Congreso tiene en su cancha los proyectos anticorrupción

El presidente Iván Duque, en el Congreso, al radicar los proyectos anticorrupción. / Prensa Senado

Con la radicación el martes de ocho proyectos anticorrupción, liderados por parte del Gobierno Nacional, pero que fueron concertados por todos los partidos políticos en el Congreso de la República, quedó demostrada la magnitud de lo ocurrido el pasado 26 de agosto, cuando casi 12 millones de colombianos salieron a las urnas a expresarse en contra de la corrupción. Si bien, la llamada consulta anticorrupción no alcanzó los votos necesarios para convertirse en un mandato obligatorio para el Estado, gran parte de la clase política tradicional entendió bien el mensaje y durante más de una semana se sentaron los congresistas a puerta cerrada, en sesiones largas, algunas, para buscar acuerdos tanto sobre los siete puntos que proponía la iniciativa popular y otras ideas que provenían de las diferentes vertientes políticas.

Este martes, el mismo presidente Iván Duque Márquez llegó a la Secretaría del Senado de la República para firmar las iniciativas que, con ajustes, condensaron de manera bastante fiel lo que los promotores de la Consulta Anticorrupción llevaron a las urnas. Lo primero que firmó el mandatario fue la congelación y posterior reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. La propuesta concreta es que, desde el año entrante y hasta 2022, el salario de los parlamentarios, fijado en 40 SMMLV, quede estático en esa cifra. Luego, desde el 20 de julio de ese mismo año, cuando se instale el nuevo Congreso, se establezca el tope máximo en 25 SMMLV.

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“Hoy (ayer) se demuestra que cuando el país se une en torno a propósitos comunes se construyen soluciones. Nosotros, los que estamos hoy presentes, en representación de partidos, presidentes de las corporaciones de Senado y Cámara, estamos comprometidos con derrotar el cáncer de la corrupción. Ha sido un flagelo que ha golpeado a Colombia en todos los niveles y el 26 de agosto salimos a votar para solidarizarnos con el sentimiento colectivo y decir que llegó el momento de actuar con firmeza al unísono”, señaló el mandatario, quien, según expresó el pasado lunes, espera mantener la mesa técnica para la fabricación y articulación de otras iniciativas que ayuden a combatir la corrupción en el país.

En su orden, siguieron los proyectos de cárcel para corruptos y la prohibición de quienes resulten condenados por delitos en contra de la administración pública para que puedan contratar con el Estado. Además, facultar al Estado para poder terminar contratos a corruptos de manera unilateral y no esté obligado a entregar ningún tipo de indemnización, como se pretende, por ejemplo, en el caso Odebrecht. También se radicó la iniciativa que busca extender la contratación con la utilización de los pliegos tipo a la totalidad de la contratación estatal y no solo en lo que tenga que ver con el sector de infraestructura, como está aprobado hoy. La idea es eliminar los conocidos pliegos “sastre”, que son hechos a la medida de algunos proponentes que terminan con multimillonarios contratos.

Otra de las iniciativas tiene que ver con la implementación de audiencias públicas para que la ciudadanía pueda conocer de antemano el presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos o los municipios antes de su aprobación. La intención es que la definición de los presupuestos se haga de manera más transparente y con la vigilancia de los ciudadanos, que se conozca la destinación de cada peso y sea posible hacer un seguimiento de su ejecución.

Por otro lado, fueron presentados tres proyectos que tienen incidencia directa en los congresistas. El que busca establecer mecanismos de rendición de cuentas por parte de todos los miembros de corporaciones públicas de elección popular, como Senado, Cámara de Representantes, asambleas, concejos y Juntas Administradoras Locales (JAL), y que estas, además, sean obligatorias. De la mano de esta iniciativa va la intención de crear un bloque de búsqueda anticorrupción y la reglamentación del cabildeo en el Congreso de la República, ideas que llegaron por parte de la Vicepresidencia de la República.

En esa misma línea está el proyecto que atenderá el conflicto de intereses que puedan tener los congresistas, buscando evitar los reiterados impedimentos que son presentados en los debates en el Legislativo y cambiando el procedimiento que está establecido en la Ley Quinta para aceptar, apelar o dar a conocer cierto impedimento, con el fin de agilizar los debates en las comisiones y plenarias. Junto a esta iniciativa también se intentará regular la publicación de las declaraciones de renta, bienes y patrimonio de los corporados, tanto en Congreso como en las altas cortes. Finalmente, también se radicó el proyecto para limitar a tres períodos máximo el tiempo de permanencia de los miembros en una corporación y que se aplicará en cada una de ellas, para que los políticos puedan hacer carrera desde los concejos municipales.

“Estos proyectos reflejan fielmente los siete mandatos de la Consulta Anticorrupción. Ya se hizo la radicación, no hay ningún ‘mico’ en lo radicado. Llegó la hora de que los ciudadanos estén encima exigiendo a los partidos políticos que lo voten”, señaló, por su parte, de la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde. Aunque todos los proyectos fueron presentados con mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional, lo que agiliza el trámite, y la intención del presidente Duque es que sean aprobados a más tardar en diciembre próximo, las cuentas no son tan fáciles. Para Lozano, teniendo en cuenta que ya se han radicados iniciativas de gran envergadura —como las reformas política y a la justicia— una previsión realista es que las iniciativas radicadas ayer se conviertan en ley en junio de 2019.

También hay voces, como la del senador Gustavo Bolívar, de los Decentes, que no confían mucho en que sea un trámite sencillo, al señalar que habrá discusión y oposición a proyectos como el que obliga a la presentación de las declaraciones de cuentas y patrimonio. “Viene un camino largo que no significa que todo se vaya a aprobar. Hay resistencia en el Congreso en varios puntos, como la declaración de renta o hacer públicos los votos de los congresistas en las comisiones y plenarias”, comentó el senador.

En esa misma línea, el presidente del Senado, Ernesto Macías, aseguró que, si bien se acordó lo básico, no puede garantizar que pase un proyecto: “Vamos a buscar que todo el paquete legislativo, en lo que tiene que ver con proyectos de ley, termine antes del 16 de diciembre. Y los actos legislativos podamos sacar, al menos en la primera vuelta, antes de esa fecha”. La primera parte de la tarea ya se hizo y está por verse si el Congreso atiende, ahora sí, el llamado de la ciudadanía a aprobar normas anticorrupción, así afecten los intereses de los congresistas o si, por el contrario, y como ha pasado durante tanto tiempo, terminan en las gavetas del Legislativo.