Después de varios años de calma, el debate en torno al cierre de la única iglesia en Colombia que le rinde culto al diablo vuelve a estar sobre la mesa. Se trata de la Asociación Templo Luciferino Semillas de Luz, ubicada en la vereda Aguacatal, municipio de Quimbaya, en el Quindío. Si bien desde 2016 empezaron las suposiciones de que su funcionamiento era ilegal, apenas el pasado 2 de agosto la Presidencia de la República designó a Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, directora técnica de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, como gobernadora ad hoc para decidir si el templo debe o no cerrarse.
Sobre el templo luciferino existe más de un enredo. Fue fundado en diciembre de 2015 por Héctor Londoño Villegas, quien se hace llamar Víctor Damián Rozo y ha asegurado en diversas entrevistas que renunció al dios católico hace más de 13 años y ahora es el líder de quienes “cambiaron de religión y aceptaron a Lucifer como su deidad”. Desde el momento en que se abrieron las puertas del recinto para adorar al ángel caído del cristianismo, la idea causó conmoción entre las congregaciones religiosas de la región cafetera y entre los mismos habitantes de Quimbaya, un municipio con una fuerte tradición católica que, entre otras cosas, es reconocido por celebrar el 7 de diciembre, día conmemorado a la Virgen María Inmaculada, con el Festival de Velas y Faroles.
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Además, su alcalde, Jaime Andrés Pérez, expidió en 2016 una sanción al templo por no contar con los requisitos legales necesarios para construir la edificación, que, entre otras particularidades, cuenta con dos cruces invertidas en la fachada y una representación del diablo, de color dorado, en el interior del recinto. En ese entonces, el mandatario le aseguró al portal Vice en español que la multa que tendría que pagar Rozo ascendía a los $64 millones e incluso, de no cumplir la sanción, el edificio podría ser demolido.
Aparte de ese lío legal con el municipio, en 2016 empezaron también las dudas por parte de la administración departamental sobre la legalidad del funcionamiento del templo luciferino. Carlos Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, expresó que debía cancelarse su personería jurídica, porque “un culto a Satán no es considerado como religioso. La Corte Constitucional reconoció esa afirmación y por ello no puede funcionar como tal”.
En ese contexto, Osorio se declaró impedido para “iniciar las acciones legales y procedimentales correspondientes a la cancelación de la personería jurídica, y por ende, el registro mercantil respectivo, de la existencia y de la representación legal de la sociedad sin ánimo de lucro”, porque es sacerdote de profesión. El asunto, sin embargo, fue quedando en el olvido y la existencia del templo que dirige Rozo dejó de ser novedad. Ahora, el decreto que designa a la directora técnica de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior como encargada de resolver su situación jurídica desempolva toda la historia y reabre la polémica.
Ciertamente, los argumentos para clausurar el sitio siguen siendo motivo de debate. El gobernador Osorio se mantiene en la postura de hace tres años y en diálogo con El Espectador reiteró que la misma ley puede dar por terminada su personería jurídica. Específicamente, se refiere a la sentencia T-200 de 1995 de la Corte Constitucional, en la que el alto tribunal expone las limitaciones a la hora de practicar la fe, cualquiera que sea: “Si bien el Estado se halla obligado por las normas constitucionales a permitir que los fieles de las distintas religiones tomen parte activa en los ritos propios de sus creencias, sin obstáculos ni impedimentos, los agentes estatales no pueden permanecer pasivos ante situaciones que, desbordando el curso razonable de las ceremonias religiosas, impliquen daño o amenaza a la vida, la integridad personal o la dignidad de los concurrentes o de terceros”, dijo la Corte.
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La sentencia enfatiza que “el fanatismo religioso, que puede conducir al flagrante peligro de los mismos integrantes de una colectividad de creyentes, o los ritos satánicos, que causan grave daño a la integridad física y moral de los circunstantes, no están comprendidos dentro de la libertad de cultos”.
Según la administración departamental, y cobijada bajo la sentencia de la Corte, cerrar el templo sí es posible en un Estado laico, como Colombia. “Si bien somos un Estado laico, el país no promueve sectas que inciten al desorden. Ningún Estado reconocerá, por ejemplo, una secta suicida. La nación habla y reconoce organizaciones armónicamente constituidas y que buscan el bien. No su negación”, explicó Osorio.
Por otro lado, el alcalde de Quimbaya reiteró que si se cierra el sitio, no es porque tenga la particularidad de ser una iglesia satánica, sino por la forma en la que se conformó la asociación para esa actividad. “En otras palabras, según el decreto tendría que ver con la razón social que inscribió el templo. Se está dibujando una iglesia que no es legal”, señaló Pérez.
Naturalmente, muy contrarias son las consideraciones de su fundador. Respecto a la sanción por la construcción del templo, Víctor Damián Rozo aseguró que a principios de este año se pusieron al día con el municipio. “En esa época nos querían cerrar por no tener las licencias para la construcción, pero eso se legalizó”, dijo. Asimismo indicó que la intención de cancelarles la personería jurídica para impedir que realicen actividades es un “cuento viejo”.
“Que nos cierren es imposible. Estamos en un país donde hay libertad de cultos, por eso estoy totalmente tranquilo. Aquí no practicamos actos ilícitos, ni promovemos la anarquía, ni nada que desate el desorden. Estamos bajo el marco legal y no veo argumento para que nos clausuren”, afirmó Rozo.
En todo caso, el debate apenas comienza. Beatriz Lorena Ríos Cuéllar fue notificada el pasado 13 de agosto como gobernadora ad hoc y asumirá esa función el próximo viernes 23. Solo entonces recibirá el caso para estudiarlo y proceder. Por ahora, el futuro legal del Templo Luciferino Semillas de Luz sigue siendo incierto y hasta pareciera que los mismos mandatarios —gobernador y alcalde— le habían perdido el rastro.
Al igual que Rozo, el gobernador Osorio catalogó el caso como “una cosa muy antigua”, mientras el alcalde Pérez aseguró que “no funcionaba como una iglesia y no está activo actualmente”. De hecho, agregó, la última visita que le hicieron al templo fue en 2017 y, según el monitoreo realizado, que, dice, era permanente, no hubo alertas para sospechar que seguía abierto.
Pero la afirmación del alcalde la contradice Rozo, pues le aseguró a este diario que el templo luciferino continúa abierto al público y funciona con normalidad. Para el fundador e “hijo del demonio” (como se considera a sí mismo), aunque le cancelen la personería jurídica, no pueden restringir sus iniciaciones satánicas ni su lucha contra la “gran ramera”, como llama a la Iglesia católica. “El templo está construido en una propiedad privada (su finca) y podré seguir invitando a quien yo quiera”, puntualizó.
Más allá del enfrentamiento que suscita el hecho de que un gobernador, sacerdote de profesión, considere que debe cerrarse un templo que adora a Lucifer, la polémica también recae en lo que muchos consideran: que es una farsa, un espectáculo que promueve Víctor Damián Rozo.
Vice en español lo registró hace tres años: en una investigación sobre este caso tan peculiar, el medio reportó que, durante un supuesto ritual de iniciación, Rozo contrataba a algunas personas para que se hicieran pasar por feligreses. Según el audio difundido por Vice, Rozo pagó $50.000 a cada persona que participó en el ritual. Sea realidad o farsa lo que pasa dentro del templo luciferino, será la institucionalidad la que tenga la última palabra.
Por Laura Angélica Ospina / @LaurisOspina
