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Gobierno celebra aval parcial de la Corte a conmoción interior, pero se prepara para ajustes

La Corte dijo que la Casa de Nariño no puede buscar resolver con la conmoción interior problemáticas como la presencia histórica del ELN y la concentración de cultivos ilícitos. Algunos de los 11 decretos prorrogados podrían caerse.

30 de abril de 2025 - 02:58 a. m.
Gobierno Petro celebra aval parcial de la Corte a conmoción interior en Catatumbo, pero se prepara para ajustes.
Gobierno Petro celebra aval parcial de la Corte a conmoción interior en Catatumbo, pero se prepara para ajustes.
Foto: CESAR CARRION
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El ministro del Interior, Armando Benedetti, vio con buenos ojos el aval parcial que le dio la Corte Constitucional al decreto de conmoción interior en el Catatumbo. Y aunque el funcionario vio el fallo como un “espaldarazo” al estado de excepción, lo cierto es que algunos de los 11 decretos prorrogados recientemente podrían caerse, pues el alto tribunal no avaló en su totalidad la medida.

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“Gracias a que la Corte Constitucional declaró exequible la conmoción interior, más de 2,7 billones de pesos podrán ser invertidos en el Catatumbo para restablecer el orden, la soberanía, erradicar cultivos ilícitos, construir carreteras, sedes universitarias y puestos de salud, y el regreso a su territorio de 64 mil desplazados. También es un espaldarazo a la Fuerza Pública”, indicó el ministro.

Un día antes de que se conociera la determinación del alto tribunal, que fue de 6-3 en la sala plena, Benedetti y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, elevaron un mensaje dirigido a los magistrados para que no declararan como inconstitucional la conmoción, que aunque ya fue levantada por decisión del Gobierno, está directamente relacionada con los 11 decretos que sí se prorrogaron.

Los dos funcionarios indicaron desde la Casa de Nariño que si la conmoción se hundía habría fuertes consecuencias en el Catatumbo, pues se frenarían inmediatamente las intervenciones de la Fuerza Pública en la zona disputada por el ELN y las disidencias de las FARC.

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Precisamente, la Corte Constitucional le dio luz verde a las medidas que buscan enfrentar al ELN y a las disidencias y combatir los ataques y hostilidades “dirigidas de forma indiscriminada contra la población civil y los firmantes del Acuerdo Final de Paz con las FARC. También a las relacionadas con ”la crisis humanitaria derivada de desplazamientos forzados y confinamientos masivos”.

Sin embargo, el alto tribunal fue claro en decir que no todos los decretos que se expidieron y que conforman la conmoción deben declararse excepcionalmente, pues algunas deberían surgir como parte del Programa de Gobierno o tras su trámite legislativo en el Congreso.

La sala plena resaltó que la Casa de Nariño no puede buscar resolver con la conmoción interior problemáticas como “la presencia histórica del ELN, los GAOr y GDO, la concentración de cultivos ilícitos, las deficiencias e incumplimientos en la implementación del PNIS”.

Por esto es que algunos de los 11 decretos que están vigentes y fueron prorrogados recientemente por el Gobierno podrían perder su constitucionalidad en las próximas semanas. Es tema de estudio en el Ejecutivo, que defiende con fuerza el estado de excepción para brindar ayuda humanitaria a las más de 50.000 familias desplazadas por el conflicto armado.

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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)30 de abril de 2025 - 03:21 p. m.
Muy buena noticia el Aval de la corte. Reconoce que es un fenómeno histórico por eso necesitamos evitar que la derecha vuelva al poder, otro gobierno progresista debe seguir en el poder. Otro Duque o algún tibio ya no más
CARLOS BARRGAN(lcggj)30 de abril de 2025 - 01:34 p. m.
Lo único claro y contundente es que, mientras no exista un equilibrio político en la conformación de los máximos tribunales (constitucional, penal, contencioso administrativo), es inminente el riesgo de que algunos integrantes de estas instancias, dada su afinidad política, tomen decisiones en contra del interés general, regional o local de la Nación. Ya es hora de cambiar las reglas de juego (más democráticas) para la elección de magistrados de las Altas Cortes.
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