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Para todos los procesos revocatorios del país, el Gobierno ha tenido que garantizar que se cumpla la imparcialidad del cumplimiento de este proceso que, debido a la pandemia, se le añadió otra condición: los protocolos de bioseguridad para evitar propagar el COVID-19.
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Como a nivel local y departamental los primeros en velar por que se cumplan dichos protocolos son los mismos alcaldes y gobernadores, objetos de revocatoria, el Gobierno ha nombrado a alcaldes ad hoc y gobernadores ad hoc para que cumplan dicha función, debido a que algunos han declarado su impedimento y otros han sido recusados.
Para el caso de la Gobernación del Valle y el proceso revocatorio contra Clara Luz Roldán, el Gobierno designó a la consejera para las Regiones, Ana María Palua, como gobernadora ad hoc, “para que atienda lo pertinente a la vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la fase de recolección de apoyos ciudadanos”.
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En Medellín, el alcalde ad hoc es Juan Pablo Díazgranados, viceministro del Interior; en Cúcuta, Juan Camilo Restrepo, comisionado para la Paz; y en Bucaramanga, Silvia Corzo, funcionaria del despacho del Ministerio del Interior.
