de esto, por dirección de las mesas directivas de Cámara y Senado, los congresistas repondrán el tiempo sesionando los días jueves y viernes de la próxima semana, donde trabajarán del 13 al 19 de octubre.
El principal tema que discutirán en el Legislativo serán las discusiones sobre el presupuesto general de la nación para el año 2027, al mismo tiempo, el Senado y la Cámara discutirán el proyecto, pues tiene plazo hasta el 20 de octubre para aprobarlo; de lo contrario, el Ejecutivo puede aprobar el monto de COP 634,9 billones que quedó fijado en las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuarta donde se incorporaron modificaciones a partir de las proposiciones presentadas por los congresistas y avaladas por el Ministerio de Hacienda. En total, fueron más de 615 proposiciones.
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Se espera que la semana del 13 al 16 de octubre sean las votaciones para tener un presupuesto aprobado antes del 19 de octubre y, de tener textos diferentes en ambas cámaras, se logre una conciliación antes de la fecha límite.
El proyecto contiene reducciones. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tendría un recorte de COP 170.000 millones, distribuido entre funcionamiento e inversión. Entre los principales cambios aparece un traslado de COP 2 billones desde la sección del Ministerio de Hacienda hacia Salud y Protección Social. Además de adicionar COP 100.000 millones para la Rama Judicial, destinados a cubrir faltantes asociados al ajuste de la bonificación judicial, y COP 99.100 millones para el sector Deporte y Recreación.
Además, desde el Ministerio del Interior continuarán acercamientos con el Congreso para radicar la primera agenda legislativa del gobierno de Abelardo de la Espriella. El contenido de este "ABC Legislativo" fue revelado por El Espectador e incluía proyectos como la oficialización de Barranquilla como capital alterna, borradores de iniciativas de “transparencia” para los congresistas y de las figuras de los “gerentes regionales”.
Entre ellos está la Ley de experimentación territorial, donde se promueve la posibilidad de que un territorio pruebe, por un tiempo definido y con reglas claras, una forma distinta de ejercer una competencia, para que el país decida después —con evidencia y no con intuición— si esa forma se extiende a todos, se ajusta o se abandona.
Otro sería implementar delegados de Gobierno en cada región, con un responsable con nombre propio y plazos para responder; hacer que los servicios esenciales como el agua, la luz y el saneamiento vuelvan en semanas y no en meses, con una habilitación transitoria y acotada, articulada con las medidas del sector vivienda.
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