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A mes y medio de que el Congreso de la República se vaya a receso legislativo, aún debe discutir proyectos clave para el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre las discusiones que tramitará el Legislativo están la ley de ajuste fiscal —que será prioridad—, la ley antimermelada, ley antitrámites, además de la radicación de nuevos proyectos como el estatuto antiterrorista o la propuesta de convertir a Barranquilla en capital alterna.
El principal proyecto que impulsará el Gobierno de Abelardo de la Espriella será la ley de ajuste fiscal; cuenta con un gran componente tributario, que propone modificar o eliminar beneficios tributarios para elevar del 5 % al 19 % el IVA en diversos productos de la canasta básica (como granos, café, frutas, verduras, gasolina, entre otros), así como en servicios digitales, suscripciones y medicina prepagada.
Este tipo de propuestas generan resistencia por parte de los congresistas. Al punto de que el Centro Democrático planteó una ley alternativa discutida con el Ejecutivo durante la reunión del pasado sábado en Barranquilla junto a los ministros y las Comisiones Económicas. La contrapropuesta de ese partido plantea pasar de 18 ministerios a seis, reestructurar o eliminar 48 entidades y no poner impuestos sobre internet, café, planes de medicina prepagada, maquinaria agrícola o fertilizantes.
Otra de las iniciativas será el proyecto que busca establecer nuevas normas para el relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo al regular el cabildeo en el Capitolio, al permitir declarar sus posibles conflictos de interés. La llamada “Ley Antimermelada” fue radicada por el exministro Rodrigo Lara y buscará modificar los artículos 180 (incompatibilidades), 182 (conflictos de interés), 183 (pérdida de investidura) y 346 (regula el procedimiento del presupuesto nacional) de la Constitución, así como establecer un régimen de declaración pública de intereses de los congresistas.
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La principal carta con la que quiere jugar este cambio a la carta magna es un registro público en el que los congresistas postulen iniciativas de inversión pública en beneficio de sus territorios de origen, sin que esta gestión constituya por sí misma una incompatibilidad o un conflicto de intereses. Luego de inscribirse, ni ellos ni sus financiadores de campaña podrán verse beneficiados en estos proyectos incluidos en el Presupuesto General de la Nación. Deberán “abstenerse de intervenir en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos derivados”, según se puede leer en el proyecto.
Otra de las pelotas que están rodando en el Capitolio es la ley antitrámites, que fue aprobada en primer debate en comisiones sextas, y deberá ser debatida en plenarias de Senado y Cámara. Su objetivo será simplificar los trámites administrativos para las empresas y ciudadanos, y facilitar la relación con entidades del Estado, con el fin de que sea más fácil abrir una empresa, registrar una propiedad o pedir permiso para un trámite urbanístico.
Se espera que en las próximas semanas se radique el estatuto antiterrorista, cuya intención principal de ese articulado es la de definir bajo qué parámetros se dará el combate contra las estructuras criminales y por eso es que uno de los puntos es la creación de una lista para los grupos armados ilegales: todos entrarían bajo la categoría de "terroristas". Bajo esa categorización es que el Ejecutivo endurecería su combate frontal contra los grupos criminales. La óptica de la administración actual es que, al ser calificadas como organizaciones terroristas, se convertirían en objetivos lícitos de ataque en medio de las hostilidades y le abriría la puerta más fácilmente a los bombardeos, entre otras cosas.
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