Crisis de representatividad

Necesitamos encausar el ejercicio del gobierno desde la promoción de grandes iniciativas que condensen las agendas descritas y que generen esperanza en la ciudadanía desesperada con el incierto futuro del país.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Lo que desde finales de abril supuso un cimbronazo para la maltrecha institucionalidad política nacional, dado su aparente poder de convocatoria, ha conducido a desnudar la ambición de poder, legítima quizás, que tienen las anquilosadas y poco creativas organizaciones sindicales. También, por supuesto, que el norte aparente del Gobierno Nacional es distante, frío, poco calculador y antipático frente a los anhelos históricos de la huérfana ciudadanía colombiana, y que los jóvenes en las calles se mueven al vaivén de sus expectativas, en direcciones bien distantes de la institucionalidad.

Desafortunado cuadro en el que, por cuenta de la polarización extrema y la mirada puesta en el árbol y no es bosque, la opinión se concentró en condenar la violencia que de parte y parte se promueve, y no en tramitar un debate sereno, técnico y con mirada regional hacia la promoción de salidas estructurales a las múltiples expresiones de crisis, iterativas e irresueltas, a lo largo de la historia.

Si algo más le faltaba a este nefasto rifirrafe es que los actuales partidos políticos languidecen en medio de la anarquía social como estructuras de defensa programática. Nada ni nadie representa y cada quién reclama a tono con su propia desgracia. Seguimos echándole sal a la sopa del caudillismo y la desinformación es el mejor aperitivo. ¿Quién está discutiendo como asunto sensible la capacidad de representación de los partidos? No, pasan de agache en el debate.

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Tras semanas de “negociación”, el Comité del Paro decide soltar el resorte y evaluar su “estrategia” de movilización. Desde la apuesta inicial provista en el llamado “pliego de emergencia”, se deducen peticiones irrealizables en el corto plazo, no solamente por la inviabilidad fiscal, sino por la inoperante agenda social del Gobierno. Se desnudó su fractura interna, su apetito electoral y su falta de sustancia técnica para la negociación. No hay una sola propuesta con sustento programático y con visión de largo plazo. ¡Hay que aprovechar la exposición mediática para agregar valor, señores, y no solo pensar en los incendios!

Como dicen por ahí: “se juntaron el hambre con las ganas de comer”. Desde los extremos, sentados a la mesa y con una ciudadanía presa del temor, no se concretan alternativas viables que hagan posible encausar las miles de demandas sociales en, lo que considero, deben ser al menos cinco grandes agendas de política social que garanticen la ocupación, especialmente de los jóvenes. A saber y en este orden: seguridad alimentaria, empleo-ingresos, salud y educación (la misma que los líderes de Fecode marginalizan con cada pronunciamiento).

Ojalá comprendamos algún día que de acá se derivará la paz y, por supuesto, el crecimiento económico igualitario, equitativo. Calma, no es de un día para otro. Nos falta mucho.

Todo lo demás es importante. Pero se perdieron siete semanas “discutiendo” si la Fuerza Pública puede o no ejercer la poca autoridad legal que regenta, si existen o no canales legítimos para dialogar, si los negociadores son o no quienes deben concentrar el regreso a la “normalidad”. ¿Quién dijo que el monopolio de la fuerza de un Estado y la protección de los bienes públicos y privados está en discusión?

¡¿Los bloqueos?! Casi un crimen de lesa humanidad por todo el impacto que supone en la vida de la inmensa mayoría de ciudadanos que, ni ‘fu ni fa’, solo viven para trabajar y que poco o nada comprenden el fondo del problema. Bloqueos, por cierto, sobre los que el Comité del Paro en perspectiva de país tiene capacidad de control casi nula. ¿Esto está en discusión? Bueno, en el Estado fallido colombiano tal parece que sí.

¿Quién y de qué forma asumirá la tarea de representar intereses que promuevan el cambio social y político del país? A nueve meses de elecciones a Congreso, el panorama es más cercano al del individualismo electoral, la atomización (similar, paradójicamente, al ocurrido tras la Constituyente del 91), como es normal dentro de los partidos mismos.

Para las presidenciales, la cosa se torna aún más difícil si consideramos no solamente que los extremos se alejan cada vez más y se culpan mutuamente de la desventura, sino que, de acuerdo con las diversas mediciones recientes, al menos un 40% de los colombianos no conoce los candidatos, menos sus propuestas y no sabe a ciencia cierta por quién inclinarse en su elección.

¿Será que el paupérrimo escenario actual de la democracia peruana no nos dará una lección? Los dos extremos ideológicos enfrentados: con una candidata, cuyo padre cumple actualmente una condena de 25 años de prisión por delitos de corrupción y por la muerte y desaparición forzada de ciudadanos; y por otro, el aparente ganador, que en pleno siglo XXI considera que el Estado debe subordinar al mercado e imponer su voluntad frente a las libertades individuales. ¡Viva Latinoamérica y su despotismo iletrado!

Estamos preocupados por la forma y no por el fondo. Hoy la polémica se reduce a si nos vamos por la política o la fuerza. En el papel no hay término medio. Tal parece que “diálogo” o “autoridad” no son más que muletillas, definiciones de Perogrullo sobre lo que se cree debe ser el camino para resolver la coyuntura. Por si acaso, preguntar al alcalde de Cali. ¿Y quién dijo que son excluyentes?

Necesitamos encausar el ejercicio del Gobierno desde la promoción de grandes iniciativas que condensen las agendas descritas y que generen esperanza en la ciudadanía desesperada con el incierto futuro del país.

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Tampoco se trata de buscar quién es el culpable de la anomia. Si los propietarios, egoístas y envalentonados por solidaridad de clase, o el Estado incapaz de intervenir para salvaguardar el orden y los derechos de propiedad, lo cual refuerza la percepción de ilegitimidad y torpeza que tienen los ciudadanos hacia este.

Tanto en zonas urbanas como rurales, nuestra sociedad soporta adversidades frecuentes, algunas asociadas a sucesos naturales y la errónea planificación; otras, de orden político, propias de los malos arreglos institucionales, como la guerra propiciada por la mala distribución de la riqueza y factores de capital. Algunas determinantes también se asocian al cumplimiento de normas: quizás por cuenta de la débil cultura de valores ciudadanos, pero sin duda, debido a lo incompatible que resulta el significado de la responsabilidad social y el sentido autoridad.

Cuesta creer que un joven ciudadano excluido comprenda la importancia de una norma de tránsito y la acate, ni que decir de una norma de urbanidad o convivencia. Es también difícil comprender cómo un ciudadano que vive del rebusque, sea cual sea su medio de subsistencia, asienta favorablemente a un llamado al orden para el uso del espacio público, por citar solo un ejemplo.

La verdadera responsabilidad por el orden institucional y su equilibrio debe recaer también en el sistema judicial. Se necesita poner el reflector en los jueces, no solamente en el Ejecutivo y el Congreso. La justicia no puede tampoco pasar de agache en esta crisis, como está quedando en evidencia. Una buena parte de la crisis se suscita por su inviabilidad institucional y por siempre llegar tarde a la cita.

Apaguemos los incendios y aprovechemos la coyuntura para ello. Y ojalá también superemos nuestra visión parroquial de país, la de las montañas, para dar oportunidad a liderazgos que abran el debate de transformación desde lo técnico y que cuenten con la sensibilidad necesaria desde la mitad de los extremos. Todo nuestro concurso. Con algo de esperanza, a menos de un año estamos a tiempo de hacer algo por Colombia ¿O queremos que suceda lo mismo que en Perú?

* Politólogo, consultor y profesor universitario @dialbenedetti