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El pasado 18 de mayo, el representante David Racero fue tendencia en redes sociales y apareció en los espacios de opinión política tras un “madrazo” a sus compañeros de la Comisión Tercera de la Cámara. El hecho pasó como una curiosidad más del “síndrome” de micrófonos abiertos que ha traído las sesiones virtuales del Congreso. Entre risas y reclamos, poco se habló de las razones por las que el legislador de la Lista de los Decentes había emitido esa grosería. No se contó que vino después de que se hundiera en primer debate el proyecto que buscaba imponer nuevos impuestos a los cigarrillos y a otros productos derivados del tabaco.
La iniciativa en cuestión buscaba imponer un gravamen de $6.000 por cajetilla de 20 unidades a “los cigarrillos, tabacos, cigarros, columnas de tabaco para calentar y cigarritos”. Asimismo, un impuesto de $500 por cada gramo de picadura, rapé o chimú. Los recursos recaudados por este incremento fiscal serían destinados a financiar el aseguramiento en la salud, el sistema de la DIAN para el rastreo y localización de tabaco y alcohol, y el 16 % correspondiente al deporte. El propósito esencial era desincentivar el consumo de cigarrillos y otros productos hechos con tabaco, y así frenar las dolencias causadas por estos: cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares, hipertensión, enfermedad coronaria, entre otros.
A pesar de esos objetivos, el proyecto no tuvo suficiente acogida en la Comisión Tercera. Un grupo mayoritario se plegó a la ponencia de archivo presentada por el representante Armando Zabaraín, del Partido Conservador. El argumento fue que aumentar los impuestos, en vez de reducir el consumo del cigarrillo y generar más recursos para la salud, causaba un crecimiento en el contrabando. La opinión prevaleció a pesar de que la mayoría de los expertos invitados a la sesión destacaron que los impuestos aplicados en 2016, con la reforma tributaria, redujeron el consumo de cigarrillo. Solo Fededepartamentos dio un concepto a favor del archivo, aunque reconoció que participa de programas anticontrabando con la tabacalera Philip Morris.
Lo cierto es que el hundimiento de la iniciativa sorprendió a autores y ponentes. “La mayoría de los argumentos fueron muy raros”, declaró a este diario Juan Luis Castro, senador de la Alianza Verde y médico higienista, que también dijo: “Lo que a uno le parece tan extraño es que se opongan a este tipo de regulación”. A su vez, Racero comentó que “es el típico caso en el que el negocio y el interés particular se imponen sobre la vida y la salud de los colombianos. Las empresas tabacaleras ganaron a partir de la defensa a ultranza de algunos congresistas, de la manera más incoherente, en contra de la evidencia científica en materia tributaria y de salud”.
Ambos, como autores del texto, reconocieron que fue muy extraña la posición de los 19 representantes que votaron para archivar el proyecto, pues no escucharon a organizaciones y al mismo Ministerio de Salud, que señalaban que aumentar los impuestos sí reducían la demanda del cigarrillo y aumentaba la recaudación. “No me consta un lobby directo, pero no se puede negar tampoco. Lo extraño es la ofensiva contra un proyecto beneficioso. Que quede a la conciencia de los congresistas, hay muchos intereses detrás”, señaló Racero. El senador Castro tampoco se atrevió a hablar de cabildeo por parte de las tabacaleras, aunque refirió informes de prensa que daban a entender que sí hubo presiones externas en la sesión.
No solo a los congresistas defensores del proyecto les llamó la atención el resultado. También Blanca Llorente, investigadora en salud pública y miembro de la Fundación Anáas, se mostró extrañada por la determinación, sobre todo porque formó parte de la sesión y expuso el éxito del aumento de impuestos para frenar el consumo de cigarrillo. “La decisión atenta contra el bloque de constitucionalidad”, dijo, al señalar que subir impuestos es parte de los acuerdos marcos de la OMS antitabaco, firmados por Colombia en 2008. Aunque no lo evidenció, debido a la virtualidad, la investigadora no descartó el lobby de las tabacaleras, pues en el último tiempo ha habido un recrudecimiento de este.
Lo cierto es que lo que ocurrió no es un hecho aislado. Históricamente los proyectos que tienen el epíteto “antitabaco” fracasan en el Congreso. La primera iniciativa bajo estos lineamientos que tuvo éxito fue la Ley 1335 de 2009, más conocida precisamente como “Ley antitabaco”. Antes de ella, 22 proyectos similares pasaron sin pena ni gloria y su aprobación obedeció a que, un año antes, Colombia había ratificado el Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco. Esta ley prohibió los mensajes publicitarios relacionados con el tabaco, creó las zonas libres de humo y obligó a las tabacaleras a advertir de forma clara los daños a la salud por el consumo de cigarrillo y similares.
Sin embargo, el ambiente favorable no impidió que el trámite de dicha ley estuviera plagado de intentos de cabildeo y hasta amenazas, como lo cuenta el senador José David Name, de la U, uno de sus autores: “Fue una lucha muy fuerte, con presiones indebidas que denuncié. Las tabacaleras les dijeron a las barras bravas que por culpa mía se iba a acabar el fútbol colombiano (el proyecto le impidió a Mustang patrocinar el fútbol profesional)”. Un año después se aprobaron impuestos a las cajetillas que, según expertos, fueron calificados como insuficientes. Desde entonces, y hasta 2016, siete iniciativas para regular aún más el consumo de tabaco y/o gravarlo se hundieron.
Ese año llegó a la plenaria de la Cámara otro proyecto antitabaco, que también buscaba regular el cigarrillo electrónico, cuyos autores fueron los ahora exrepresentantes Óscar Ospina y Mauricio Salazar. En comisión la iniciativa arrasó, pero al llegar a plenaria se hundió. “La industria tabacalera tiene mucho poder, y esa sombra impidió que se moviera el proyecto”, declaró Salazar, quien aseguró que su compañero de iniciativa había denunciado presión de lobistas de las tabacaleras. Ese mismo año se aprobó la reforma más efectiva en contra del consumo del tabaco: se aumentaron al doble los impuestos al cigarrillo en la reforma tributaria. El éxito de esta medida fue dado en gran parte por la necesidad de ese momento de encontrar recursos por el Ejecutivo.
Tres años después, en 2019, las iniciativas antitabaco volvieron al Congreso. La primera, mencionada al principio, fue hundida a pesar de los buenos resultados de la reforma de 2016 (200 mil fumadores menos y un recaudo de $1,2 billones). La segunda, aún en carrera, trata de regular los cigarrillos electrónicos y vapeadores, e incluirlos dentro de las restricciones de 2009. Este proyecto pasó de forma expedita en Senado, pero tuvo un trámite difícil por la Comisión Séptima de la Cámara. “Están tratando de ver cómo lo hunden. Las tabacaleras no quieren el proyecto”, declaró Name, autor de la iniciativa. Aunque ya está para último debate, solo tienen hasta el 20 de junio para ser aprobado y algunos temen que la forma de hundirlo sea no darle trámite en plenaria de la Cámara.
Los efectos del cigarrillo y otros productos de tabaco están probados. Son de las drogas legales más nocivas debido a sus componentes cancerígenos. Sin embargo, cada vez que un proyecto busca ponerle más restricciones o gravarlos para desestimular su venta, el camino en el Congreso se pone cuesta arriba. No están claras las razones, sin embargo, esa aparente falta de voluntad ha hecho que en 11 años solo se hayan aprobado dos iniciativas de importancia en la línea de controlar el consumo del tabaco. En tiempos de la pandemia del coronavirus, se ha hecho evidente que es necesario frenar la pandemia del tabaquismo, pues esta aumenta el riesgo de morir tanto por el COVID-19, como por otra veintena de enfermedades.
