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Cartagena ya tenía suficientes problemas cuando llegó el nuevo coronavirus. La ciudad empezaba apenas a tener una especie de reorganización después de años y años de inestabilidad institucional, producto de una turbulencia política en la que se revolvieron la corrupción, la desidia y la apatía ciudadana, que solo acentuaron los abismos estructurales que han deambulado las calles como fantasmas. La derrota de William García Tirado, representante de la clase política tradicional, significó para una mayoría la posibilidad de experimentar una nueva forma de hacer las cosas. Como nuevo alcalde fue electo otro William —William Dau Chamat—, quien llegó con un discurso anticorrupción y la promesa de desterrar el clientelismo.
Pero apareció la pandemia y no perdonó los años perdidos. Cartagena, en donde se reportó la primera muerte por coronavirus en el país, ha acumulado en los últimos 15 días una de las cifras más preocupantes respecto a contagios y fallecimientos. El viernes tenía al menos 1.717 casos confirmados del virus y se habían presentado 93 muertes: con esos números se convirtió en la segunda capital con más contagiados y más decesos, superada únicamente por Bogotá. A estos números se llegaron sin que la ciudad cuente aún con una sólida red hospitalaria. El alcalde Dau recibió un problema en cuyo último episodio está involucrado el exalcalde Dionisio Vélez, quien, en su época, pidió al Concejo la aprobación de un préstamo por $250.000 millones, de los cuales $100.000 iban a ser destinados a la readecuación de 25 centros de salud.
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El desenlace de esa historia es que, al día de hoy, no hay claridad sobre el manejo que se les dio a esos recursos, y si bien unos hospitales fueron entregados, las readecuaciones en otros quedaron con avances que a duras penas pasaron el 10 % de ejecución. “Se dieron adelantos de altas sumas de dinero a los consorcios y todo el mundo sabe lo que pasó, ahora la ciudad se quedó sin plata para la salud”, le contó a El Espectador el exconcejal y actual secretario del Interior de Cartagena, David Múnera. Para tener una noción de la afectación de ese nebuloso manejo de la plata está el barrio El Pozón, uno de los más pobres de la ciudad, que tiene actualmente uno de los más altos números de contagio. El hospital que beneficia a sus habitantes quedó con un avance del 47 %.
“Hace seis años intervinieron el hospital y no han terminado. Se presta atención en la misma edificación en construcción. El contratista no tuvo en cuenta que continuaba funcionando y las áreas de servicio fueron afectadas por desmontes eléctricos, demoliciones de muros, desmonte de las instalaciones hidrosanitarias y demoliciones de los registros sanitarios”, contó el director encargado de la ESE Cartagena de Indias, Rodolfo Llinás Castro, en un informe enviado al alcalde el 17 de abril de 2020, conocido por El Espectador. La readecuación de ese hospital era inicialmente de $6.556’719.973 y terminó con una proyección final de $19.284’523.109.
El aumento drástico en los números del coronavirus en Cartagena también se dio una semana después de que renunciara Álvaro Fortich, quien fungía como director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), una dimisión que no hubiese generado mayores suspicacias si, a su salida, no hubiese ventilado las diferencias que tenía con Dau en cuanto al manejo de la pandemia.
En declaraciones al diario El Universal, de esa ciudad, Fortich fue claro al manifestar que el mandatario de los cartageneros ignoraba consejos. “No escucha estrategias. Hace un mes le dije que cerrara el mercado de Bazurto, pero me dijo que no, y el mercado se llenó. ¿A quién le va a consultar un alcalde sobre un plan de salud si no es al secretario de Salud? Las medidas duras que se tomaron al principio me tocó pelearlas”, dijo el entonces funcionario. Lo dicho por Fortich coincide con varias voces en la ciudad que describen la terquedad del alcalde para atender opiniones diferentes.
Aunque por razones diferentes, seis días después presentó su renuncia Mónica Fadul, designada por Dau como gerente de la ciudad, un cargo que no tenía antecedentes en Cartagena y que fue concebido como una especie de vicealcaldía para atender “asuntos urgentes”. Fadul, quien se irá el 15 de junio próximo, defendió la gestión de Dau. “No veo terquedad. Él escucha y aprecia posturas de muchos, se forma la inteligencia del asunto y adopta las decisiones que mejor considere. No significa que siempre hay consenso”, señala.
La funcionaria reafirma que la salud en Cartagena ha sido la “cenicienta” y un sector deseado y tomado por intereses “que no representan a la sociedad en pleno”. “Las deudas del sistema son altas y no se habían ocupado siquiera en servirse, por ejemplo, de la ley de punto final para la mejora del sector, en lo cual hoy la administración trabaja a toda marcha”, anota. A la suma de esas desgracias se agregan dos factores más: alta indisciplina y la necesidad de salir a la calle para buscar el sustento diario. En Cartagena la pobreza monetaria llega al 25,9 % y la pobreza monetaria extrema es del 3,4 %, según datos del DANE de 2018.
Y en la Heroica, coinciden quienes la habitan, hay mucha gente en las calles y en algunos sectores específicos es como si el virus nunca hubiese llegado. Fadul lo reconoce: “Descartando que la ciudad es habitada por muchas familias en extrema vulnerabilidad, obligados a buscar a diario la provisión, la indisciplina se ha visto en todos los segmentos de la población. También, valga destacar, hay ejemplos de profundo respeto a las normas de convivencia”.
La situación de la ciudad llamó la atención del Gobierno Nacional. El pasado 20 de mayo, el presidente Iván Duque designó al médico Juan Manuel Benedetti Sarasti como coordinador en la lucha contra el COVID-19 en Cartagena, menos de 24 horas después de que el alcalde Dau pidiera autorización para extremar las medidas de aislamiento. Días antes, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, regañó a las EPS de la ciudad porque el número de muestras para las pruebas que se estaban tomando era muy inferior al del resto de ciudades capitales. El jefe de la cartera, incluso, amenazó con sanciones e investigaciones de la Superintendencia de Salud.
El viernes se conoció por parte de W Radio que, aunque hace más de un mes se firmó un contrato por $725 millones con la empresa Ventas Distribución y Marketing Limitada para comprar 10.000 pruebas rápidas de COVID-19, estas no han llegado. Eso motivó una acción preventiva desde la Procuraduría Provincial. “Se requieren control y disciplina, necesitamos aumentar la conciencia sobre el riesgo tan grande que enfrentamos. Se necesita un plan de choque para aumentar camas UCI y pruebas sectorizadas en los barrios con más contagios”, sugirió la senadora cartagenera Nadia Blel. Lo cierto es que el nuevo coronavirus ha enfrentado a Cartagena con la tragedia de su propio pasado.