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En el edificio Murillo Toro, el mismo que algunos llaman el epicentro de la tecnología de Colombia al ser la sede del Ministerio de las TIC, tuvieron lugar varias reuniones entre el líder de esta cartera, Mauricio Lizcano, y algunos representantes del Partido de la U. Aunque las visitas podrían no trascender de lo protocolario y de ser la oportunidad para transferirle al funcionario las quejas que, aseguran los congresistas, tienen los ciudadanos de sus departamentos por las fallas de conexión, coinciden en que días después de realizadas la reforma a la salud fue aprobada en segundo debate.
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Algunos de los representantes que pasaron por las instalaciones del Ministerio serían Ana Paola García y Camilo Esteban Ávila, quienes el pasado 5 de diciembre en la plenaria de la Cámara, junto a compañeros de bancada como Astrid Sánchez Montes de Oca, Álvaro Londoño, Julián David López Tenorio, Wílmer Carrillo, José Eliécer Salazar, Teresa de Jesús Enríquez, Diego Fernando Caicedo, Alexánder Guarín y Milene Jarava, le dieron el sí a una iniciativa que estuvo trabada la mayor parte de este período en el Congreso, con lo que ayudaron a las mayorías del Gobierno.
Aunque el ministro renunció hace dos años al Partido de la U, del cual fue fundador, argumentando no sentirse ya identificado con la colectividad, voces del Congreso le dijeron a este diario que se le vio mucho en la corporación durante los días claves de la reforma.
Lizcano, quien llegó en mayo al Mintic, luego de que el presidente Gustavo Petro le pidiera el puesto a Sandra Milena Urrutia, le dijo a El Espectador que no hay una ley que le prohíba ir a las plenarias: “La Constitución dice que somos los representantes del Gobierno y estamos autorizados a asistir”. Eso sí, aseguró que no se trata de lobby y que no estuvo buscando votos positivos: “No es cierto y se trata de la esquizofrenia de la polarización que vivimos en la política en el país”.
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Lo cierto es que el partido, antes comandado por la electa gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y hoy liderado por un fracturado cuerpo colegiado de tres representantes y tres senadores, sí tiene lazos y representatividad en el Mintic y en otras entidades del orden nacional.
Esos lazos se mantienen a pesar de haberse declarado como un partido independiente hace ya siete meses por no estar de acuerdo con muchas posturas del gobierno Petro, especialmente en torno a la reforma a la salud.
De acuerdo con fuentes internas de la colectividad, algunos de los puestos y contratos que tienen personas que financiaron campañas al Congreso de 2022 o que están conectadas con los senadores y representantes de la U, habrían sido gestionados por Toro. “A varios congresistas nos pidieron hojas de vida y fue Dilian quien las pasó al Gobierno Nacional, pero hay que resaltar que muchas de estas personas no acaban de llegar a las entidades y cumplen con los requisitos para estar ahí”, mencionó uno de los legisladores.
A su vez, desde la bancada del Senado reconocieron que no descartan negociaciones entre el Gobierno y la bancada, pero afirmaron estar a la expectativa. Además, su dirección colegiada, que coincide en que la salida de Dilian Francisca Toro debilitó el diálogo con el Ejecutivo, desde donde estarían haciendo acercamientos más unipersonales: hablando individualmente con representantes para cazar su apoyo.
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El Espectador se dio a la tarea de revisar quiénes financiaron las campañas de los 15 representantes y 11 senadores que tiene el Partido de la U, y halló que no son pocos los que han suscrito contratos con entidades gubernamentales. También encontró que habría otros funcionarios sin relación con las campañas políticas, pero que guardan algún nexo con esta agrupación política.
Ministerio de las TIC y su relación con el Partido de la U
El Mintic fue una de las carteras que el presidente Petro prometió darle a la U por ser partido de la coalición oficialista. Después de recibir varias hojas de vida, entre las que destacaron las de Galé Mallol, Alexandra Falla, Carolina Durán, Isabel Cristina de Ávila y Mery Janneth Gutiérrez (hoy la mayoría en entidades con lazos con sectores gubernamentales ancladas a la esfera de las comunicaciones y tecnologías), se optó por seleccionar a Sandra Milena Urrutia, quien se mantuvo en el cargo por ocho meses.
En esta entidad han suscrito contratos personas allegadas al senador Juan Felipe Lemos y a la representante Ana Paola García. A su vez, exfuncionarios del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, quien inscribió su candidatura con el aval de la U, hoy integran el Ministerio: Valentín Sierra (director Oficina Internacional) y Juanita Espeleta (jefa Fomento Regional). Este departamento, precisamente, es el fortín político de Lizcano.
En el caso de Lemos, cuyo gerente de campaña, Jairo Alberto Cano, es el gerente regional Noroccidente de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, tanto su hermana Juliana, como su prima Verónica Lemos Sánchez han firmado contratos con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones este año.
Aunque no es la primera vez que Juliana, quien firmó dos contratos este año por $57 millones, presta sus servicios como psicóloga con el Estado, sí es la de Lemos Sánchez, quien fue contratada por más de $70 millones. También es el caso de Guillermo García, familiar de la representante, quien logró dos contratos por $75 millones.
“Mi hermana ha prestado sus servicios desde hace años y se ha sostenido por su capacidad. En el caso de Verónica y Jairo, yo le presenté las hojas de vida a la exdirectora Dilian. Yo con el Gobierno no tengo ninguna puerta abierta.”, dijo Lemos.
Precisamente, la baronesa del Valle, como es conocida la electa gobernadora Toro, también habría tenido que ver con el nombramiento de Mauricio Marín como presidente de Fiduprevisora, entidad adscrita al Minhacienda que se encarga del manejo y la administración de recursos asignados para cubrir desastres. Marín niega esto y también que el representante Wílmer Carrillo, quien tiene sus lazos en la corporación, haya influido en su llegada.
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Edwin Alfredo González Rangel, gerente de servicios en salud del Fondo del Magisterio (Fomag) y Ramón Guillermo Angarita Lamk, recién nombrado presidente de La Previsora S. A., son algunos de los cercanos de Carrillo, quien integra la Comisión de Acusación de la Cámara que investiga al presidente Petro por las presuntas irregularidades en su campaña y que, a su vez, tiene cercanía con el Gobierno.
Pero Carrillo es la muestra de que su partido también se mueve en el espacio regional. Aunque para su familia el número de contratos disminuyó, en comparación a los que obtuvieron durante el gobierno de Iván Duque Márquez, este diario encontró que 13 de sus cercanos han contratado con Norte de Santander, departamento que representa en el Congreso.
Otro ejemplo es el senador José David Name: su cuñado, Luis Fernando Royero Mendoza, quien le donó $12 millones para su campaña al Senado, viene prestando sus servicios como arquitecto con la Corporación Autónoma Regional (CAR) del Atlántico desde 2019 y este año, según Secop, firmó un contrato por casi $50 millones.
En los reportes de financiación de campaña que el congresista le entregó al Consejo Nacional Electoral también resalta Carlos Alberto Barrandica, quien solo en este 2023 ha suscrito contratos por más de $500 millones con la Aeronáutica Civil.
Ese valor, aproximadamente, también se le habría pagado a Saida Candelaria Assis Janna, quien aportó $8 millones a la campaña de la representante Saray Elena Robayo Bechara, y logró contratos con la Cámara de Representantes y la Gobernación de Córdoba. En el Valle, familiares de los congresistas Juan Carlos Garcés y Víctor Manuel Salcedo, ambos de la dirección del partido, tienen contratos vigentes con la administración departamental.
Entretanto, este diario se comunicó con los mencionados en esta historia para conocer sus versiones, incluso a través de redes y correos, pero no todos respondieron.
No obstante, los congresistas de la U dejaron claro que la vinculación de personas conocidas en algunos cargos estatales no constituye un delito, pero para organizaciones como Transparencia por Colombia y la Fundación Pares esto sí deja en entredicho la ética en la política y la pistas de un posible delito tipificado como tráfico de influencias por cuenta de la repartija de burocracia.
En todo caso, esta maraña contractual que toca a los congresistas de la U y que los entrelaza con el Gobierno –práctica que administraciones anteriores también ejecutaron– podría ser clave para el apoyo a las reformas que la Casa de Nariño está buscando.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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