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El desacople entre los periodos del presidente y los mandatarios territoriales hace que la coordinación de políticas y programas entre los distintos niveles de gobierno sea un gran reto. Cuando los nuevos planes de desarrollo territorial estén aprobados, el gobierno nacional estará llegando a la mitad de su periodo.
Así, son los presupuestos de 2025 y 2026 los que podrán tener una óptima coordinación para proyectos estratégicos, pues el de 2027 estará mediado por las prioridades del nuevo gobierno central. El horizonte práctico de ejecución no es de cuatro años y el político suele ser todavía más corto.
Ese es el panorama que tienen los cuatro gobernadores y 178 alcaldes electos del Pacífico, convocados por la Región Administrativa y de Planificación, RAP Pacífico, a una primera cumbre el martes 12 de diciembre en Cali, justo antes de los dos días del evento de clausura nacional del proceso de inducción de los nuevos mandatarios liderado por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.
El Pacífico es tal vez la región con más capital político hoy frente al gobierno nacional. En la elección presidencial de 2022 fue clave, en las encuestas es la región que más aprueba la gestión del presidente Petro y en octubre eligió tres gobernadores afines al gobierno nacional (Nariño, Cauca y Chocó) y una gobernadora independiente moderada (Valle del Cauca). Tiene, además, vicepresidenta de la República.
Sin embargo, convertir el capital político y la legitimidad de la búsqueda de equidad en más inversiones, obras y bienestar para los habitantes del Pacífico requiere una estrategia, liderazgo y un proceso, temas obligados en la conversación de la cumbre del próximo martes en el Hotel Spiwak de la capital del Valle.
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En la agenda hay temas principalmente políticos, como: i) la formalización de la vocería regional, técnica y política; ii) la concertación con la vicepresidenta Francia Márquez sobre el artículo 290 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que ordena una Política para el desarrollo integral del Pacífico, y el Plan Estratégico Regional Pacífico; y iii) la coordinación con la bancada de congresistas del Pacífico para la interlocución estratégica con el gobierno nacional.
Y también temas con un alto componente técnico, como: i) la priorización de inversiones de la nación en la región a proteger ante eventuales recortes por desfinanciación del Presupuesto General de la Nación, PGN; ii) la conveniencia de un Pacto Territorial del Pacífico para asegurar concurrencia de inversiones en obras de impacto subregional y regional; y iii) una solución al problema de carencia de recursos de pre-inversión para estructuración de proyectos de las entidades territoriales.
La vocería regional y la bancada de congresistas
En agosto pasado, la noticia de la fallida reunión de los cuatro gobernadores de la región con el presidente Petro en Casa de Nariño, mostró la necesidad de una interlocución más institucionalizada con el presidente y el alto gobierno. En general, existe acuerdo sobre que la vocería política la ejerza la RAP Pacífico a través de sus gobernadores de “modo colegiado”, en palabras de Nubia Carolina Córdoba, gobernadora electa del Chocó, y de Rafael Bolaños, alcalde electo de Quibdó.
Sin embargo, el alcalde electo de Tumaco, Félix Henao, anota que la “instancia política debe ser formalizada por los cuatro gobernadores y los cuatro alcaldes de las ciudades más representativas del Pacífico colombiano”, una opinión con la que tiende a coincidir el alcalde saliente de Quibdó, Martín Sánchez.
Carlos Rojas, coordinador del encuentro de alcaldes del Litoral Pacífico que en 2022 organizó la alcaldía de Cali, en el que estuvo el presidente Petro recién posesionado, subraya que la RAP debe tocar los temas regionales solamente, sin traslaparse con asuntos que corresponden a liderazgos departamentales y municipales.
Una interlocución política institucionalizada con el presidente y la vicepresidenta, en el sentido de reuniones periódicas conjuntas de cada tres o cuatro meses (algo en lo que vale la pena gastar capital político con el presidente), sin perjuicio de encuentros extraordinarios por emergencias, fortalecería la interlocución técnica de la RAP Pacífico con Planeación Nacional, DNP, los ministerios y las agencias sectoriales nacionales.
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Hay consenso en que la interlocución regional con el gobierno nacional debe ser coordinada con la bancada de congresistas del Pacífico. Para María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, “la RAP está llamada a aglutinar la bancada del Pacífico en torno al Plan Estratégico Regional de largo plazo”.
Dilian Francisca Toro, gobernadora electa del Valle del Cauca, en cuyo anterior mandato se creó la RAP Pacífico, señaló que “vamos a actuar juntos como gobernantes y a unificar el bloque parlamentario del Pacífico para incidir de forma complementaria”.
La concertación con la vicepresidenta y un Pacto Territorial
Uno de los primeros retos políticos de la nueva junta directiva de la RAP Pacífico tiene que ver con la articulación entre la “Política para el desarrollo integral del Pacífico”, cuyo diseño e implementación la Ley 2294/2023 (art. 290) pone “bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República” con el apoyo técnico del DNP y MinHacienda, y el “Plan Estratégico Regional Pacífico a 2041″, PERP 2041, que la RAP elaboró durante dos años y adoptó en 2022.
Los técnicos consideran que si la Vicepresidencia procede a diseñar “de cero” dicha política pública quedaría poco tiempo para la implementación, y que es conveniente apalancarse en el PERP 2041. La política para el Pacífico que contempla la Ley del Plan Nacional de Desarrollo está centrada en los acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura y del Paro Cívico del Chocó, los Planes de Acción Territorial -PATR- para las subregiones del Pacífico Medio, del Pacífico y Frontera Nariñense, Alto Patía y Norte del Cauca, Chocó y los planes definidos por las comunidades víctimas del conflicto armado, mientras el PERP 2041 necesariamente tiene una visión más global y de largo plazo.
Se impone un diálogo para equilibrar en el interior de la RAP el peso del Pacífico andino y del Litoral Pacífico en la visión del desarrollo del Pacífico y en las políticas públicas, pues en este momento el Litoral es dominante, aparentemente sin suficiente articulación con el Pacífico andino.
El Plan de Desarrollo 2022-2026, de hecho, en su artículo 291, ordena el “Fortalecimiento del Fondo para el desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico”, FTSP, le añade a los 50 municipios del ámbito de competencia territorial 11 del norte del Cauca, y asigna a MinHacienda la tarea de diseñar y ejecutar “mejoras a la estructura administrativa, financiera y de gobernanza del Fondo”.
Con dos instrumentos, la RAP Pacífico y el FTSP; un plan, el PERP 2041; un mandato de política pública de más corto plazo, y cuatro nuevos planes de desarrollo departamentales el próximo semestre, resulta necesario un acuerdo político de alto nivel para que los técnicos puedan diseñar las articulaciones debidas entre programas e inversiones.
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La fórmula que el gobierno nacional tiene a la mano para tal articulación es la de los “Pactos Territoriales”, instrumento “para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND y la construcción de la Paz Total”, que facilitan “la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, bajo la coordinación del DNP”.
En esta discusión, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, argumenta que debe crearse una “Agencia Nacional para el Desarrollo del Pacífico colombiano”, que subsane la precariedad de la institucionalidad existente para la ejecución de grandes obras y presupuestos.
Las inversiones para el Pacífico en 2024
En el Presupuesto General de la Nación, PGN, de 2024, la inversión para el Pacífico es de $13 billones aproximadamente, 30% más que en 2023 ($10 billones). El Chocó tiene asignados para el año entrante cerca de $2 billones; Cauca, $3,3 billones; Nariño, casi $3,2 billones, y Valle del Cauca, $4,6 billones. De acuerdo con DNP, la inversión por habitante, un indicador de equidad en la medida en que es mayor para las zonas rezagadas, es: Chocó: $3,2 millones; Cauca: $2,1 millones; Nariño: $1,9 millones, y Valle del Cauca: $1,0 millones.
Frente al PGN 2024, el riesgo latente para el Pacífico, que deberá prever y gestionar su vocería regional con el bloque parlamentario, son los recortes en el presupuesto de inversión por causa de los huecos de financiación que han comenzado a ocurrir, como el que genera la caída en la Corte Constitucional de la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para las empresas de industrias extractivas, o como el que se crearía si se confirman las dudas sobre el recaudo adicional de $15 billones producto del arbitraje de litigios, como ha señalado el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. ¿Qué inversiones proteger ante eventuales recortes? requiere trabajo colectivo previo.
Y el segundo reto de la inversión viene por el lado de las regalías. Chocó tiene para 2024, $431 mil millones; Cauca, $408 mil millones; Nariño, $429 mil millones; y Valle del Cauca, $336 mil millones. Pero la viabilización depende de recursos de pre-inversión, que no se tienen, para adquirir capacidad técnica y de gestión, que no se tiene.
El artículo 291 de la Ley del Plan de Desarrollo dice que MinHacienda “propenderá por la asignación de recursos adicionales al FTSP, que financiarán las etapas de preinversión e inversión”. Otro tema para la vocería regional, porque la pre-inversión se puede articular entre el FTSP, la RAP Pacífico, gobernaciones y alcaldías de ciudades.
La cumbre no alcanzará para tantos asuntos, pero los corrillos en los dos días de inducción con la ESAP servirán para proseguir esta conversación estratégica para el Pacífico colombiano.
*Otorga con El Espectador el premio Afrocolombianos del Año desde 2010. Co-organizador del reciente “Coloquio con gobernante electos y RAP: Colombia Afro 2024-2027, políticas públicas, ODS 2030 y equidad”.
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Por Por Fundación Color de Colombia*
