El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el Gobierno tendrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) durante la primera jornada de protestas de la oposición en su administración. En medio de su alocución presidencial del lunes, el presidente Abelardo de la Espriella señaló que aceptará la protesta social pacífica, pero no el “caos” y los bloqueos a los servicios esenciales.
La jornada de protestas convocada por sectores políticos contrarios al gobierno tiene varios puntos de encuentro en las principales ciudades del país. Sin embargo, los principales líderes harán presencia en la capital del país. Esta jornada será de primeras veces: Gustavo Petro debuta como expresidente y líder proclamado de la oposición, además de ser el “estreno” del nuevo decreto que regula la protesta social en Colombia bajo el gobierno de De la Espriella.
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El decreto plantea que la Policía pueda estar a mínimo cuatro metros de los manifestantes y el diálogo se puede mantener mientras la Fuerza Pública interviene en caso de disturbios. Lara confirmó que uno de los puntos clave para el gobierno serán los posibles bloqueos y las movilizaciones en el suroccidente del país. Después de afirmar que dará todas las garantías para la protesta social del próximo 14 de octubre, calificó la convocatoria como un “paro que solo busca engañar al pueblo”.
El nuevo decreto plantea que si se observan actos de violencia en la manifestación “la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”.
Además, es claro frente a las situaciones que habilitan el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Estas son: el porte o empleo de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios; o la retención de personas contra su voluntad; o la agresión contra terceros no participantes, servidores públicos, personal uniformado, misiones médicas o misiones periodísticas.
Sobre este último punto, el presidente De la Espriella ha sido enfático en que no habrá tolerancia contra la violencia o la suspensión de servicios esenciales. En este sentido, la cartera de Lara criticó que el decreto anterior no tuviese en cuenta la continuidad de estos servicios. “No fija la autoridad responsable, el plazo de respuesta ni un criterio objetivo que distinga el bloqueo que compromete la infraestructura de abastecimiento, la atención en salud o el paso de misiones médicas del que tiene otro objeto”, afirmó la cartera.
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