Lejos de los reflectores y los debates que se vienen dando entre Congreso y Gobierno por sus duras diferencias en varios frentes, viene gestándose una discusión que –de avanzar– impactaría directamente en las elecciones de 2026. Y todo por cuenta de un par de proyectos de ley que –en plata blanca– lo que buscan es que haya debates obligatorios entre candidatos en determinados escenarios electorales.
Estas iniciativas, de origen legislativo, coinciden en que se establezca vía legal la obligatoriedad de debates cara a cara para quienes aspiren a llegar a la jefatura del Estado y, con salvedades, establecer espacios similares con los que quieran buscar una alcaldía o una gobernación.
Uno de los proyectos, el que toca directamente con los aspirantes a comandar la Casa de Nariño, lo radicó en el Congreso el representante David Racero, del Pacto Histórico que comulga con el presidente Gustavo Petro. Y el otro, el que se dirige hacia el poder regional, es de iniciativa de los senadores Jonathan Ferney Pulido –conocido como Jota Pe– y Carolina Espitia, avalados por Alianza Verde.
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La iniciativa de Racero ya superó con 22 votos en la Comisión Primera de la Cámara el primero de los cuatro debates que requiere, mientras que la de Pulido Hernández y Espitia está estancada en la agenda de la Comisión Primera del Senado; si bien ha estado en el orden del día, la discusión en torno a su contenido no arranca aún.
Eso sí, entre ambos proyectos hay muchas similitudes. En primer lugar, los dos buscan que los debates presidenciales sean transmitidos por canales públicos como RTVC. En el caso del proyecto del senador “Jota Pe”, se habla de que las estaciones de radio locales puedan ser usadas para la transmisión de debates para alcaldías y gobernaciones.
Otra coincidencia clave son las penalizaciones por el incumplimiento de asistir a los debates. En ambos casos, si un candidato para la Presidencia no asiste al cara a cara que se volvería obligatorio, se le va a prohibir el “espacio en medios de comunicación social que usan el espectro electromagnético, según lo establecido en el artículo 22 de la Ley 996 del 2005”.
También se establece la disminución en un 25 % en la reposición de votos para los candidatos que no participen e, incluso, durante la transmisión del debate se va a mantener vacío el espacio físico acompañado por el nombre e identificación plena del candidato, “a fin de denotar su ausencia”.
Sin embargo, en este punto surge una distinción entre ambos proyectos. En el primer debate en la Cámara se le agregó al de Racero un parágrafo en el que se le da a los candidatos la posibilidad de tener excusas “por razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas y avaladas por el CNE”, punto que el articulado presentado por los verdes no tiene.
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Otra diferencia entre las iniciativas se da en el día en el que se llevarían a cabo estos debates. En el que ya surtió su primer debate se establece que los candidatos se presenten el domingo de la semana antes de la votación nacional, mientras que en la que está en Senado se argumenta que los candidatos deberían debatir 15 días antes de los comicios y que esos cara a cara no se podrían hacer los viernes o sábados, en horario AAA o “franja prime”.
Ambos proyectos de ley consideran que esta medida puede fortalecer la democracia en el país, pues, de acuerdo con el del legislador petrista, se fomenta “la participación política y afianza el sentido de responsabilidad ciudadana sobre lo público”. El espíritu de estas iniciativas también busca fortalecer la “discusión pública”, e incluso utilizan ejemplos de países como Uruguay, México, Brasil y Argentina, en donde este tipo de medidas ya están en sus ordenamientos jurídicos.
Racero aseguró que los candidatos que buscan la presidencia tienen una “responsabilidad ante el electorado”, ya que es su deber “representar a todos los ciudadanos de manera justa e inclusiva”. A renglón seguido, el congresista del oficialismo también mencionó que los aspirantes tienen que “conducir campañas electorales transparentes y éticas”, para así “garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a la participación en el proceso electoral”.
La iniciativa presentada por los verdes, por otra parte, considera que es menester incluir los debates obligatorios para quienes aspiran a ser mandatarios locales y alcaldes porque este aspecto durante la campaña electoral “tiene un impacto significativo en mejorar los procesos electorales, particularmente en contextos de desigualdad como los que se presentan en Colombia”.
También argumentan que –debido al carácter “crucial” del ejercicio informado del sufragio– “los debates proporcionan un espacio para que los ciudadanos evalúen directamente las capacidades, planes y compromisos de los candidatos, permitiendo un voto más consciente y fundamentado”.
Pero sobre estas iniciativas también hay voces críticas. El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) le dijo a El Espectador que no está de acuerdo con ninguna de estas medidas que proponen los dos proyectos de ley. “Me parece que el abstenerse de participar en un debate es una opción igualmente válida, creo que ese tipo de exigencias de asistir a debates presidenciales obligatorios generan más dudas y preocupaciones en el desarrollo de una campaña”, agregó.
De hecho, cuestionó que las iniciativas busquen que estos debates sean televisados y no transmitidos por canales virtuales. “Cada vez son más los que se están informando por redes sociales, por ejemplo YouTube. ¿Esa gente quedaría excluida o se les obligaría a generar contenido en esos canales? No estoy de acuerdo con el proyecto”, concluyó el congresista. quien actualmente hace parte de los bloques de oposición.
Por su parte, la senadora Aída Avella –del Pacto Histórico– le dijo a este diario que no está de acuerdo con las medidas que se presentan en las dos iniciativas debido. La congresista señaló que, debido a la “gran cantidad” de posibles candidatos presidenciales que habría por cuenta de los más de 30 partidos que tienen personería jurídica, se generaría una “fatiga política” en la población.
“A mí me da la impresión de que haría falta una reforma de carácter político. ¿Quiénes pueden ser candidatos a la presidencia? ¿Qué son las alianzas? Por eso, han quitado tantas gobernaciones, alcaldías y han salido congresistas. Nos va a quedar muy difícil si no hay una reforma política de por medio”, agregó.
Avella también criticó la iniciativa propuesta por los senadores verdes, pues argumenta que no queda muy claro si los debates van a ser transmitidos en todo el país o únicamente en la región en donde se llevarán a cabo los comicios. “Lo que yo noté en la última campaña es que la gente está muy fatigada. No sé si debemos llegar al extremo de si todos los candidatos a alcaldes deben pasar por ahí”, concluyó la senadora oficialista.
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En las elecciones presidenciales pasadas se llevaron a cabo alrededor de 35 debates entre los candidatos que aspiraban a la jefatura del Estado. Esa cantidad de cara a cara se debe a que esta actividad de campaña empezó con las consultas interpartidarias y se extendió hasta la segunda vuelta. En ese entonces, en 2022, había ocho candidatos presidenciales y, aún así, no todos estuvieron presentes en todas las discusiones con este carácter que se organizaron.
Sin embargo, los entonces candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro –que llegaron a segunda vuelta– no asistieron a debates para la recta final de esas presidenciales. Incluso, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que se realizara un debate entre ellos antes de la última cita a urnas de ese momento, pero los equipos de los aspirantes no se pusieron de acuerdo y esa discusión pública no se ejecutó.
Ahora bien, un articulado cuyo fin era también hacer obligatorios los debates ya se había presentado por parte del representante liberal Carlos Felipe Quintero, pero tampoco avanzó.
En todo caso, las dos iniciativas que continúan con vida en el Capitolio están generando un amplio debate entre oficialismo y oposición porque, de avanzar, tendría impacto directo en las elecciones del 2026. Además, hay expectativa en torno a si se darán o no los siguientes debates, pues la agenda del Legislativo puede terminar copada por la consulta popular que quiere impulsar el presidente Petro y los constantes choques entre Congreso y Presidencia pueden enredar su avance.
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Por Daniel Mariño Olivella
