El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) firmó el decreto 0030 del 19 de enero de 2026, con el cual derogó la prima especial de servicios para los miembros del Congreso que recibían los legisladores por medio del decreto 2170 de 2013.
La medida que fue anunciada por el presidente Gustavo Petro a inicios de año aplicará para quienes se posesionen a partir del 20 de julio de 2026 y tendrá efectos fiscales desde esa misma fecha.
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En su momento, el Decreto 2170 de 2013 sustituyó las primas de localización, vivienda y salud de los congresistas por una prima especial de servicios. Esta equivalía a cerca de COP 7 millones cuando fue firmada y, con los reajustes, se estima que estaría en cerca de COP 16 millones.
Según el nuevo decreto, “la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado hace necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio, con el fin de asegurar su coherencia con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad”.
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Para tomar esta decisión, el Gobierno justificó que la Ley 4 de 1992 permite reconocer ciertas primas para los miembros del Congreso solo “cuando las circunstancias lo justifiquen”, y que la Corte Constitucional ha señalado que esas prestaciones no son automáticas ni obligatorias para el Ejecutivo.
Además, el decreto sostiene que la remuneración de los congresistas es desproporcionada frente al ingreso promedio y la realidad económica del país. La decisión llega en un contexto de déficit fiscal, donde el Presupuesto General de la Nación registra un vacío de COP 16,3 billones, escenario que ha llevado al Gobierno a declarar una emergencia económica y a adoptar medidas de austeridad; entre estas, el recorte a los gastos que genera el legislativo, que representaría cerca de COP 56.000 millones al año para la Nación.
Tras la expedición de este decreto, el salario anual de los congresistas bajaría de COP 640 millones a COP 625 millones.
Aquí puede leer el decreto:
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