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Al igual que ha ocurrido en otras ciudades en las que se llevan a cabo procesos revocatorios contra los alcaldes, el Gobierno designó a un encargado para el caso de Jairo Yáñez en Cúcuta, con el fin de brindar garantías a la recolección de firmas.
El designado alcalde ad hoc fue el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, quien deberá “desplegar todas las actuaciones administrativas para la implementación de las medidas de bioseguridad para llevarse a cabo la recolección de firmas para la revocatoria del mandato en contra del señor Jairo Yáñez, y, así mismo, decidir sobre el impedimento presentado por la secretaria de Salid del mismo ente territorial”, se lee en el decreto.
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En el caso de Medellín y el proceso revocatorio a Daniel Quintero, el Gobierno designó a Juan Pablo Díaz, viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, y, en Bucaramanga, Silvia Corzo, también funcionaria del despacho del Interior, reemplazará a Juan Carlos Cárdenas para hacer el control y vigilancia con relación a los protocolos de bioseguridad.
En la mayoría de las revocatorias, los comités promotores cuestionaron las garantías que tendrían en el proceso de recolección de firmas, pues por orden del Ministerio de Salud los comités deben cumplir unos protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19 y los llamados a vigilar que las normas sanitarias se cumplan son los alcaldes, objetos de dichas revocatorias.
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Por eso, en algunos casos los mismos comités recusaron a los mandatarios en las procuradurías, como el caso del proceso en Medellín, y otros optaron por declararse impedidos para tal fin. Así pues, el Gobierno Nacional procedió a nombrar reemplazos ad hoc, para que los funcionarios involucrados no tuvieran injerencia alguna en el proceso que los involucra.