EE. UU. respalda objeciones del presidente Duque a la estatutaria de la JEP

En entrevista con Blu Radio, el embajador de EE. UU. en Colombia, Kevin Whitaker, manifestó el respaldo de su gobierno al presidente Iván Duque por su decisión de objetar seis puntos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).  

“Estados Unidos ha respaldado política y económicamente el Acuerdo de Paz desde el inicio. En 2016, proporcionamos casi US$1.000 millones a la implementación”, aseguró el diplomático, justificando dicho respaldo a las objeciones.

Lea más: Caso “Santrich” fue después de la firma de Acuerdo de Paz: Kevin Whitaker.

Señaló, asimismo, que la decisión es constitucional en cuanto a las facultades con que cuenta el jefe de Estado para declarar la inconveniencia de un proyecto legislativo. “Él hizo un análisis muy riguroso y refinado para encontrar los problemas que objetó”, aseguró Whitaker.

Igualmente, el embajador resaltó que la decisión tiene un trasfondo, en el que, esencialmente, son cuatro elementos los que la impulsaron: “El primero es que existe en la ley la posibilidad de que la JEP busque pruebas. Eso no es consistente con la relación de extradición que tenemos los dos países”, apuntó Whitaker.

Para él, esta relación de extradición entre Colombia y Estados Unidos es mejor no afectarla. “Este ha sido un factor de mucho valor para los dos países y también para las víctimas, por lo tanto, asegurar o tratar de clarificar ese asunto de las prácticas de extradición es de suma importancia”, recalcó.

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El segundo elemento, que tiene que ver también con la extradición, es el punto de la ley estatutaria que pone las necesidades y los derechos de las víctimas sobre esta relación. “Nosotros hemos respondido a las necesidades de las víctimas, incluso cuando los acusados se encuentran en EE. UU. Se pueden cumplir con las dos cosas a la vez”.

El tercer lugar remite a las tareas del alto comisionado para la Paz. “En el Gobierno anterior, este cargo tenía la responsabilidad de manejar y controlar el listado de las Farc. Sobre esto ha habido esfuerzos dirigidos a manipularlo, es decir, para meter colados. El funcionario tiene la capacidad, experiencia y experticia para hacerlo y tiene todo el sentido del mundo que este siga encargado del tema”, señaló Whitaker.

Por último, el embajador mencionó la situación de la continuación de los crímenes tras la firma del Acuerdo.  “Eso para nosotros también tiene mucha importancia en la manera en que una persona puede delinquir bajo los términos del Acuerdo antes de la firma y puede continuar, con las mismas condiciones, después de eso. Eso es lo que llámanos en inglés get out of jail free card, es decir, poder salir de la cárcel pase lo que pase”.

En estos cuatro puntos se centra el interés de EE. UU. a la implementación del Acuerdo de Paz, en los que se sustentan, además, la decisión de su gobierno de no entregar pruebas para el caso de Santrich, pues en el acuerdo de extradición no hay una relación con la JEP, sino con la justicia ordinaria de Colombia. “Nuestra posición es que no vamos a dar evidencias a la JEP. Nuestro deber es bajo los términos del tratado de extradición”, concluyó.

También: Cruce de versiones por solicitud de pruebas de la JEP en caso de "Jesús Santrich".

Este lunes, el Gobierno radicó ante el Congreso los argumentos jurídicos para objetar los seis puntos de la ley estatutaria de la JEP. En el documento, se definen los recursos constitucionales que tiene el presidente para declarar inconveniencia en el proyecto legislativo y las explicaciones, punto por punto, de la objeción. 

Esta decisión ha generado todo tipo de comentarios, en los que el uribismo defiende las objeciones, y la oposición y defensores del Acuerdo de Paz advierte el peligro y la dilación que esto va a derivar. 

En entrevista con Blu Radio, el embajador de EE. UU. en Colombia, Kevin Whitaker, manifestó el respaldo de su gobierno al presidente Iván Duque por su decisión de objetar seis puntos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).  

“Estados Unidos ha respaldado política y económicamente el Acuerdo de Paz desde el inicio. En 2016, proporcionamos casi US$1.000 millones a la implementación”, aseguró el diplomático, justificando dicho respaldo a las objeciones.

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Señaló, asimismo, que la decisión es constitucional en cuanto a las facultades con que cuenta el jefe de Estado para declarar la inconveniencia de un proyecto legislativo. “Él hizo un análisis muy riguroso y refinado para encontrar los problemas que objetó”, aseguró Whitaker.

Igualmente, el embajador resaltó que la decisión tiene un trasfondo, en el que, esencialmente, son cuatro elementos los que la impulsaron: “El primero es que existe en la ley la posibilidad de que la JEP busque pruebas. Eso no es consistente con la relación de extradición que tenemos los dos países”, apuntó Whitaker.

Para él, esta relación de extradición entre Colombia y Estados Unidos es mejor no afectarla. “Este ha sido un factor de mucho valor para los dos países y también para las víctimas, por lo tanto, asegurar o tratar de clarificar ese asunto de las prácticas de extradición es de suma importancia”, recalcó.

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El segundo elemento, que tiene que ver también con la extradición, es el punto de la ley estatutaria que pone las necesidades y los derechos de las víctimas sobre esta relación. “Nosotros hemos respondido a las necesidades de las víctimas, incluso cuando los acusados se encuentran en EE. UU. Se pueden cumplir con las dos cosas a la vez”.

El tercer lugar remite a las tareas del alto comisionado para la Paz. “En el Gobierno anterior, este cargo tenía la responsabilidad de manejar y controlar el listado de las Farc. Sobre esto ha habido esfuerzos dirigidos a manipularlo, es decir, para meter colados. El funcionario tiene la capacidad, experiencia y experticia para hacerlo y tiene todo el sentido del mundo que este siga encargado del tema”, señaló Whitaker.

Por último, el embajador mencionó la situación de la continuación de los crímenes tras la firma del Acuerdo.  “Eso para nosotros también tiene mucha importancia en la manera en que una persona puede delinquir bajo los términos del Acuerdo antes de la firma y puede continuar, con las mismas condiciones, después de eso. Eso es lo que llámanos en inglés get out of jail free card, es decir, poder salir de la cárcel pase lo que pase”.

En estos cuatro puntos se centra el interés de EE. UU. a la implementación del Acuerdo de Paz, en los que se sustentan, además, la decisión de su gobierno de no entregar pruebas para el caso de Santrich, pues en el acuerdo de extradición no hay una relación con la JEP, sino con la justicia ordinaria de Colombia. “Nuestra posición es que no vamos a dar evidencias a la JEP. Nuestro deber es bajo los términos del tratado de extradición”, concluyó.

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Este lunes, el Gobierno radicó ante el Congreso los argumentos jurídicos para objetar los seis puntos de la ley estatutaria de la JEP. En el documento, se definen los recursos constitucionales que tiene el presidente para declarar inconveniencia en el proyecto legislativo y las explicaciones, punto por punto, de la objeción. 

Esta decisión ha generado todo tipo de comentarios, en los que el uribismo defiende las objeciones, y la oposición y defensores del Acuerdo de Paz advierte el peligro y la dilación que esto va a derivar.