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6 Jun 2020 - 1:54 a. m.

¿Denunciantes de corruptos seguirán desprotegidos?

En la Cámara de Representantes hace agua el proyecto Pedro Pascasio Martínez, ideado para blindar y respaldar a quienes alertan la corrupción. Hay plazo de discutirlo hasta el 20 de junio, pero parece estar condenado al fracaso. ¿Por qué?

Javier González Penagos

Las estadísticas indican que en Colombia ocho de cada 10 personas temen sufrir represalias si denuncian, con el agravante de que un 58 % considera poco probable que sus reportes tengan eco y resultados. /Getty Images
Las estadísticas indican que en Colombia ocho de cada 10 personas temen sufrir represalias si denuncian, con el agravante de que un 58 % considera poco probable que sus reportes tengan eco y resultados. /Getty Images
Foto: Getty Images

La simple pero trascendental gesta del soldado Pedro Pascasio Martínez sigue siendo célebre pasados dos siglos. Con apenas doce años, mientras hacía guardia en plena cruzada por la Independencia, este boyacense no solo ubicó al fugitivo general José María Barreiro —alto militar español en disputa con Simón Bolívar—, sino que se negó a recibirle monedas de oro a cambio de que lo dejara huir.

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Por su honesta y leal actuación, el Libertador lo ascendió a sargento y lo premió con $100. Sin embargo, el propio Centro de Estudios Históricos del Ejército reconoce que “tal bonificación y rango militar se quedaron solo en palabras”. Y justo esa parece ser la suerte que tiene en el Congreso un proyecto nombrado en su honor y que precisamente busca hacerle frente a la corrupción, aún vigente y coleando en plena pandemia.

Pese a ser de iniciativa del propio gobierno de Iván Duque y de integrar el ambicioso pero menoscabado paquete legislativo en que derivó la Consulta Anticorrupción, la iniciativa lleva casi un año estancada en la Cámara de Representantes, donde ni siquiera ha surtido el primer debate. Hoy, a días de que concluya la legislatura, está en riesgo de hundirse, en medio del llamado de organizaciones y congresistas.

La denominada Ley Pedro Pascasio Martínez busca promover la denuncia, tanto de ciudadanos como de funcionarios, de hechos de corrupción y establecer medidas de protección a quien se atreva a alertar, delatar o admitir delitos contra la administración pública. En esencia, crea canales que facilitan el reporte de los hechos, fortalece roles en las entidades para su trámite y establece sistemas de intercambio y consolidación de información sobre la corrupción, sumado a un impulso pedagógico para incentivar la transparencia y la creación de un observatorio anticorrupción (ente con el que cuentan hace años institutos especializados).

Se trata de componentes fundamentales en pro de la integridad pública y la recuperación de la confianza ciudadana. No es para menos. Según datos del Barómetro de la Corrupción realizado por Transparencia por Colombia, ocho de cada diez personas temen sufrir represalias si denuncian, con el agravante de que un 58 % considera poco probable que sus reportes tengan eco y resultados.

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El panorama tiende a ser sombrío si se tiene en cuenta que solo el año pasado, la misma organización —a través de su Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC)— recibió 123 reportes ciudadanos de posibles hechos de corrupción. En 2020, en medio de la atención del coletazo social por el coronavirus y con apenas medio año transcurrido, ya son 73 las denuncias, concentradas en su mayoría en irregularidades en contratación y en la provisión de bienes y servicios.

¿Por qué la desidia?

Pese a haber sido radicado en julio de 2019, además de ser promovido nada menos que por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; la secretaria de Transparencia de Presidencia, Beatriz Londoño, y la ministra del Interior, Alicia Arango, el proyecto no ha tenido su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara y ahora corre el riesgo de terminar engavetado. ¿La razón? Hay una talanquera de varios partidos —pero muy en particular el Conservador, Cambio Radical y hasta Centro Democrático— a los que no les suena el proyecto y se han encargado de agregarle toda suerte de proposiciones (casi 80) para posponer su votación. La movida más reciente para el aplazamiento fue pedir la opinión de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, pese a que ya se habían pronunciado en septiembre. Detrás de todo hay razones de forma y, por supuesto, también políticas.

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Por un lado, hay férrea oposición a uno de los puntos centrales y más controversiales de la iniciativa: que el reporte o la denuncia no sea anónima, sino que haya plena identificación ante las autoridades de quien la formula. Ese artículo ha sido refutado además por organismos especializados, como la misma Transparencia por Colombia y el Instituto Anticorrupción, que respaldan la ley y lanzan un SOS para que no se hunda.

“Cientos de periodistas, líderes sociales y ciudadanos han sido asesinados por denunciar la corrupción. Es absurdo exigir que firmen sus denuncias con nombres y apellidos, cuando el Estado ha sido absolutamente incapaz de defender sus vidas e integridad. Además, los tratados internacionales dicen que se debe garantizar el anonimato y la confidencialidad. Pero ya sabemos lo difícil que es en un país en el que la Fiscalía filtra todo y pone en riesgo a la gente”, reclama Camilo Enciso, del Instituto Anticorrupción, quien alega también que el proyecto excluye la protección de los denunciantes por corrupción privada y no contempla incentivos.

A ello se suma, según Claire Launay Gama, directora de Movilización e Incidencia de Transparencia por Colombia, una “responsabilidad excesiva” que recae sobre el denunciante para que recoja las pruebas que evidencien la irregularidad. “Las autoridades tienen corresponsabilidad en adelantar las investigaciones, sin que ello implique otra carga al denunciante. No se puede llegar con todo el material probatorio”.

Por otro lado, sin considerar a los que están enquistados en la corrupción y no les interesa legislar para desmontarla, hay sendos reclamos políticos. Si bien el presidente de la Comisión, Juan Carlos Losada (Partido Liberal), asegura que le ha dado el adecuado trámite al proyecto e incluso lo agendará para la sesión del próximo viernes, admite que por parte del Gobierno hay una “muy pobre socialización”, lo que generó malestar y reavivó las voces que piden verdadero manejo legislativo.

“Se tiran la pelota entre Vicepresidencia y Ministerio del Interior. No se han tomado el trabajo de llamar a congresistas para explicarlo. La iniciativa está mal vista y aunque la he puesto a consideración como debe ser, no es mi labor explicar sus alcances y convencer a los congresistas. Eso le toca a Ejecutivo y por eso hay malestar: por la forma como se relacionan con el Congreso”, dice.

A su turno, el representante César Lorduy, de Cambio Radical y coordinador ponente, lamenta que, pese a tratarse de un proyecto sencillo para blindar al denunciante, no haya trámite por la avalancha de proposiciones. “Será difícil sacarlo adelante. Se requiere disposición, así como la hay para otros proyectos”, precisa.

La ministra del Interior reivindicó que el proyecto es una prioridad para lo que resta de legislatura y destacó que uno de sus objetivos es encontrar al autor intelectual y al beneficiario final de la corrupción. “Muchas veces solo encontramos a los que están en la mitad y se nos quedan por fuera los primeros que deben ser sancionados”.

La Cámara tiene menos de quince días para votar la iniciativa Pedro Pascasio y asegurar su trámite en la próxima legislatura. ¿Podrá el Gobierno sacarla avante y convencer a sus detractores? ¿O, igual que el joven soldado boyacense, terminará al borde del olvido?

jgonzalez@elespectador.com

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