Duque y el desafío del Comité del Paro

El Gobierno dice estar dispuesto al diálogo, pero advierte que una era la situación antes de la pandemia y otra ahora. El Comité pide respuestas a sus demandas.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En tiempos de reactivación y reapertura económica -aun con el coronavirus extendiéndose por el país-, el paro nacional se reavivó con fuerza esta semana. La reaparición del movimiento, que a finales de 2019 logró aglutinar el descontento social y la oposición al gobierno de Iván Duque, se da en medio de la crisis social y económica que vino a exacerbar la pandemia, y en momentos de crispación por la seguidilla de masacres y la muerte del abogado Javier Ordóñez tras ser agredido en pleno operativo policial.

De allí que las movilizaciones del lunes, atizadas un día después por el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó frenar el abuso policial en la protesta y que le jaló las orejas al Ejecutivo por estigmatizar las manifestaciones como una conducta criminal, se traduzcan en un nuevo aire para el movimiento social. Sin embargo, en un escenario de pandemia, los reclamos parecen no ser los mismos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sigue tras esta primera manifestación? ¿Cómo llegan las partes? ¿Qué quedó tras la mesa de conversación instalada a finales de año?

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“Lo que hubo fue una mamadera de gallo”, alega Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), una de las organizaciones que integran el Comité del Paro, frente a la mesa que planteó el Gobierno para conjurar la crisis con la que cerró 2019. Si bien el Ejecutivo ideó un espacio de diálogo exclusivo con el Comité -paralelo a su Gran Conversación Nacional-, las organizaciones sociales y sindicales aseguran que no hubo ningún acuerdo e insisten en que una cuestión semántica paralizó cualquier acercamiento: “No hubo acuerdos para negociar ni debates. Queríamos una mesa de negociación, ellos decían que apenas era de diálogo”, dice Orjuela.

En ese entonces, el Comité se plantó con un pliego de ocho puntos que se extendió a 104 solicitudes y propuestas para superar el estallido social. En respuesta, desde Palacio contestaron que 19 % de ellas eran inviables, otras no eran de su competencia y la gran mayoría (65 %) ya estaban incorporadas en el Plan de Desarrollo. En medio del tire y afloje, apenas se reunieron en siete oportunidades y solo una vez en 2020, hasta que se sintió con fuerza el coronavirus en marzo y paralizó todo. De hecho, el confinamiento llegó a días de otro llamado a movilizarse.

“Fuera de manifestaciones de buena voluntad, esos encuentros no pasaron de reuniones informales. No se abordó el pliego de peticiones y luego llegó la pandemia, congelando todo”, explica por su parte Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT). Según el líder sindical, por supuesto la decisión fue respetar el confinamiento y abstenerse de llamados a marchar.

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No obstante, ante la ola de decretos y las facultades excepcionales del Gobierno durante la pandemia, el movimiento social lanzó en junio un “pliego de peticiones de emergencia” con seis puntos, entre ellos que el Estado intervenga el sistema de salud y una renta básica (un salario mínimo) por seis meses para 30 millones de colombianos. A ello se sumó el llamado a derogar el Decreto 1174 de 2020 (que establece condiciones para el trabajo por horas o días) y frenar el millonario préstamo a Avianca.

“El pliego de 104 puntos sigue vigente y, aunque en su momento el Gobierno dijo que había puntos exagerados como reformar el Esmad, hoy el fallo de la Corte nos da la razón. En todo caso, ahora estamos preponderando el pliego de emergencia. Ya el Ejecutivo nos contestó con un documento de 54 páginas, en el que se limitan a hacer un informe de gestión. No fue lo que pedimos, no nos satisface”, sostiene el presidente de la CUT.

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Otro es el balance, evidentemente, que hace el Gobierno. Según Diego Molano, director administrativo de la Presidencia y designado por Duque para liderar la Conversación Nacional, la mesa que se lanzó pretendía dialogar tanto con los sectores que marcharon como con los que no. De allí que saque pecho por las 36 mesas nacionales, 11 regionales y el análisis de 11.289 propuestas en el marco de la Conversación. “De allí hubo acciones concretas, como el decreto para la contratación de jóvenes sin experiencia en el sector público. Ya hemos vinculado a 12.000”.

Sin embargo, cuestionado por la mesa puntual con el Comité del Paro, explica que, antes de la pandemia, alcanzaron a proponer una metodología y que respondieron al pliego de 104 puntos, destacando que el 65 % de peticiones ya estaba en desarrollo. “Desde el principio dijimos que no íbamos a negociar el Estado. La mesa tuvo avances. Estábamos a la espera de la metodología y ahí se desató el tema del COVID-19”, explica.

¿Y el pliego de emergencia y sus seis puntos? Contrario al informe de gestión con el que, dice el Comité, respondió el Gobierno, Molano manifiesta que las propuestas fueron analizadas y se concluyó que lo que demandaban superaba los $190 billones, un rubro impensado en tiempos de pandemia. “Muchos de los temas que pidieron ya se están implementando. Además, creemos que hay un debate que debe darse en el Congreso”.

Lo cierto hoy es que las diferencias de parte y parte tienen abocado al país a nuevas manifestaciones. Desde el Comité confirman que en octubre y noviembre (cuando se cumple un año de las históricas movilizaciones) habrá nuevas convocatorias. Reprochan además que el Ejecutivo se siente con banqueros y empresarios, y hoy les cierre la puerta. “No tenemos respuesta. No se han dignado a invitarnos a un café. Esperamos que asuman una actitud sensata. No queremos más conflictividad social, sino resolver problemas”, dice el presidente de la CGT.

Para Molano, hay disposición de una conversación productiva. No obstante, advierte que hay aspectos que deben tenerse en cuenta, pues una era la situación antes de la pandemia y otra es ahora. “Las condiciones fiscales para hacer inversión cambiaron. Todas las discusiones las hemos redireccionado a la generación de empleo. Esperamos seguir discutiendo”.

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Pese a los pronósticos de lado y lado, para Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, lo difícil ahora será reconstruir la confianza entre las partes. “Hay pocos márgenes de lograr acuerdos. No solo porque la situación económica y social es más complicada, sino por la desconfianza mutua. No veo al Gobierno dispuesto a negociar, pero aún es difuso el liderazgo de las organizaciones sociales”.

Desde la oposición, la representante María José Pizarro insiste que la pelota está en manos del Gobierno, que tiene la tarea de dar muestras de voluntad. “Esperamos mecanismos efectivos de diálogo y que se cumplan los compromisos, porque a los estudiantes ya les incumplieron”.

Desde el oficialismo, el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, ratifica que el Gobierno está abierto al diálogo, pero invita a conversar con quienes tengan una verdadera vocación de discutir y no quienes están detrás de saboteos político. “Hay un malestar legítimo, se debe mejorar la comunicación y abrir canales de discusión. Pero hay gente que sale a sabotear y con ellos es difícil”.

Hoy las posturas parecen decantadas y las cartas sobre la mesa. Más allá de discusiones semánticas, de debates por lo que se puede y lo que no, lo cierto es que llegó el momento de dialogar francamente y lograr avances para hacer frente a otro estallido social. El presidente, una vez más, tiene a la gente en las calles, aun en medio de la pandemia. ¿Prosperará una salida negociada? ¿O una vez más todo quedará en un manifiesto de buenas intenciones?

jgonzalez@elespectador.com