El choque entre Registraduría y CNE por el regreso de requisito de firma y huella para votar

El pasado 8 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la resolución 1706 de 2019, con la que adoptó medidas adicionales para garantizar la transparencia en las elecciones regionales que se realizarán el próximo 27 de octubre y en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejos, asambleas y JAL. Entre esas medidas hay algunas que ya se habían usado en el pasado, como la obligación de consignar firma y huella digital de cada sufragante en el formulario E-11, que, además, había motivado en 2011 una comunicación por parte del CNE al entonces registrador, Carlos Ariel Sánchez, en la cual le señalaba que buena parte de las dificultades presentadas en la revisión de los escrutinios se debía a este asunto.

Le puede interesar: CNE anuncia medidas para evitar fraude en las elecciones regionales de octubre

Es precisamente ese punto de la resolución el que ha provocado hoy un choque entre la Registraduría y el CNE, luego de que el registrador, Juan Carlos Galindo Vacha, enviara el 13 de mayo al presidente del CNE, Heriberto Sanabria, una carta de cinco páginas en la que expone sus reparos para reimplementar el uso de la huella dactilar en los comicios de octubre, argumentando no solo inconvenientes, sino problemas técnicos. Según Galindo, la inclusión de un espacio para huella y firma en el E-11 causaría una mayor permanencia de los votantes en las mesas, más filas, dificultades para adultos mayores, problemas técnicos en caso de que el ciudadano tenga deteriorada la huella, una capacitación especial a los jurados de votación y la insuficiencia de grafólogos y dactiloscopistas. En ese mismo sentido señala que habría que aumentar el número de mesas de votación de 108.500 a 125.000 y que el formulario E-11 ya no tendría siete hojas sino 37.

Carta de la Registraduría al CNE

“En diferentes reuniones sostenidas con funcionarios del CNE, nuestros servidores han expresado las dificultades que implica este tipo de medida”, escribió Galindo, quien explicó que se han realizado pruebas para medir el impacto de la utilización de la huella. “Estos ejercicios arrojaron que, en promedio, un votante puede requerir alrededor de cincuenta segundos más para votar. Esto implica que, si se mantiene la participación histórica en las elecciones territoriales (50 %), se requerirá de dos horas y 18 minutos adicionales durante la jornada”, anota el registrador, argumentando que se tendría que disminuir el número de votantes por mesa de 350 a 300. “La Registraduría considera inconveniente la medida de incorporación de la huella y firma de los sufragantes”, concluye. Para Galindo, el mecanismo idóneo para evitar la suplantación de electores es la biometría e indica que en el país hay 14.500 estaciones biométricas y que en marzo pasado se le solicitaron los recursos al Ministerio de Hacienda para contar con al menos 100.000, lo que cuesta $517.503 millones.

La respuesta del CNE al registrador llegó 15 días después, el 28 de mayo. En ella, Sanabria rebate varios de los argumentos de Galindo y cuestiona, incluso, la capacidad de la Registraduría para garantizar el derecho al voto en caso de que se dé una votación que supere la abstención, si se mantiene bajo la premisa de que se necesitaría más tiempo por votante. Por ejemplo, sobre la dificultad que representaría para adultos mayores, el CNE expresa que lo mismo podría ocurrir si el ciudadano no sabe leer, escribir o tiene algún tipo de discapacidad, para lo cual una de las soluciones es precisamente el uso de la huella dactilar y que, cuando se amerite, el ciudadano mayor puede contar con el apoyo de una persona de su confianza.

Respuesta del CNE a la Registraduría

Algo parecido apunta el CNE sobre la posibilidad de deterioro de las huellas dactilares de las personas. “Esto mismo podría ser un contraargumento para quitar los derechos de ciudadanía (…) Este mismo argumento se puede usar en contra de la identificación biométrica. Ante el deterioro de huellas que impide que sea leído por las máquinas y los sellos dactilares, el único mecanismo que queda es la firma”, dice el documento. Señala también que, en caso de que haya diferencias entre la firma que está en la cédula y la que se plasma en el E-11, es un asunto que no puede limitar el ejercicio del voto y que, en caso de investigaciones sobre fraude o corrupción electoral, el cotejo no se realizará únicamente con el registro grafológico, sino con el peritaje que corresponda.

En cuanto al aumento de mesas de votación y de hojas del E-11, el CNE anota que el argumento no tiene en cuenta que el único mecanismo actual para prevenir la suplantación está en cabeza del jurado de votación, que solo es superado por las estaciones biométricas. “Actualmente, no existe mecanismo que permita contrarrestar y evidenciar la suplantación de electores, salvo la denuncia del ciudadano, que no tiene cómo ser cotejada y verificada. La medida de la huella y la firma resulta más económica frente a la instalación de las máquinas biométricas, que, debido a sus costos, no han podido ser implementadas en la totalidad de los puestos y mesas de votación”, concluye.

“Nosotros sacamos esa resolución hace más de dos meses por unanimidad y nos preocupa que los ciudadanos y las fuerzas políticas sientan que no hay garantías en el proceso electoral. Entiendo al registrador en el sentido de ir hacia adelante y que lo ideal sería la identificación biométrica, sin embargo, solo habrá este mecanismo en poco más de 10.000”, comenta Luis Guillermo Pérez, magistrado del CNE, quien plantea la conformación de una mesa técnica entre el Gobierno y las autoridades electorales, y asegura que, constitucionalmente, el Estado tiene la obligación de garantizar los recursos para blindar las elecciones.

El pasado 8 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la resolución 1706 de 2019, con la que adoptó medidas adicionales para garantizar la transparencia en las elecciones regionales que se realizarán el próximo 27 de octubre y en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejos, asambleas y JAL. Entre esas medidas hay algunas que ya se habían usado en el pasado, como la obligación de consignar firma y huella digital de cada sufragante en el formulario E-11, que, además, había motivado en 2011 una comunicación por parte del CNE al entonces registrador, Carlos Ariel Sánchez, en la cual le señalaba que buena parte de las dificultades presentadas en la revisión de los escrutinios se debía a este asunto.

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Es precisamente ese punto de la resolución el que ha provocado hoy un choque entre la Registraduría y el CNE, luego de que el registrador, Juan Carlos Galindo Vacha, enviara el 13 de mayo al presidente del CNE, Heriberto Sanabria, una carta de cinco páginas en la que expone sus reparos para reimplementar el uso de la huella dactilar en los comicios de octubre, argumentando no solo inconvenientes, sino problemas técnicos. Según Galindo, la inclusión de un espacio para huella y firma en el E-11 causaría una mayor permanencia de los votantes en las mesas, más filas, dificultades para adultos mayores, problemas técnicos en caso de que el ciudadano tenga deteriorada la huella, una capacitación especial a los jurados de votación y la insuficiencia de grafólogos y dactiloscopistas. En ese mismo sentido señala que habría que aumentar el número de mesas de votación de 108.500 a 125.000 y que el formulario E-11 ya no tendría siete hojas sino 37.

Carta de la Registraduría al CNE

“En diferentes reuniones sostenidas con funcionarios del CNE, nuestros servidores han expresado las dificultades que implica este tipo de medida”, escribió Galindo, quien explicó que se han realizado pruebas para medir el impacto de la utilización de la huella. “Estos ejercicios arrojaron que, en promedio, un votante puede requerir alrededor de cincuenta segundos más para votar. Esto implica que, si se mantiene la participación histórica en las elecciones territoriales (50 %), se requerirá de dos horas y 18 minutos adicionales durante la jornada”, anota el registrador, argumentando que se tendría que disminuir el número de votantes por mesa de 350 a 300. “La Registraduría considera inconveniente la medida de incorporación de la huella y firma de los sufragantes”, concluye. Para Galindo, el mecanismo idóneo para evitar la suplantación de electores es la biometría e indica que en el país hay 14.500 estaciones biométricas y que en marzo pasado se le solicitaron los recursos al Ministerio de Hacienda para contar con al menos 100.000, lo que cuesta $517.503 millones.

La respuesta del CNE al registrador llegó 15 días después, el 28 de mayo. En ella, Sanabria rebate varios de los argumentos de Galindo y cuestiona, incluso, la capacidad de la Registraduría para garantizar el derecho al voto en caso de que se dé una votación que supere la abstención, si se mantiene bajo la premisa de que se necesitaría más tiempo por votante. Por ejemplo, sobre la dificultad que representaría para adultos mayores, el CNE expresa que lo mismo podría ocurrir si el ciudadano no sabe leer, escribir o tiene algún tipo de discapacidad, para lo cual una de las soluciones es precisamente el uso de la huella dactilar y que, cuando se amerite, el ciudadano mayor puede contar con el apoyo de una persona de su confianza.

Respuesta del CNE a la Registraduría

Algo parecido apunta el CNE sobre la posibilidad de deterioro de las huellas dactilares de las personas. “Esto mismo podría ser un contraargumento para quitar los derechos de ciudadanía (…) Este mismo argumento se puede usar en contra de la identificación biométrica. Ante el deterioro de huellas que impide que sea leído por las máquinas y los sellos dactilares, el único mecanismo que queda es la firma”, dice el documento. Señala también que, en caso de que haya diferencias entre la firma que está en la cédula y la que se plasma en el E-11, es un asunto que no puede limitar el ejercicio del voto y que, en caso de investigaciones sobre fraude o corrupción electoral, el cotejo no se realizará únicamente con el registro grafológico, sino con el peritaje que corresponda.

En cuanto al aumento de mesas de votación y de hojas del E-11, el CNE anota que el argumento no tiene en cuenta que el único mecanismo actual para prevenir la suplantación está en cabeza del jurado de votación, que solo es superado por las estaciones biométricas. “Actualmente, no existe mecanismo que permita contrarrestar y evidenciar la suplantación de electores, salvo la denuncia del ciudadano, que no tiene cómo ser cotejada y verificada. La medida de la huella y la firma resulta más económica frente a la instalación de las máquinas biométricas, que, debido a sus costos, no han podido ser implementadas en la totalidad de los puestos y mesas de votación”, concluye.

“Nosotros sacamos esa resolución hace más de dos meses por unanimidad y nos preocupa que los ciudadanos y las fuerzas políticas sientan que no hay garantías en el proceso electoral. Entiendo al registrador en el sentido de ir hacia adelante y que lo ideal sería la identificación biométrica, sin embargo, solo habrá este mecanismo en poco más de 10.000”, comenta Luis Guillermo Pérez, magistrado del CNE, quien plantea la conformación de una mesa técnica entre el Gobierno y las autoridades electorales, y asegura que, constitucionalmente, el Estado tiene la obligación de garantizar los recursos para blindar las elecciones.