Declaraciones de renta públicas, el punto que dilata la votación de proyecto anticorrupción

La declaración de renta y bienes estaba consignado en el punto número seis de la Consulta Anticorrupción, en el que también se exige la publicación de posibles conflictos de intereses. / Cristian Garavito - El Espectador

Luego de más de dos horas de debate en plenaria de Senado, el proyecto que pretende obligar la publicación de la declaración de renta y bienes, y otros documentos, punto de la Consulta Anticorrupción, votada en 2018, no logró el consenso total de los congresistas.

La iniciativa, presentada por la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, propone que sean de acceso público los documentos que dan cuenta de la declaración de renta con especificidades, los posibles conflictos de interés y el registro de bienes y rentas de los funcionarios públicos elegidos por voto popular.

La sesión, que no contó con la asistencia de todo el quórum, le expresó a la ponente senadora que están de acuerdo con que los servidores públicos sean transparentes con sus cuentas e impedimentos, sin embargo, algunos numerales de la propuesta fueron motivos para suspender la sesión y no votar un proyecto que cuenta con el aval de más de once millones de colombianos y el mensaje de urgencia de Iván Duque.

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Los disensos fueron varios. Myriam Paredes, senadora por el Partido Conservador, manifestó su preocupación sobre el numeral que identifica los parientes de los funcionarios. “Pienso que con el registro de la declaración de renta se está dando a conocer cuál es el patrimonio de cada uno de los funcionarios. Es delicado que se identifique a los parientes de un servidor público para que la delincuencia común y corriente tenga información para chantajear y extorsionar”, dijo la senadora.

Sobre esto, Paredes agregó que la información que proveen los legisladores y demás servidores “no puede involucrar el ejercicio de la actividad económica de quienes hacen parte de nuestro entorno familiar. Solicitaría que antes de dar aprobación del articulado, se nombrara una comisión para que revise esto con detenimiento”.

Sin embargo, Lozano le recordó a la senadora conservadora que los parientes no tienen que publicar por sí mismos ninguna información, pero los funcionarios sí deben consignar sus nombres hasta el segundo grado de consanguinidad con total protección. “Lo que busca el proyecto es que sean documentos de acceso público. Los documentos ya existen, pero lo que se quiere es que no estén en el cajón de las secretarías”.

Pese a las claridades que expuso la líder de la Consulta Anticorrupción, las dudas continuaron en torno al tema de la exposición de los familiares en estos documentos. Laureano Acuña, también conservador, dijo que “la extorsión es de gran escala. Desde una cárcel de cualquier ciudad del país. Ahora, que tal que muchos de los que están aquí y que son grandes empresarios de colombia, pongan quiénes son sus familiares y los expongan. ¿Por qué tenemos que someternos a eso?”.

“Recojo la preocupación de todos ustedes y dejemos el nombre de la pareja, y quitamos hermanos y padres e hijos. No estoy habilitada para suprimir uno de los tres elementos, pero podemos quitar lo de la familia (numeral 2 del artículo 5). Porque claramente esto (es decir, aprobar el proyecto) nos pone en las ligas de países de acceso público de información”, fue la respuesta de la senadora verde.

Ante el tire y afloje, Lozano repitió que pese a las preocupaciones de los legisladores, este proyecto “no es sobre y para el Congreso” y que lo que estaban votando fue producto de mesas de trabajo con el Ministerio del Interior y todos los representantes de los partidos en la Mesa Técnica.

No obstante, el peso de sus argumentos no fue suficiente para votar el proyecto y, luego de un momento de tensión, el presidente de la corporación, Ernesto Macías, decidió suspender y retomar el debate el miércoles próximo, como uno de los temas prioritarios del orden del día.