Así va el choque del Gobierno Petro por la concesión de acceso Norte en Bogotá

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia.

Foto: El Espectador - Jorge Londoño

La punga interinstitucional en el Gobierno Nacional ahora presenta una nueva confrontación protagonizada por la Secretaría de Transparencia, en cabeza de Andrés Idárraga, y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), hoy bajo la dirección de Óscar Torres Yarzagaray, con motivo de una presunta serie de irregularidades en el proyecto Acceso Norte entre Bogotá y Chía.

El pleito inició el pasado 27 de agosto luego de que durante una rueda de prensa convocada por Idárraga, el funcionario de la Presidencia denunciara un presunto “volteo de tierras” en este proyecto. “¿Cómo se estructuró una APP, un proyecto que se aprobó en el consejo de ministros de aquel entonces, si ni siquiera había estudios técnicos de cuánto valía la obra?“, cuestionó.

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Dentro de las pruebas sustentadas, Idárraga señaló variación entre los avalúos catastrales en predios colindantes “por lo que hemos considerado que la situación que se presentó en medio de la aprobación exprés de este Plan de Ordenamiento Territorial (POT) suspendido en el año 2016 permitió que se presentara un volteo de tierras, entre otras, beneficiando y/o perjudicando a cientos de familias”, manifestó el funcionario.

En sus conclusiones, la Secretaría de Transparencia aseguró que “se hizo una modificación al POT, hoy suspendido, sin la cual no hubiera podido facilitar la aprobación en el consejo de ministros de aquel entonces; es una APP de iniciativa privada sin recursos públicos ¿en qué paró eso? En que un poco más de 104.000 metros cuadrados en el municipio de Chía de reserva vial fueron a entregársele al concesionario de Acceso Norte lo cual es posiblemente ilegal”.

Por último, la Secretaría de Transparencia envió el informe a la Fiscalía y demás organismos de control ante la presunta incidencia penal de cinco delitos: prevaricato por acción y omisión, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, cohecho propio, peculado por aplicación oficial diferente.

En respuesta a esta serie de denuncias, la Agencia Nacional Infraestructura aseveró que “no existe ninguna ilegalidad en la entrega de bienes inmuebles por parte de las entidades territoriales para la ejecución de proyectos de infraestructura del transporte, pues los predios no se consideran como un desembolso de recursos públicos”, concluyendo, frente a este punto, que “la cesión de predios del municipio de Chía no desnaturaliza la esencia de la iniciativa privada”.

Para la ANI también resultó “falsa” la afirmación de Secretaría sobre el avance del proyecto a falta de estudios o sustentes técnicos. “En su etapa precontractual, la iniciativa privada surtió las etapas de prefactibilidad y factibilidad en las que se realizó un estudio integral del alcance de las intervenciones y del modelo financiero”, señalaron en su comunicado.

Es bajo este argumento que, según la ANI, se contemplaron dos alternativas para esta obra, donde finalmente la elegida fue la variante Chía, hoy motivo de disputa.

No obstante, desde Secretaría de Transparencia se emitió un nuevo comunicado en el que la entidad revalidó sus afirmaciones, y de hecho, señaló que si bien la entrega de inmuebles no resultó ilegal, “los bienes cedidos eran de uso público, con destinación exclusiva a vías locales según el POT y se entregaron gratuitamente para una obra regional y nacional. Además, nunca fueron valorados a precios de mercado ni incluidos en la estructuración financiera del proyecto, como lo ordenan las mismas normas que citó la ANI”.

En cuanto a los diferentes cambios efectuados en la cronología de la obra, la oficina de Idárraga remarcó que la misma inició en marzo de 2019 con previo aval de la interventoría, que de paso convalidó la entrega de los predios, pero fue hasta mayo de 2019 en la que realizó el cambio a la Variante Chía, lo que, a su juicio, “constituye una posible violación al principio de planeación en la contratación pública y deja en evidencia la falta de veracidad o desconocimiento de la ANI”.

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