El presidente Abelardo de la Espriella respondió a través de un duro mensaje al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, luego de numerosas declaraciones en las que cuestionó la propuesta de trasladar hasta COP 100.000 millones del presupuesto de la entidad al Consejo Superior de la Judicatura. La confrontación llega luego de que Ramelli dirigiera una carta a la Corte Penal Internacional (CPI) advirtiendo riesgos en la independencia fiscal del tribunal.
El origen del debate radica en una propuesta que ya presentó ante el Congreso el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) para llevar esos recursos a la justicia ordinaria. La misma tuvo el visto bueno desde la Casa de Nariño, hecho que fue cuestionado por la JEP en una carta que, entre otras, asegura que de recortar esos dineros, se incurriría en "un incumplimiento de los compromisos expresamente asumidos por el Gobierno de Colombia en el Acuerdo de Cooperación suscrito con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el 28 de octubre de 2021″. "Las consecuencias no serían únicamente presupuestales. De concretarse el recorte propuesto, quedarían comprometidos componentes indispensables para el funcionamiento de la justicia transicional", dice la carta con firma de Ramelli.
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En ese contexto, el jefe de Estado envió un mensaje a través de sus redes sociales en el que cuestionó los contenidos dirigidos por el presidente de la JEP al órgano internacional. "No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación", escribió De la Espriella, en un extenso mensaje publicado en la mañana de este 20 de septiembre. En primera instancia el presidente aclaró que "hoy no existe una sola decisión de mi Gobierno que permita afirmar, irresponsablemente, que Colombia incumple sus compromisos internacionales".
"Que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando", señaló el mandatario, esto remarcando su postura de respaldar la propuesta realizada por el senador Enrique Gómez. Acto seguido el jefe de Estado manifestó que los monto presupuestales no solo se fijan por las necesidades expresadas por las diferentes entidades, sino también se hace ante la disponibilidad de los recursos.
De la Espriella cuestionó los montos asignados en los últimos años a ese tribunal que ya habrían superado los COP 3 billones. "Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal. No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos", dijo, para acto seguido preguntar: "¿qué se ha hecho con los recursos ya recibidos?".
En su mensaje cuestionó la falta de sentencias concretas y manifestó que "solo en 2026, su nómina se estimó en 404.477 millones de pesos", puntualizando además que el salario de Ramelli se habría elevado de COP 32 a COP 50 millones mensuales y que durante su paso por el tribunal habría acumulado un capital de más de COP 4.000 millones. Es por ello que en un apartado exige: "Antes de denunciar una “asfixia institucional”, exijo que la JEP explique cómo planea, cómo ejecuta, en qué prioriza sus recursos y por qué necesita más dinero cuando el país enfrenta una realidad fiscal estrecha".
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Y sobre un supuesto incumplimiento en los compromisos internacionales de Colombia con la paz, De la Espriella dijo que "cumplir el Acuerdo no significa que deba aprobar sin examen cualquier solicitud ni financiar sin medida una burocracia especial, en perjuicio de la Rama Judicial ordinaria, que es la encargada de combatir la impunidad que padece el conjunto de los colombianos y no solamente un sector".
Finalmente en su mensaje aseguró que "una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar" y enfatizó que no permitirá "que ninguna institución se sitúe por encima de esas reglas". Este cruce de declaraciones vuelve a sembrar dudas sobre un posible encuentro entre el presidente y el magistrado Ramelli, remarcando además las diferencias que el jefe de Estado ha manifestado contra este tribunal.
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