Cumplido más de un mes desde que el Gobierno Nacional decretó el confinamiento obligatorio para hacerle frente al coronavirus, este lunes la Defensoría del Pueblo alertó por una “arremetida violenta” contra comunidades vulnerables por parte de actores armados no estatales y grupos armados de crimen organizado.
Lea también: Pese a llamado de la ONU, Eln no prolongará cese al fuego unilateral
Según el organismo, que se declaró preocupado por el panorama, se han documentado al menos 40 acciones tendientes a intimidar y generar daño en las comunidades, tales como amenazas, restricciones a la movilidad, atentados contra la integridad personal y homicidios. “Estos actores y grupos han adecuado su presencia y accionar a las condiciones propias de la emergencia sanitaria y particularmente a las medidas de aislamiento preventivo”, indicó el ente.
La Defensoría alertó por la arremetida violenta en el departamento del Cauca; el Pacífico nariñense; la zona del bajo Putumayo; el occidente de Antioquia y el Atrato chocoano, donde los grupos ilegales, para avanzar en sus intereses por las economías ilegales, intimidan y hostigan a la población civil.
“La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos persiste bajo igual dinámica a la denunciada desde hace cuatro años. Los homicidios selectivos de las últimas semanas son graves y deben ser objeto de medidas contundentes de investigación y esclarecimiento”, agregó la Defensoría.
En esa línea, pidió a las autoridades promover más acciones encaminadas a la prevención, “máxime cuando hay escenarios de riesgo advertidos por alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo”. De acuerdo con el ente, las condiciones actuales de violencia en su contra, así como la pandemia, están limitando gravemente su labor para defender los derechos humanos.
Independiente de su origen, motivación, capacidad y orientación, el organismo pidió a los grupos armados para que, en virtud del principio de humanidad, reduzcan, hasta la eliminación, el empleo de la violencia armada; cesen la violencia e intimidación contra líderes sociales y defensores de derechos humanos; respeten y permitan la acción de la misión médica para la prevención y atención del COVID-19, así como el abastecimiento de bienes esenciales, y que protejan y prevengan el contagio al interior de sus filas.