El disenso de los ascensos: puja de honor en el Congreso

Lo que parecía ser el simple y hasta habitual trámite de ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares escaló hasta convertirse en una batalla de honor en el Congreso de la República. La ampolla la levantó la oposición, que pidió suspender, por seis meses, el ascenso de seis uniformados, entre los que está nada menos que el actual comandante del Ejército, el mayor general Eduardo Enrique Zapateiro. ¿La razón? Las investigaciones y los procesos que salpican a altos mandos militares –por corrupción, interceptaciones y, más recientemente, los llamados perfilamientos–, y en los que podrían terminar inmersos los hoy aspirantes.

Lea también: Decantado ascenso de seis oficiales en Senado, pese a reparos de oposición

La solicitud, por supuesto, fue interpretada por el oficialismo como una afrenta al orgullo y la investidura militar, y alegó que se están violando derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Los reclamantes, a su turno, respondieron que los partidos de gobierno quieren pupitrear los ascensos y les enrostraron que solo en el Ejército hay procesos contra 16 generales, 218 oficiales y 122 suboficiales, cuyos ascensos fueron aprobados por el Legislativo “sin mayor discusión”. De allí que pidan la “palomita” de los seis meses para que avancen las investigaciones y su nuevo rango sea más transparente.

La pelea se libra en la Comisión Segunda del Senado, que tiene que dar el primer visto bueno a los ascensos antes de que llegue a plenaria, y tiene como trastienda la carrera contrarreloj que hay para que se apruebe antes de concluir la legislatura el próximo 20 de junio. Si bien la Comisión ya inició el proceso y parecen imponerse las mayorías a favor de los ascensos, la discusión abrió un caldeado debate alrededor de la forma como los uniformados avanzan en sus grados militares.

El Espectador consultó uno a uno a los 13 miembros de la Comisión para conocer su postura, argumentos y eventual voto (Ver infografía al final), y conoció de primera mano los antecedentes e investigaciones que enfrentan los uniformados en cada uno de los organismos de control. Estos son los hallazgos.

La disputa

Hace menos de un mes, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le pidió al Congreso estudiar y aprobar el ascenso de seis uniformados. Para el grado de general –el máximo grado en la jerarquía castrense–, fueron postulados el actual comandante del Ejército, el mayor general Eduardo Zapateiro y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el mayor general de la Fuerza Aérea Jorge León González. Para el grado de mayor general de Infantería de Marina o vicealmirante al brigadier general de la Armada Ricardo Perico Pinto y al contralmirante Camilo Gómez Becerra. Finalmente, para brigadier general o contralmirante al capitán de Navío Orlando Alberto Cubillos y al coronel Jorge Torres Mora.

Sin embargo, el florero de Llorente fue un derecho de petición que le enviaron los senadores de oposición Iván Cepeda (Polo Democrático) y Antonio Sanguino (Alianza Verde), respaldados por Feliciano Valencia (MAIS), en el que solicitaban frenar el trámite. Expresaban preocupación por el riesgo de premiar a oficiales inmersos en faltas disciplinarias, penales o fiscales, y porque, haciendo uso de su nuevo rango, “profundicen su actuar delictivo y desvíen las investigaciones”.

Si bien no hacen mención a los oficiales en estudio, insisten en que hay irregularidades que fueron “conocidas, toleradas y hasta orientadas” por altos mandosde las Fuerzas Militares, por lo que piden esclarecer los hechos y establecer responsabilidades antes de promover ascensos. En este punto, no puede pasar por alto que Cepeda fue víctima de “chuzadas” y Sanguino figuró en el listado de políticos, defensores de derechos humanos y periodistas que fueron sometidos a perfilamientos.

“La radiografía es que hay una cantidad de oficiales involucrados en actividades ilícitas. Por ello, es irresponsable ascenderlos cuando su situación no está esclarecida. Que se posponga el ascenso no es grave ni es un daño irreversible: es un alto en el camino para examinar lo que ocurre en las Fuerzas Armadas. Lo que sucede hoy es que hay una promoción automática de oficiales, no se advierten problemas y al año resultan inmersos en escándalos. Hay casos célebres, como los generales (r) Mauricio Santoyo o Nicacio Martínez”, alega Cepeda.

Los opositores critican que el trámite es un ritual sin mayor deliberación en el que no son tenidos en cuenta. Muestra de ello –como constató este diario–, es que los senadores elegidos para estudiar las hojas de vida y rendir ponencia pertenecen al Centro Democrático, Cambio Radical, conservadores y liberales. “La Comisión es un comité de aplausos del presidente y el ministro. Nadie se atreve a cuestionar a los uniformados que postulan”, reprocha Sanguino, mientras que Valencia argumenta que “el despejar las dudas favorecería a los mismos uniformados”.

Más allá del frenazo de los seis ascensos, para los políticos de oposición la seguidilla de escándalos y malos manejos amerita una reforma a cómo son promovidos. “Hay que establecer mecanismos que, sin violar la presunción de inocencia, intensifiquen el control. Todo es parte de una transformación más grande que abarcaría revisar la doctrina del enemigo interno, modificar la ley de inteligencia y contrainteligencia –que es un saludo a la bandera–, y reformar el actuar de la Comisión para que haya controles serios”, precisa Cepeda.

Ambiente

Pese al pataleo, la pelea parece de tigre con burro amarrado. En la Comisión los partidos de gobierno son mayoría, y en un sondeo realizado por El Espectador, se impone el sí al ascenso. En primera fila están pesos pesados del uribismo como Paola Holguín y Ernesto Macías, así como el senador John Hárold Suárez. De hecho, a cada uno le correspondió ser ponente para autorizar los ascensos.

“No somos jueces para determinar si son culpables o no. Tenemos la obligación de ascenderlos para no violar el debido proceso. Hay investigaciones que llevan 17 años y no hay resultados. De ser así, nadie podría ser ascendido”, defiende Macías, mientras que Holguín aseguró que es el presidente el que otorga los grados, que los uniformados no pueden ser privados de esos grados y que prevalecen la presunción de inocencia y el buen nombre. “No se puede trabar la carrera a un investigado”, señala.

En el conservatismo y la U, también de gobierno, el respaldo es irrestricto. Por un lado, el senador Juan Diego Gómez sostiene que no se puede desprestigiar a la Fuerza Pública, y agrega una consideración: en el caso del comandante del Ejército, mayor general Zapateiro, se requiere que sea el oficial de más alto rango en su institución. “Tendría dificultades en la jerarquía de mando. Esperar seis meses es dejar al Ejército sin cabeza visible”. Por otro lado, Bérner Zambrano manifiesta que “no hay que endilgarles a todos los uniformados responsabilidades individuales”.

No obstante, dice que sí se requiere una reforma, pues como está previsto el trámite, “prácticamente acatamos las determinaciones del Gobierno”. Según Zambrano, muchas veces “no hay otra opción” que aceptar los ascensos y generalmente no hay tiempo de estudiar con juicio sus antecedentes. “Los allegan cinco días antes de terminar el período”.

Entre los independientes el espaldarazo tiene matices. Para el senador liberal Jaime Durán, si bien las Fuerzas Militares merecen respeto, la crisis “ameritaría una revisión a los procedimientos”, mientras que José Luis Pérez (Cambio Radical) considera una injusticia, no solo con los oficiales, sino con sus familias, “no estudiar los ascensos de aquellos con un comportamiento adecuado”.

De hecho, en su rol como presidente de la Comisión Segunda, Pérez destaca que, para blindar el proceso, no solo pidió los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, sino un concepto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a los seis aspirantes. “No somos jueces para sancionar a un oficial. Cumplimos con la labor de verificar todo y corroborar si están sancionados. Estamos haciendo la tarea con todas las garantías”.

Los procesos

El Espectador pudo conocer de primera mano la totalidad de documentos y certificaciones que emitieron los diferentes organismos de control frente a los antecedentes, procesos e investigaciones que cursan contra los seis oficiales. Se trata nada menos que de alrededor de 30 informes que tendrá que evaluar tanto la Comisión Segunda como la plenaria del Senado para avalar o no el trámite.

Una primera revisión deja bien parados a los uniformados. Ninguno tiene una solicitud de sometimiento ante la JEP, algún incidente por vulneración a derechos humanos ante la Defensoría del Pueblo, procesos fiscales ante la Contraloría, antecedentes ante la Policía ni investigaciones en la justicia penal militar. Sin embargo, los líos aparecen al revisar sus procesos ante las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación.

En materia penal, figuran dos procesos activos contra el mayor general Zapateiro. Uno por peculado por apropiación y otro por tráfico de influencias. En su informe, la Fiscalía hace la observación que en ambas investigaciones hay inconsistencias frente al nombre completo del implicado, pues en uno aparece como “Eduardo Ignacio” y no como “Eduardo Enrique” Zapateiro Altamiranda, y en otro simplemente como “Eduardo Enrique Zapateiro”, sin su segundo apellido. Se reseña además que tuvo cinco procesos por tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, falsedad ideológica y prevaricato, pero todos fueron archivados.

Por otro lado, frente al brigadier general Perico se indica que tuvo una investigación por lesiones agravadas que fue archivada. Los oficiales restantes no tienen registros.

Ahora bien, al revisar los procesos disciplinarios nuevamente aparece el mayor general Zapateiro, con cuatro casos en estudio preliminar: una queja por malversación de fondos, abuso de autoridad, otra por supuestas amenazas y presiones contra una mayor, y, finalmente, el caso de la desaparición de Jaime Enrique Quintero, papá del futbolista Juan Fernando Quintero, ocurrido en 1995. También le figuran como archivados otras cuatro investigaciones, entre otras, por direccionamiento contratos y desfalco, y una queja que formularon comunidades de Tibú (Norte de Santander), que abarca al ministro Carlos Holmes Trujillo, por violación de derechos humanos.

Además, el ente reseña casos que ya están cerrados y finalizados contra el mayor general Jorge León González (tres en total), el contraalmirante Camilo Gómez (también tres), uno contra el brigadier general Ricardo Perico y otro contra el coronel Jorge Federico Torres Mora.

Todo el trámite alrededor de sus ascensos parece decantado en la Comisión, que ya los entrevistó y rindió ponencia favorable, por lo que resta la votación, que sería este mismo lunes. Así las cosas, la aprobación definitiva queda en manos de la plenaria, que podría discutirlo en sesiones extraordinarias o el 20 de julio, cuando arranca otro período legislativo. Con el pleno de senadores el asunto es a otro precio y la oposición podría sumar adeptos a su cruzada.

jgonzalez@elespectador.com

Lo que parecía ser el simple y hasta habitual trámite de ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares escaló hasta convertirse en una batalla de honor en el Congreso de la República. La ampolla la levantó la oposición, que pidió suspender, por seis meses, el ascenso de seis uniformados, entre los que está nada menos que el actual comandante del Ejército, el mayor general Eduardo Enrique Zapateiro. ¿La razón? Las investigaciones y los procesos que salpican a altos mandos militares –por corrupción, interceptaciones y, más recientemente, los llamados perfilamientos–, y en los que podrían terminar inmersos los hoy aspirantes.

Lea también: Decantado ascenso de seis oficiales en Senado, pese a reparos de oposición

La solicitud, por supuesto, fue interpretada por el oficialismo como una afrenta al orgullo y la investidura militar, y alegó que se están violando derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Los reclamantes, a su turno, respondieron que los partidos de gobierno quieren pupitrear los ascensos y les enrostraron que solo en el Ejército hay procesos contra 16 generales, 218 oficiales y 122 suboficiales, cuyos ascensos fueron aprobados por el Legislativo “sin mayor discusión”. De allí que pidan la “palomita” de los seis meses para que avancen las investigaciones y su nuevo rango sea más transparente.

La pelea se libra en la Comisión Segunda del Senado, que tiene que dar el primer visto bueno a los ascensos antes de que llegue a plenaria, y tiene como trastienda la carrera contrarreloj que hay para que se apruebe antes de concluir la legislatura el próximo 20 de junio. Si bien la Comisión ya inició el proceso y parecen imponerse las mayorías a favor de los ascensos, la discusión abrió un caldeado debate alrededor de la forma como los uniformados avanzan en sus grados militares.

El Espectador consultó uno a uno a los 13 miembros de la Comisión para conocer su postura, argumentos y eventual voto (Ver infografía al final), y conoció de primera mano los antecedentes e investigaciones que enfrentan los uniformados en cada uno de los organismos de control. Estos son los hallazgos.

La disputa

Hace menos de un mes, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le pidió al Congreso estudiar y aprobar el ascenso de seis uniformados. Para el grado de general –el máximo grado en la jerarquía castrense–, fueron postulados el actual comandante del Ejército, el mayor general Eduardo Zapateiro y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el mayor general de la Fuerza Aérea Jorge León González. Para el grado de mayor general de Infantería de Marina o vicealmirante al brigadier general de la Armada Ricardo Perico Pinto y al contralmirante Camilo Gómez Becerra. Finalmente, para brigadier general o contralmirante al capitán de Navío Orlando Alberto Cubillos y al coronel Jorge Torres Mora.

Sin embargo, el florero de Llorente fue un derecho de petición que le enviaron los senadores de oposición Iván Cepeda (Polo Democrático) y Antonio Sanguino (Alianza Verde), respaldados por Feliciano Valencia (MAIS), en el que solicitaban frenar el trámite. Expresaban preocupación por el riesgo de premiar a oficiales inmersos en faltas disciplinarias, penales o fiscales, y porque, haciendo uso de su nuevo rango, “profundicen su actuar delictivo y desvíen las investigaciones”.

Si bien no hacen mención a los oficiales en estudio, insisten en que hay irregularidades que fueron “conocidas, toleradas y hasta orientadas” por altos mandosde las Fuerzas Militares, por lo que piden esclarecer los hechos y establecer responsabilidades antes de promover ascensos. En este punto, no puede pasar por alto que Cepeda fue víctima de “chuzadas” y Sanguino figuró en el listado de políticos, defensores de derechos humanos y periodistas que fueron sometidos a perfilamientos.

“La radiografía es que hay una cantidad de oficiales involucrados en actividades ilícitas. Por ello, es irresponsable ascenderlos cuando su situación no está esclarecida. Que se posponga el ascenso no es grave ni es un daño irreversible: es un alto en el camino para examinar lo que ocurre en las Fuerzas Armadas. Lo que sucede hoy es que hay una promoción automática de oficiales, no se advierten problemas y al año resultan inmersos en escándalos. Hay casos célebres, como los generales (r) Mauricio Santoyo o Nicacio Martínez”, alega Cepeda.

Los opositores critican que el trámite es un ritual sin mayor deliberación en el que no son tenidos en cuenta. Muestra de ello –como constató este diario–, es que los senadores elegidos para estudiar las hojas de vida y rendir ponencia pertenecen al Centro Democrático, Cambio Radical, conservadores y liberales. “La Comisión es un comité de aplausos del presidente y el ministro. Nadie se atreve a cuestionar a los uniformados que postulan”, reprocha Sanguino, mientras que Valencia argumenta que “el despejar las dudas favorecería a los mismos uniformados”.

Más allá del frenazo de los seis ascensos, para los políticos de oposición la seguidilla de escándalos y malos manejos amerita una reforma a cómo son promovidos. “Hay que establecer mecanismos que, sin violar la presunción de inocencia, intensifiquen el control. Todo es parte de una transformación más grande que abarcaría revisar la doctrina del enemigo interno, modificar la ley de inteligencia y contrainteligencia –que es un saludo a la bandera–, y reformar el actuar de la Comisión para que haya controles serios”, precisa Cepeda.

Ambiente

Pese al pataleo, la pelea parece de tigre con burro amarrado. En la Comisión los partidos de gobierno son mayoría, y en un sondeo realizado por El Espectador, se impone el sí al ascenso. En primera fila están pesos pesados del uribismo como Paola Holguín y Ernesto Macías, así como el senador John Hárold Suárez. De hecho, a cada uno le correspondió ser ponente para autorizar los ascensos.

“No somos jueces para determinar si son culpables o no. Tenemos la obligación de ascenderlos para no violar el debido proceso. Hay investigaciones que llevan 17 años y no hay resultados. De ser así, nadie podría ser ascendido”, defiende Macías, mientras que Holguín aseguró que es el presidente el que otorga los grados, que los uniformados no pueden ser privados de esos grados y que prevalecen la presunción de inocencia y el buen nombre. “No se puede trabar la carrera a un investigado”, señala.

En el conservatismo y la U, también de gobierno, el respaldo es irrestricto. Por un lado, el senador Juan Diego Gómez sostiene que no se puede desprestigiar a la Fuerza Pública, y agrega una consideración: en el caso del comandante del Ejército, mayor general Zapateiro, se requiere que sea el oficial de más alto rango en su institución. “Tendría dificultades en la jerarquía de mando. Esperar seis meses es dejar al Ejército sin cabeza visible”. Por otro lado, Bérner Zambrano manifiesta que “no hay que endilgarles a todos los uniformados responsabilidades individuales”.

No obstante, dice que sí se requiere una reforma, pues como está previsto el trámite, “prácticamente acatamos las determinaciones del Gobierno”. Según Zambrano, muchas veces “no hay otra opción” que aceptar los ascensos y generalmente no hay tiempo de estudiar con juicio sus antecedentes. “Los allegan cinco días antes de terminar el período”.

Entre los independientes el espaldarazo tiene matices. Para el senador liberal Jaime Durán, si bien las Fuerzas Militares merecen respeto, la crisis “ameritaría una revisión a los procedimientos”, mientras que José Luis Pérez (Cambio Radical) considera una injusticia, no solo con los oficiales, sino con sus familias, “no estudiar los ascensos de aquellos con un comportamiento adecuado”.

De hecho, en su rol como presidente de la Comisión Segunda, Pérez destaca que, para blindar el proceso, no solo pidió los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, sino un concepto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a los seis aspirantes. “No somos jueces para sancionar a un oficial. Cumplimos con la labor de verificar todo y corroborar si están sancionados. Estamos haciendo la tarea con todas las garantías”.

Los procesos

El Espectador pudo conocer de primera mano la totalidad de documentos y certificaciones que emitieron los diferentes organismos de control frente a los antecedentes, procesos e investigaciones que cursan contra los seis oficiales. Se trata nada menos que de alrededor de 30 informes que tendrá que evaluar tanto la Comisión Segunda como la plenaria del Senado para avalar o no el trámite.

Una primera revisión deja bien parados a los uniformados. Ninguno tiene una solicitud de sometimiento ante la JEP, algún incidente por vulneración a derechos humanos ante la Defensoría del Pueblo, procesos fiscales ante la Contraloría, antecedentes ante la Policía ni investigaciones en la justicia penal militar. Sin embargo, los líos aparecen al revisar sus procesos ante las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación.

En materia penal, figuran dos procesos activos contra el mayor general Zapateiro. Uno por peculado por apropiación y otro por tráfico de influencias. En su informe, la Fiscalía hace la observación que en ambas investigaciones hay inconsistencias frente al nombre completo del implicado, pues en uno aparece como “Eduardo Ignacio” y no como “Eduardo Enrique” Zapateiro Altamiranda, y en otro simplemente como “Eduardo Enrique Zapateiro”, sin su segundo apellido. Se reseña además que tuvo cinco procesos por tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, falsedad ideológica y prevaricato, pero todos fueron archivados.

Por otro lado, frente al brigadier general Perico se indica que tuvo una investigación por lesiones agravadas que fue archivada. Los oficiales restantes no tienen registros.

Ahora bien, al revisar los procesos disciplinarios nuevamente aparece el mayor general Zapateiro, con cuatro casos en estudio preliminar: una queja por malversación de fondos, abuso de autoridad, otra por supuestas amenazas y presiones contra una mayor, y, finalmente, el caso de la desaparición de Jaime Enrique Quintero, papá del futbolista Juan Fernando Quintero, ocurrido en 1995. También le figuran como archivados otras cuatro investigaciones, entre otras, por direccionamiento contratos y desfalco, y una queja que formularon comunidades de Tibú (Norte de Santander), que abarca al ministro Carlos Holmes Trujillo, por violación de derechos humanos.

Además, el ente reseña casos que ya están cerrados y finalizados contra el mayor general Jorge León González (tres en total), el contraalmirante Camilo Gómez (también tres), uno contra el brigadier general Ricardo Perico y otro contra el coronel Jorge Federico Torres Mora.

Todo el trámite alrededor de sus ascensos parece decantado en la Comisión, que ya los entrevistó y rindió ponencia favorable, por lo que resta la votación, que sería este mismo lunes. Así las cosas, la aprobación definitiva queda en manos de la plenaria, que podría discutirlo en sesiones extraordinarias o el 20 de julio, cuando arranca otro período legislativo. Con el pleno de senadores el asunto es a otro precio y la oposición podría sumar adeptos a su cruzada.

jgonzalez@elespectador.com