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Por segunda vez, el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó la propuesta de que se haga una consulta popular. Desde los sectores oficialistas celebraron que se presentara una vez más y negaron que riña con la discusión de la reforma laboral. Sin embargo, desde la oposición cuestionaron la viabilidad de la discusión y advirtieron supuestos “riesgos” de las preguntas.
Sobre si es posible discutir la consulta hay dos preguntas. La primera es porque hay voces que cuestionan que la consulta la radicara el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como presidente designado, pese a que no estaba entre sus tareas. Y la segunda es porque ya el Senado había negado las 12 preguntas presentadas originalmente.
El propio presidente Gustavo Petro se refirió al tema. En una publicación en X, realizada antes de la radicación de la consulta, manifestó: “No hay otra cosa que hacer, que no retroceder, el pueblo debe ganar la mayoría del Senado, y es ahora. Y la fórmula es la movilización popular al máximo que incluye la huelga por horas, hasta llegar a indefinida y general si la oligarquía sigue terca y adormecida por tanta sangre y explotación. Es hora de la movilización pacífica y la razón”.
En ese sentido, la senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico) afirmó que “cuantas veces sea necesario, una y otra vez, el pueblo tiene derecho a decidir sobre sus derechos. De nuevo, radicada la consulta popular en el Senado de la República. Un Pueblo Valiente dice SÍ”.
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Por su parte, la congresista María José Pizarro, también del Pacto, ratificó “mi compromiso irrestricto con las reformas, con la consulta popular y la agenda del cambio (...) También ratifico mi total compromiso para sacar adelante la unidad del Pacto Histórico, así como los mecanismos democráticos necesarios que vengo exigiendo desde 2023”.
Además, Pizarro, hoy precandidata presidencial, señaló que radicó una solicitud de revisión de la apelación que presentó durante la plenaria en la que se hundió la primera consulta. “He preparado otras acciones jurídicas para proteger los derechos parlamentarios y del pueblo que nos eligió ante semejante falta de garantías en el Congreso”.
Por su parte, la representante María Fernanda Carrascal, quien fuera coordinadora ponente de la reforma laboral en la Cámara, aseguró que “la consulta popular no riñe con el trámite de la reforma en Congreso, a la que estaremos atentos para que no sea regresiva. Claro que pueden adelantarse las dos iniciativas, ya que la consulta es más garantista y trata temas que no están en el proyecto que actualmente se discute en el Senado”.
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En la otra esquina política, hubo críticas. El exministro de Salud Alejandro Gaviria calificó de “engaño” las cuatro preguntas nuevas. Particularmente, cuestionó la pregunta que busca definir sobre la compra de medicamentos, asegurando que “esta pregunta es en el mejor de los casos un engaño y en el peor, un anticipo a un desastre”. “Pretende arrebatarle al Congreso la capacidad de discutir las leyes. Estas preguntas son una forma de populismo profundamente antidemocrática”, apuntó.
La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) cuestionó también esa pregunta, asegurando que “esta es la idea de Petro de producir los medicamentos fue la forma como acabaron los laboratorios en Venezuela. Cambiaron los medicamentos por unos cubanos de mala calidad que no eran eficaces. Se los mandaban a la casa y crearon un monopolio estatal de medicamentos. Si no le dan, o le dan de mala calidad usted no tiene cómo comprar otro”.
Además, dijo que “el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó la misma consulta popular con solo 4 preguntas nuevas. Las preguntas negadas ya fueron negadas, no se pueden volver a considerar”.
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